ICE hace auditoría de American Apparel
Revolución #181, 1 de noviembre de
2009
Empezó hace casi dos años cuando American Apparel —uno de los fabricantes de
prendas de vestir más grandes en Estados Unidos— fue notificado por el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés — la Migra)
que se iba a realizar un “informe de auditoría I-9”, una inspección
gubernamental de los documentos que todos los trabajadores tienen que
proporcionar a sus empleadores para verificar que están autorizados para
trabajar en Estados Unidos. American Apparel entregó los documentos a los
agentes de ICE quienes los peinaron en busca de documentos falsos o números de
seguro social o de identificación de extranjero que no correspondan a los
nombres que tiene la Administración de Seguro Social o el Departamento de
Seguridad Nacional.
Un año y medio después, ICE le envió a American Apparel un aviso formal de
que 1.600 de sus empleados no tenían los documentos necesarios para trabajar en
el país y que ICE no podía verificar a 200 más. Se otorgó un plazo de gracia
mientras que los abogados de la compañía negociaban con funcionarios de ICE y la
corporación les diera a los trabajadores una oportunidad de entregar documentos
aceptables. Pero a finales del mes pasado llegaron las malas noticias. American
Apparel anunció que iba a despedir a 1.800 trabajadores, la cuarta parte de su
fuerza de trabajo.
Impacto de las auditorías
Más de 300 compañías habían recibido notificaciones de auditorías al mismo
tiempo que American Apparel, pero casi todas las noticias de los medios
centraron en American Apparel. Dov Charney, fundador y ejecutivo en jefe de la
compañía, es categórico en su posición en favor de cambiar la política de
inmigración, promoviendo la campaña de su compañía “Legalizar a Los Ángeles” y
desafiando la moral de quedarse callado mientras se persiga a un grupo de seres
humanos. Charney también tiene triste fama por los comerciales de American
Apparel que degradan aún más a las mujeres que la mayoría de los comerciales y
por el ambiente de acoso sexual contra las empleadas, pero el gobierno no lo
presionan por eso. La fábrica se cierra oficialmente cada 1o de mayo y los
trabajadores marchan por miles en la protesta anual en el centro de Los Ángeles
por los derechos para los inmigrantes. Como dice la página web de American
Apparel: “¿Por qué apoyamos la reforma migratoria? Respuesta sencilla: La
humanidad”. A muchos les parece probable que American Apparel fuera el blanco de
una auditoría precisamente como resultado de la postura de Charney sobre la
inmigración y su oposición abierta a la persecución gubernamental de los
indocumentados.
Algunos dicen que American Apparel no es uno de esos “negocios sin
escrúpulos” que sacan provecho de los inmigrantes y no se debía haberla
singularizado, señalando que la compañía paga sueldos más altos de lo que
reciben la mayoría de los trabajadores de la costura, da seguro de salud y hasta
les ofrece a los trabajadores tiempo libre para clases de inglés en la fábrica.
Y es cierto que Charney protestó contra los resultados de la auditoría I-9. Pero
están en juego fuerzas más grandes: al igual que todos los negocios
capitalistas, las ganancias y no “el tratamiento humanitario de los
trabajadores” es lo fundamental para American Apparel. Al final, cuando ICE le
planteó a Charney “una oferta que no podía rechazar” —la de despedir a los
trabajadores o pagar multas de cientos de miles de dólares y posiblemente perder
su negocio—, Charney accedió, y ahora 1.800 trabajadores no tienen trabajo.
Muchos de los trabajadores despedidos habían trabajado allí hasta diez años.
El New York Times habló con Jesús, un originario de 30 años de Puebla,
México, quien empezó como un operador de una máquina de coser hace diez años y
luego llegó a tener un puesto en la oficina, como gerente de coordinación. “Aquí
aprendí a pensar”, le dijo al Times. Dijo que varios fabricantes de
costura establecidos le ofrecieron empleo pero retiraron las ofertas tras
pedirle documentos. “Parece que tendré que ir a uno de esas empresas
maquiladoras que me pagarán por debajo de la mesa”.
Multiplique eso por 1.800, luego agréguele el seguro de salud cancelado,
escasa comida en la mesa hasta que se pueda encontrar otro trabajo y la amenaza
de quedar sin techo. Y para colmo, para asegurar que el mensaje quede muy claro,
el director de ICE, John Morton, dijo que el organismo no descarta la
posibilidad de buscar y arrestar a los trabajadores en el país sin
autorización.
Algunos sostienen que las auditorías I-9 son una forma “humanitaria” de
reducir la cantidad de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Pero los
trabajadores despedidos y sus allegados reconocen el verdadero impacto. El
monseñor Jarlath Cunnane, de la Iglesia Católica de San Tomás el Apóstol en el
barrio angelino Pico-Union, donde viven muchos de los trabajadores de American
Apparel, recalcó que el despido en masa en American Apparel “va a poner a todas
estas familias bajo una enorme presión, ¿y quién va a rehacer estas vidas?”
Agregó que sería “una locura creer que la gente aquí vaya a volver a sus países
de origen estando casados y teniendo niños nacidos en Estados Unidos y en la
escuela aquí”.
Desde el punto de vista de la administración de Obama, la clave es “eficaz”,
no “humanitario”. La administración dice que hace hincapié en las auditorías I-9
porque pueden reducir con más eficacia el número de inmigrantes indocumentados
en el país; si parece que eso funciona, podemos esperar muchos despidos más. Al
mismo tiempo, la administración contempla reforzar todo su arsenal:
donde considera que darán resultados redadas de parte de agentes armados de ICE
en lugares de trabajo, esas redadas han continuado y continuarán. ICE sigue
desplegando sus “equipos de operaciones contra fugitivos” los cuales persiguen y
arrestan a personas que no se han presentado para el proceso de deportación y a
la vez fichan a cualquier otra persona en la casa que tenga pinta de
indocumentado. La administración de Obama continúa e incluso amplía el
programa 287(g) lo cual adiestra y autoriza a los departamentos de policía
municipales y a los departamentos de alguaciles para aplicar la ley migratoria,
lo que resulta en el perfil racial, retenes a la orilla de las carreteras y
rastrillajes en los barrios de inmigrantes. En resumen, el ICE bajo Obama no ha
eliminado nada de lo que puso en marcha la administración de Bush; al contrario
impulsa programas y políticas diferentes, con unos retoques nuevos.
El objetivo es “cambiar las prácticas de los
empleadores norteamericanos como clase”
Durante años, unos sectores importantes de la clase dominante han sostenido
que tienen que estar al centro de la lucha contra la “inmigración ilegal” las
auditorías I-9 y otras formas para hacer los empleadores verifiquen si sus
trabajadores tienen los requisitos para trabajar. Sostienen que presionar a los
empleadores para que no empleen a inmigrantes sin papeles disminuirá el
“impulso” económico que conduce a los inmigrantes a cruzar la frontera. La
economía estadounidense depende muchísimo de la mano de obra barata de una
enorme cantidad de trabajadores sin documentos — se calcula que hay 8 millones
de ellos en la fuerza de trabajo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la
presencia de hasta 12 millones o más de estos inmigrantes indocumentados en el
país ejerce presiones que pueden tender a minar la fuerza y estabilidad de la
sociedad, y en los corredores del poder existe un consenso general de que se
tiene que hacer algo para impedir que esta población crezca aún más.
A pesar de que desde 2001 se ha duplicado el número de agentes de la Patrulla
Fronteriza... a pesar de la construcción de 1080 km de muros fronterizos y la
instalación de cámaras de video de control remoto, detectores de movimiento,
torres de comunicación y otro equipo de vigilancia a lo largo de cientos de km
más... a pesar de las redadas en las fábricas, retenes en las carreteras,
asaltos de los “equipos de operaciones contra fugitivos” y otras redadas que han
conducido a la deportación de cientos de miles de inmigrantes cada año, el
gobierno no ha podido disminuir de manera fundamental el número de inmigrantes
sin papeles que viven en el país.
El 70% de los inmigrantes indocumentados vienen de México y Centroamérica. No
es de extrañar — la penetración de Estados Unidos en las economías de esos
países ha expulsado de la tierra a una enorme cantidad de campesinos pobres
hacia los cinturones de la miseria donde no hay trabajo. Además, millones de
ellos han emprendido el peligroso viaje a El Norte con la esperanza de
encontrar algo mejor. Las condiciones económicas en sus tierras natales están
tan deprimidas que la posibilidad de trabajar siquiera uno o dos días al mes a
$8 por hora en Estados Unidos es mejor que lo que pueden obtener muchos de ellos
en esos países. Mientras haya trabajo para ellos en Estados Unidos, los
inmigrantes sin documentos continuarán arriesgándose el futuro y a menudo la
vida misma para cruzar la frontera.
Miles de niños viajan solos encima de los trenes de carga de Centroamérica y
México a Estados Unidos. Mire el conmovedor documental de HBO ¿Cuál es el
camino a mi casa? o lea La travesía de Enrique de Sonia Nazario.
Los niños buscan a sus madres o padres que viajaron a Estados Unidos años atrás;
creen que encontrarán trabajo para apoyar a la familia que dejaron, o
simplemente andan soñando con una nueva vida. Cada año la Patrulla Fronteriza
encuentra a miles de niños que viajan solos tratando de cruzar la frontera, y
muchos perecen en el camino — cayendo de los trenes o muriendo al calor
sofocante de los desiertos del suroeste de Estados Unidos.
La administración de Obama está ensayando las auditorías I-9 para averiguar
si disminuirán la atracción de los trabajos. Después de tres meses del mandato
de Obama, el ICE lanzó un memo interno, “Tema: Estrategia de aplicar la ley en
los lugares de trabajo”, que dice:
Los esfuerzos para aplicar la ley centrados en empleadores deben atacar las
causas fundamentales de la inmigración ilegal. Una estrategia eficaz tiene que
cumplir todo lo siguiente: 1) castigar a los empleadores que emplean a sabiendas
a trabajadores ilegales; 2) disuadir a los empleadores que están tentados a
emplear a trabajadores ilegales; y 3) incentivar a todos los empleadores para
que se valgan de las herramientas bien armadas para aplicar la ley”
(“Immigration Agents to Turn Focus to Employers”, de Ginger Thompson, New
York Times, 30 de abril de 2009).
En junio de 2009, el mismo mes en que insistió en que American Apparel
despidiera a 1.800 trabajadores, el ICE anunció 652 nuevas auditorías
I-9 y prometió más este año. John Morton, jefe del ICE, dijo: “Hoy toda clase de
compañías se encuentran ante la posibilidad muy real de que el gobierno, con
nuestros poderes civiles básicos, vaya a tocar la puerta”. El objetivo, dijo, es
crear “una fuerza disuasoria verdaderamente nacional” contra la contratación de
la mano de obra no autorizada lo que “cambiará las prácticas de los empleadores
norteamericanos como clase”.
En resumen, la rigurosa aplicación de las leyes de inmigración del ICE en el
lugar de trabajo no solamente obligará a los empleadores a cambiar a quiénes
contraten sino que los propios empleadores se verán obligados a desempeñar el
papel de policía de inmigración.
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