|
09-08-2006
Una profesión pugna por salvar su
alma
Psicólogos, Guantánamo y la tortura
Stephen Soldz
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión y Tlaxcala por Germán Leyens
Durante años, las diversas profesiones relacionadas con la salud mental en
EE.UU. se han estado librando luchas territoriales. Los psiquíatras tratan de
impedir que los psicólogos puedan realizar terapias o, más recientemente, que
receten medicamentos psicotrópicos. Los psicólogos lucharon por derechos para
realizar esos tratamientos. Los psicólogos, por su parte, se batieron contra los
intentos de sus colegas a nivel de maestría por lograr el reconocimiento
profesional. Los asistentes sociales, asesores de salud mental, y psicoanalistas
bregan todos por lograr reconocimiento contra la oposición de los demás.
Estas batallas son libradas mediante el cabildeo y la presión legislativos
tradicionales. Sin embargo, también tienen lugar mostrando el valor de un grupo
en particular en la promoción de los intereses de los poderosos y mediante
representantes organizados de cada profesión que mantienen acceso a los pasillos
no-legislativos del poder. Así, ser bien recibidos por los poderosos sin
enajenarlos, puede ser un aspecto central de la estrategia de avance de una
profesión.
En esta lucha, que ha durado décadas, la profesión de la psicología ha
tratado de distinguirse de diferentes maneras. Una de estas es subrayar su
carácter científico. De este modo, representantes de la psicología organizada
tratan por todos los medios de demostrar el valor de la “ciencia de la
psicología” a los poderosos en la industria y en el gobierno, incluyendo a los
militares y a los dirigentes de la seguridad nacional. Además, se ha puesto
énfasis en el valor de la psicología para los dirigentes de la educación, así
como su valor en las relaciones industriales y en la mercadotecnia. La Segunda
Guerra Mundial presentó muchas oportunidades para que la psicología demostrara
su valor en el esfuerzo bélico incluyendo la selección de soldados, el
desarrollo de técnicas de propaganda para motivar al frente interno y para
debilitar la moral del enemigo, el uso de factores humanos en el diseño de
mejoras de aviones, y el tratamiento de victimas psicológicas de la guerra.
El desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial de un Estado militarizado
de seguridad nacional ofreció muchas oportunidades nuevas para que la psicología
obtuviera atención para sus contribuciones al arte de la propaganda y al
desarrollo de armas utilizables de alta tecnología a través del diseño basado en
factores humanos, entre muchos otros.
Un área particularmente inquietante en la que los psicólogos trataron de
demostrar su valor fue el desarrollo de técnicas avanzadas de interrogación que
permiten obtener información de cautivos reacios mediante la aplicación de
técnicas de modificación de la conducta basadas en la ciencia psicológicas. El
historiador Alfred W. McCoy ha arrojado luz sobre esta área en su reciente
libro: “A Question of Torture” y en numerosos artículos y entrevistas. Documenta
el esfuerzo de la CIA durante decenios por utilizar la pericia psicológica para
desarrollar formas de tortura que quebranten la personalidad de los detenidos,
incapacitándolos, se esperaba, para negarse a proporcionar información deseada.
En el conflicto de Vietnam se utilizaron numerosas técnicas de este tipo, así
como en las brutales campañas de contrainsurgencia patrocinadas por EE.UU. en
Latinoamérica en los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Semejantes aplicaciones del conocimiento psicológico planteaban problemas
peliagudos para la psicología organizada, que siempre busca nuevos caminos para
demostrar su valor para los poderosos. Mientras su cualidad censurable desde el
punto de vista moral imposibilitaba un aval directo, una condena directa de esas
aplicaciones correría el riesgo de enajenar precisamente a los responsables de
la toma de decisiones que podrían ser impresionados por las contribuciones
potenciales de la psicología como ciencia y como profesión. Por lo tanto, lo que
se esperaría de la Asociación Psicológica de EE.UU., la principal representante
de la psicología organizada del país, es que guardara silencio ante tales abusos
de la psicología, y lo que se observó fue precisamente su silencio.
La Guerra Global contra el Terror lanzada después del 11-S. presentó otra
oportunidad para experimentar con esas técnicas de tortura basadas en la ciencia
de la conducta. El establecimiento de un centro de detención en Guantánamo para
los detenidos durante la guerra de Afganistán y otras batallas en la “Guerra
Global contra el Terrorismo” aseguró un ambiente particularmente favorable. Se
creó una institución total en la que los reclusos, los detenidos, no tienen, por
lo menos según la opinión del gobierno, ningún derecho en absoluto y donde todos
los aspectos de su vida diaria pueden ser supervisados y controlados. La
doctrina legal del gobierno subrayó que en lo esencial todo, con la excepción
del asesinato directo, es legalmente aceptable.
Incorporaron a varios “científicos de la conducta” de la psicología y de la
psiquiatría para que ayudaran a desarrollar esta institución total dedicada a la
destrucción completa de la personalidad. En 2005 se reveló en el New England
Journal of Medicine (NEJM) y en el New York Times que profesionales
de la salud mental estaban sirviendo de consultores en Equipos de Asesoría en la
Ciencia de la Conducta [BSCT, por sus siglas en inglés] (a los que se refieren
coloquialmente como equipos “galleta”) en Guantánamo, a fin de asesorar a los
interrogadores. Asesoran en todos los aspectos de los interrogatorios. Como Jane
Mayer de New Yorker declaró a Democracy Now!, un psiquiatra
determinó que a un recluso en particular se le permitirían siete trozos de papel
higiénico por día, mientras que a otro recluso que temía a la oscuridad se le
mantuvo deliberadamente en una oscuridad casi total. Otro consultor en ciencia
de la conducta, el psicólogo James Mitchell, recomendó que los interrogadores
trataran a un detenido de una manera que produjera una forma de indefensión
conocida como “indefensión aprendida.”·
Los autores M. Gregg Bloche y Jonathan H. Marks señalaron en su artículo de
2005 en New England Journal of Medicine [NEIM] que los interrogatorios en
Guantánamo son organizados a menudo de forma que aumenten el estrés utilizando
medios que están al borde de la, o incluso constituyen, tortura.
“Los interrogadores militares en la Bahía de Guantánamo han utilizado medidas
agresivas de contra-resistencia de modo sistemático a fin de presionar a los
detenidos para que cooperen. Estas medidas han incluido, según se informa,
privación del sueño, reclusión en solitario, posiciones corporales dolorosas,
sofocación ficticia, y palizas. Otras tácticas de inducción de estrés han
incluido presuntamente provocación sexual y manifestaciones de desprecio hacia
símbolos islámicos.”
Señalan a continuación que:
“Desde fines de 2002, psiquiatras y psicólogos han formado parte de una
estrategia que emplea extremo estrés, combinado con recompensas para modificar
la conducta, para extraer información justiciable de cautivos que oponen
resistencia.”
Recientemente, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura fue más lejos y
declaró que “la detención indefinida de personas sin acusación, constituye per
se una violación de la “Convención” contra la Tortura. Por lo tanto, según este
organismo oficial, la existencia de Guantánamo en su forma actual es de por sí
ilegal. A continuación, se sumó a numerosas organizaciones e instituciones,
incluyendo recientemente, el Parlamento Europeo, para pedir la clausura de
Guantánamo.
[Se puede encontrar más información sobre las técnicas de interrogación
utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Guantánamo y otros sitios, así
como sus efectos en el bienestar psicológico de los que han sido sometidos a
ellas, en el informe de Médicos por los Derechos Humanos: “Break Them Down:
Systematic Use of Psychological Torture by US Forces. (Quebrántalos: El uso
sistemático de la tortura psicológica por las fuerzas de EE.UU.)]
Incluso si se deja de lado el aspecto general de si los interrogatorios del
tipo realizado en Guantánamo pueden ser considerados de alguna manera como
moralmente aceptables, la participación de profesionales de la salud mental en
ellos está potencialmente en conflicto con los códigos éticos que rigen las
profesiones psiquiátrica y psicológica, los de la Asociación Psiquiátrica de
EE.UU. y de la Asociación Psicológica de EE.UU. El escándalo de Abu Ghraib con
su evidencia fotográfica centró dramáticamente la atención en los abusos que
ocurrieron en las instalaciones de detención estadounidenses en esta Guerra
Global, y después de que se informó ampliamente sobre los horrores que ocurren
en Guantánamo y el papel de profesionales de la salud mental en ellos, se hizo
más difícil mantener el silencio de la asociación psicológica. La presión
aumentó sobre las asociaciones Psicológica y Psiquiátrica para que hicieran algo
respecto a la ayuda de psicólogos y psiquiatras en los interrogatorios que
utilizan la tortura en Guantánamo.
Después de un amplio período de discusión y debate, el 22 de mayo de 2006, la
Asociación Psiquiátrica de EE.UU. apoyó una declaración de política que estipuló
sin ambigüedades que bajo ninguna circunstancia psiquiatras deben participar en
interrogatorios en Guantánamo o en otros sitios. La sección crucial señala:
“Ningún psiquiatra debe participar directamente en el interrogatorio de
personas bajo custodia de autoridades investigadoras o de mantenimiento del
orden militares o civiles, sea en EE.UU. o en otros sitios. La participación
directa incluye la presencia en las salas de interrogatorio, la formulación o
sugerencia de preguntas, o el asesoramiento de las autoridades respecto al uso
de técnicas específicas de interrogatorios de detenidos en particular.”
Al contrario, la Asociación Psicológica de EE.UU. [APA, por sus siglas en
inglés], se ha negado rotundamente a aprobar una declaración semejante, diciendo
sólo que los psicólogos deben conducirse éticamente. Inicialmente, la
organización hizo lo que las organizaciones hacen a menudo cuando se ven
mezcladas en alguna controversia indeseada: nombraron un Grupo de Tareas. El
Grupo de Tareas recibió un mandato amplio para considerar qué posición debería
tomar la Asociación ante la participación de psicólogos en interrogatorios de
seguridad nacional en general. Ese mandato puede haber surtido el efecto de
diluir el enfoque del Grupo de Tareas sobre los abusos en Guantánamo y la
participación de psicólogos en ellos.
Ese Grupo de Tareas Presidencial sobre la Ética Psicológica y la Seguridad
Nacional incluyó a miembros de la división de Psicología de la Paz de la
Asociación, pero también incluyó a psicólogos involucrados en actividades
relacionadas con la seguridad nacional y las fuerzas armadas. (Una fuente afirma
que cuatro miembros, de unos ocho, están relacionados con los militares. Otra
fuente cree que menos miembros tenían conexiones militares o de seguridad
nacional. Una tercera fuente, un artículo publicado por un Presidente de
División de la Asociación, indica que 6 de 10 miembros “tienen vínculos con el
Departamento de Defensa.”
Sorprendentemente, la composición del Grupo de Tareas fue mantenida en
secreto, “debido a preocupaciones expresadas por su seguridad personal,” como
explicara un antiguo miembro que se negó a dar más detalles. Sin embargo, se ha
establecido que el Grupo de Tareas incluía al coronel Louie (Morgan) Banks,
identificado por Jane Mayer en el New Yorker del 7 de julio de 2005 como
psicólogo involucrado en el programa de Supervivencia, Evasión, Resistencia y
Escape del Pentágono (SERE) que capacita a personal militar que podría estar en
peligro ser capturado, para que resista abusos extremos de sus aprehensores.
Extrañamente, para ser alguien que participa en un organismo que recomienda
políticas, el coronel Banks ni siquiera es miembro de la Asociación. Frank
Summers, activista que intenta cambiar la política de la Asociación, describió
de modo sucinto el problema de que Banks esté en el Grupo de Tareas, cuando
escribió recientemente en un correo electrónico: “¿no es lo mismo que él haya
sido incluido en el Grupo de Tareas que si pusieran a Cheney a cargo de la
política energética?” Aparte de Banks, algunos informes señalan que por lo menos
otro miembro del Grupo de Tareas tuvo conexiones con Guantánamo, pero no he
podido conseguir una confirmación inequívoca de este hecho.
Igual que en el caso de la participación en el Grupo de Tareas y su proceso
de nombramiento, la información sobre las deliberaciones del Grupo de Tareas fue
también mantenida en secreto: los miembros acordaron que el informe del Grupo de
Tareas sería autosuficiente y que no se discutirían las deliberaciones. El
informe indica que no se llegó a acuerdo sobre varios aspectos. Otros informes
indican que un débil borrador original fue reforzado por la presión de miembros
descontentos de la Asociación.
El Grupo de Tareas publicó su informe final en junio de 2005. Utilizando un
procedimiento muy poco habitual, el Consejo de Directores de la Asociación
adoptó formalmente de inmediato el informe sin la discusión y la aprobación
usuales por parte del Consejo de Representantes, de base más amplia. Este
informe declaró explícitamente que es ético que los psicólogos participen en
interrogatorios de seguridad nacional.
“Es consistente con el Código de Ética de la APA que psicólogos sirvan en
roles consultivos para procesos de interrogación y de recolección de
informaciones para propósitos relacionados con la seguridad nacional.”
Aunque el informe reiteró que los psicólogos no deberían estar involucrados
de ninguna manera en “torturas u otro tratamiento cruel, inhumano o degradante,”
el Grupo de Tareas declaró que no se le encargó la realización de ningún tipo de
investigación, y por lo tanto no se formó una opinión sobre si había ocurrido
alguna conducta poco ética.
El Grupo de Tareas concluyó además que no se necesitaban modificaciones del
Código de Ética de la Asociación para encarar los temas relacionados con el
servicio de psicólogos en varios papeles en la seguridad nacional. Extrañamente,
considerando los orígenes del grupo de tareas en la controversia sobre abusos
(alias tortura) en Guantánamo, el informe no menciona ésa ni ninguna otra
instalación específica.
Al parecer los miembros no-militares, bienintencionados, del Grupo de Tareas
fueron menos hábiles que los funcionarios de la APA que le dieron una tarea tan
amplia, involucrando todos los tipos de papeles de seguridad nacional, que los
miembros no se atrevieron a decir que los psicólogos deben abstenerse por
completo de participar en actividades relacionadas con la seguridad nacional.
Una vez colocados en esta posición, los miembros terminaron por declarar
perogrulladas comparables con las palabras tranquilizadoras del gobierno de
EE.UU. de que éste jamás realizaría torturas. Como el gobierno Bush, la
dirección de la APA se negó a definir “la tortura u otro tratamiento cruel,
inhumano o degradante,” privando a los edictos del Grupo de Tareas de toda
fuerza para conformar realmente la política.
En una etapa tardía de la existencia del Grupo de Tareas, después de la
publicación de su informe, mientras debían clarificar algunos detalles en una
anotación en un Registro de Ética, renunció Mike Wessells, uno de los miembros
no-militares, y declaró:
“la continuación del trabajo con el Grupo de Tareas legitima por omisión el
silencio y la inacción más amplios de la APA respecto a los problemas cruciales
existentes. A los niveles superiores, la APA no ha formulado una reacción
fuerte, concertada, exhaustiva, pública e interna del tipo exigido por las
severas violaciones de los derechos humanos en Abu Ghraib y en la Bahía de
Guantánamo."
Wessells explicó que no se quejaba directamente sobre el Grupo de Tareas,
que:
“tenía un mandato muy limitado y que no estaba estructurado de un modo que
aseguraría el tipo de reacción exhaustiva o de proceso representativo
requeridos.”
Se requería, más bien:
“Una reacción fuerte, preventiva, exhaustiva, que reafirmara nuestro
compromiso profesional con el bienestar humano y que hiciera resonar una potente
condena de la participación de psicólogos no sólo en la tortura sino en todas
las formas de tratamiento cruel, inhumano y degradante de detenidos, incluyendo
el uso de tácticas como la privación del sueño.”
Por supuesto, la Asociación nunca ha publicado una semejante “reacción
fuerte, preventiva, exhaustiva”.
Una indicación más de que el informe del Grupo de Tareas no significó que la
Asociación se interesara por hacer algo real respecto a la participación de
psicólogos en la tortura, y como signo de apoyo para el Estado de Seguridad
Nacional de George Bush, el entonces presidente de la APA, Ronald F. Levant,
viajó a Guantánamo en octubre de 2005. El comunicado de prensa anunciando el
viaje indicó hasta dónde la Asociación iría en su apoyo al campo que Amnistía
Internacional califica de “el Gulag de nuestros días.” Dejó en claro que la
dirección de la Asociación nunca se propuso detener la participación de
psicólogos en Guantánamo. Al contrario, citaron al presidente Levant
diciendo:
“Acepté esta oferta de visitar Guantánamo porque consideré la invitación como
una importante oportunidad para seguir suministrando nuestra experiencia y
orientación sobre cómo los psicólogos pueden jugar un papel apropiado y ético en
investigaciones de la seguridad nacional. Nuestros objetivos son asegurar que
los psicólogos agreguen valor y salvaguardias a tales investigaciones y que sean
realizadas de modo ético y efectivo que proteja la seguridad de todos los
participantes.”
Dieciocho meses después de que el escándalo de Abu Ghraib atrajera la
atención del mundo a los horrores que ocurren en las instalaciones
estadounidenses de detención, incluso después de que la prensa dominante
publicara numerosos artículos sobre cómo el general Miller de Guantánamo
contribuyó su propio tipo de brutalidad a Iraq con recomendaciones de
“guantanamizar” Abu Ghraib, el comunicado de Associated Press no incluyó
mención alguna de que en Guantánamo ocurriera algo fuera de lo normal. Como
propagara el presidente Levant:
“’Este viaje me dio la oportunidad de formular preguntas y observar de
primera mano una breve instantánea de la instalación de Guantánamo.’ ‘Como
continúa la labor de APA en el estudio de los temas presentados por las
necesidades de la seguridad nacional de nuestro país, este viaje fue otra
oportunidad para que la Asociación informe y asesore el proceso.’”
La campaña de la Asociación para defender Guantánamo y la participación de
psicólogos en ese lugar continuó bajo el siguiente presidente de la Asociación,
Gerald Koocher. Un mes después de hacerse cargo del puesto, el presidente
Koocher dedicó su columna presidencial del mes en el APA Monitor de la
Asociación a defender a la organización y su negativa de hacer algo en respuesta
a los bien documentados horrores que ocurren en Guantánamo. Con lenguaje
orwelliano, intituló su defensa de la falta de acción ante la barbarie:
“Hablando contra la tortura.” En su columna atacó a críticos de la Asociación al
mismo tiempo que trataba de cambiar de tema:
“Una serie de comentaristas oportunistas que se presentan como eruditos
siguieron informando sobre presuntos abusos por parte de profesionales de la
salud mental. Sin embargo, cuando se les solicitó personalmente que suministren
a la APA nombres y circunstancias en apoyo de semejantes afirmaciones, esos
mismos críticos no presentaron ningunos datos y ningún miembro de APA ha sido
vinculado a conductas contrarias a la ética profesional. La máxima periodística
tradicional de informar quién, qué, dónde y cuando parece estar notablemente
ausente.”
Por lo tanto, el tema político de la ética de la participación de psicólogos
en las actividades ilegales en Guantánamo fue alterado para ser uno de
culpabilidad personal. ¿Podía probarse que un cierto psicólogo identificado
participaba en una conducta proscrita en particular? Mediante este truco la
Asociación trató de negar todas las críticas de la prensa, de Naciones Unidas y
de ONG. Ante la ausencia de una queja ética explícita contra un individuo, la
Asociación no haría nada. Como lo sabía perfectamente la Asociación, los nombres
de la mayoría de los psicólogos que ofrecieron sus “servicios” en Guantánamo,
así como los detalles sobre lo que constituyen esos servicios, constituyen un
secreto estrictamente protegido.
En el mismo artículo, el presidente Koocher utilizó una técnica común de
dirigentes en dificultades ya que trató implícitamente a unir a la comunidad
psicológica contra el odiado otro, los psiquiatras:
“Muchos de nuestros colegas psiquiátricos han presentado una crítica
interpretativa, aunque su asociación profesional aún no ha aprobado una posición
oficial. Un borrador propuesto a la asociación psiquiátrica incluye una lista
detallada de tácticas específicas prohibidas que consideran torturas. Un
análisis cuidadoso de su borrador muestra que tiene un parecido extraordinario
con nuestra posición, aunque ningún periodista ha comentado todavía sobre este
punto. Del mismo modo, ningún periodista – incluyendo a los que critican el
informe de PENS – ha comentado sobre una interesante ironía: A pesar de la
oposición de los psiquiatras a privilegios de extensión de recetas para los
psicólogos, la lista de técnicas coercitivas prohibidas de la asociación
psiquiátrica omite toda mención del uso de drogas, permitiendo implícitamente
semejantes prácticas.”
En un reciente debate con críticos, Koocher utilizó una defensa más que
parece destinada a un uso más amplio actual al aumentar la presión para que la
Asociación actúe. Hizo una distinción entre los psicólogos que proveen servicios
sanitarios a los detenidos, a los que, afirmó, les está prohibido utilizar la
información obtenida por ese medio para ayudar a los interrogadores, y los
asesores científicos conductuales que no están allí para atender a los detenidos
y que por lo tanto pueden ayudar en los interrogatorios. Sin embargo, incluso
Koocher tuvo que admitir que todos los psicólogos están obligados por el
principio de “no hacer daño.” Él, por supuesto, no explicó como la participación
en el funcionamiento de una institución hecha para destruir las personalidades
de los encarcelados en ella puede llegar a corresponder al principio de “no
hacer daño.”
La campaña de la Asociación Psicológica de EE.UU. por desviar toda crítica de
la participación de psicólogos en Guantánamo ha sido constante. Miembros
preocupados presionaron para que se realizara una investigación independiente
para aclarar lo que los psicólogos realmente hicieron en Guantánamo, pero la
Asociación se negó. Los miembros presionaron por un cambio del código ético
declarando que los psicólogos no siguen leyes u órdenes cuando el hacerlo viola
derechos humanos básicos, pero tropezaron con el argumento de que una tal
declaración podría ser utilizada contra profesionales psicólogos en causas
judiciales. Los críticos que trataron de lograr que la Asociación declarara
explícitamente que debería consultarse el derecho internacional aparte de la ley
estadounidense sobre temas tales como la definición de los derechos humanos y de
su violación o la definición de la tortura y de la conducta inhumana,
fracasaron. La dirección de la Asociación anunció que desarrollaría un artículo
en el registro de ética aclarando la conducta aceptable e inaceptable en
interrogatorios con apoyo de psicólogos, pero hasta ahora no ha cumplido.
Ésa era la situación cuando el New York Times del 7 de junio de 2006
reveló que el Pentágono tomó nota cuidadosamente de la posición de la Asociación
y que, desde ahora, los militares preferirían a psicólogos a los
psiquiatras.
“El doctor William Winkenwerder Jr., secretario adjunto de defensa para
asuntos de salud, declaró a periodistas que la nueva política que favorece el
uso de psicólogos en lugar de psiquiatras constituía un reconocimiento de
posiciones divergentes adoptadas por sus respectivos grupos profesionales.”
Los militares habían estado utilizando por igual a psiquiatras y psicólogos
en equipos de asesoría de ciencia conductual, para asesorar a interrogadores
sobre cómo mejor obtener información de prisioneros.
Pero el doctor Steven S. Sharfstein, reciente presidente de la Asociación
Psiquiátrica de EE.UU., señaló en una entrevista que el grupo adoptó en mayo una
política que especificó inequívocamente que sus miembros no formarían parte de
los equipos.
El grupo equivalente de los psicólogos, la Asociación Psicológica de EE.UU.,
ha adoptado una política diferente. Dijo en julio pasado que sus miembros que
sirven como consultores en los interrogatorios que tienen que ver con la
seguridad nacional deben “tener en cuenta factores específicos de esos roles y
contextos que requieren una consideración ética especial.”
Para muchos psicólogos activistas en la Asociación que habían participado
pacientemente en el juego del Grupo de Tareas de la Asociación, la discusión del
Consejo, nota aquí, nota allá, sin que ocurra un cambio sustantivo en la
política de la Asociación, esta noticia fue la paja proverbial que quebró la
espalda del camello. Miembros que habían estado durante meses pidiendo cuidado y
una actitud de ir paso a paso procedieron repentinamente a instar a que no se
paguen las cuotas a la Asociación. En pocos días, se lanzó una campaña de
correos electrónicos al presidente Koocher de la Asociación y en 48 horas se
enviaron 300 correos. Koocher respondió con desdén y con un aire de
condescendencia, mientras aprobaba explícitamente el deber de los psicólogos de
ayudar al Estado de Seguridad Nacional. Una versión de la carta que envió es la
siguiente:
“Usted está totalmente equivocado.
La APA no ha guardado silencio.
El Consejo de Directores de la APA comprende y aprecia que sus miembros
tengan opiniones de peso sobre la participación de psicólogos en
interrogatorios, y que sus opiniones no sean uniformes. Le ruego que reconozca
que un interrogatorio no es el equivalente de una tortura y que existen muchos
contextos civiles y militares en los que psicólogos participan éticamente en la
recolección de información en función del interés público sin dañar a nadie y
sin violar nuestro código ético. Le ruego que también examine los informes de
prensa con un escepticismo saludable y que busque hechos, en lugar de dedicarse
de forma reflexiva a campañas de escritura de cartas basadas en un acceso
inadecuado a los datos.
El Consejo ha adoptado como política de la APA un Informe del Grupo de
Tareas, que prohíbe inequívocamente que psicólogos participen en o aprueben la
tortura u otro tratamiento cruel, inhumano, o degradante. Como base para esta
posición, el Grupo de Tareas consideró primero el Principio A en los Principios
Éticos de los Psicólogos y el Código de Conducta, “No hagas daño,” y luego el
Principio B, que refleja las responsabilidades de los psicólogos hacia la
sociedad. Ambas responsabilidades éticas juegan un rol central en la profesión
de la psicología. En virtud del Principio A, los psicólogos no causan daño. En
virtud del Principio B, los psicólogos utilizan su experiencia en, y su
entendimiento de, la conducta humana para ayudar a impedir el daño.
En contextos relacionados con la seguridad interior y nacional, estos
principios éticos convergen cuando se da mandato a psicólogos para que adopten
pasos afirmativos para impedir el daño a individuos que son interrogados, y al
mismo tiempo, ayuden a obtener información fiable que pueda impedir el daño a
otros.
Es crítico señalar que al encarar estos temas mediante un informe del Grupo
de Tareas, la Asociación Psicológica de EE.UU. respondió a psicólogos en
entornos de la seguridad nacional que habían contactado a la APA buscando
orientación sobre el camino más ético a seguir. El Consejo considera su
responsabilidad el apoyo a nuestros colegas y miembros que se esfuerzan por
comportarse correctamente. El Consejo alienta a sus miembros que tienen
diferentes puntos de vista sobre éste o cualquier tema a que hagan conocer sus
posiciones, y saluda la oportunidad de más discusión sobre este tema en la
reunión del Consejo en agosto.”
Dejando de lado el “Usted está totalmente equivocado,” una introducción que
mostró aún peor gusto al ser utilizada sólo unos pocos días después del suicidio
de tres detenidos desesperanzados en el antro horrible de Guantánamo, la nota
dejó en claro para los miembros titubeantes que la dirección de la Asociación se
propone continuar haciendo lo mismo, que no es de esperar que ocurra acción
alguna respecto al desafío moral de nuestros tiempos, a menos que los miembros
la impongan.
En este momento, la dirección de la oposición fue tomada por la sección de
Justicia Social (Sección 9) de la División de Psicoanálisis (División 9: verdad
en las advertencias en embalajes: Soy miembro de esta Sección). Horas después de
la recepción del mensaje de Koocher, miembros de la sección que se habían
mostrado dispuestos a trabajar dentro de la estructura de la Asociación
decidieron, como lo describió un miembro en un correo a la lista de direcciones
de la Sección: “Es hora de que aceptemos el punto de vista de que la dirección
de la APA participa totalmente en el problema de la utilización de la ofuscación
y de la propaganda para justificar los actuales objetivos y métodos
militares.”
Miembros de la Sección actuaron rápidamente para lanzar una campaña de
petición exigiendo un cambio en la política de la Asociación. Se escribió
rápidamente una Petición y fue enviada el 15 de junio [en
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/483607021] y comenzaron los intentos
de hacerla conocer a los miembros en todos los diversos sectores de la
Asociación. [Otra verdad en la advertencia del embalaje: Soy uno de los autores
de la petición y aparezco como su patrocinador.]
En las semanas transcurridas desde entonces una serie de organizaciones,
incluyendo las Divisiones de Justicia Social de varias divisiones de la
Asociación y otras fuera de la Asociación, incluyendo a Médicos por los Derechos
Humanos y el Fondo Ignacio Martín-Baró han iniciado discusiones sobre una
estrategia coordinada para cambiar la política de la Asociación. Se obtuvo un
acuerdo inicial para apoyar los intentos para que la Asociación, en su
convención de agosto, reitere sus declaraciones de que los miembros no deben
participar en la tortura o en interrogatorios abusivos. Parecería que no hay
nada en esa declaración a lo que se oponga la dirección de la Asociación, que
probablemente afirmará que ya forma parte de la política de la Asociación. Sigue
abierta la pregunta de si este grupo irá más lejos y tratará de lograr que la
Asociación declare que sus miembros no pueden participar en interrogatorios de
detenidos de la Guerra Global contra el Terrorismo en capacidad alguna y bajo
ninguna circunstancia. Parece poco probable que este grupo emprenda el paso
adicional de exigir que la Asociación llame a cerrar Guantánamo e instituciones
similares.
Sospecho que el cambio de la política de la Asociación necesitará una
modificación de las tácticas utilizadas hasta ahora por los críticos. Hasta la
fecha, la mayor parte de las objeciones desde el interior de la Asociación han
sido formuladas de modo bastante limitado en términos de los detalles del código
de ética y lo que dice, o debería decir, sobre la participación de psicólogos en
interrogatorios coercitivos. Este enfoque lo coloca a uno en el campo del
razonamiento legal y de la interpretación detallada de textos. Como demostraron
siglos de argumento legal, un razonamiento semejante puede llevar a numerosas
conclusiones diferentes, dependientes del objetivo del que razona. Y los
funcionarios de la Asociación han dado pruebas de su habilidad, incluso de su
genio, para torcer el razonamiento moral a fin de apoyar su posición de que los
psicólogos tienen el derecho, tal vez incluso el deber, de servir en Guantánamo
y en instalaciones similares. [Véanse por ejemplo, los argumentos decididamente
diferentes, pero ambos bien presentados, del presidente Koocher en una
entrevista de Democracy Now! el 16 de junio, y por el director de ética
de la Asociación, Stephen Behnke, publicada aproximadamente al mismo tiempo:
http://www.apa.org/releases/PENSfinal_061606.pdf] Aunque los críticos tienen que
refutar en detalle esos argumentos, la batalla no tendrá éxito a ese nivel, tal
como los cambios sociales importantes son logrados raramente en tribunales sin
que cambios sociales simultáneos ocurran fuera de la corte.
Los miembros de la Asociación que critican la actual política han opuesto una
resistencia extrema a denunciar abiertamente a Guantánamo por ser el campo de
concentración que es. En general no se han unido de algún modo organizado a
aquellos, como el Comité de la ONU contra la Tortura, que declaran claramente
que una institución total que encarcela a gente “indefinidamente sin acusación,
en la que los reclusos no tienen derechos, ni protección, virtualmente ninguna
posibilidad de controlar algún aspecto de su entorno, constituye en sí una
tortura. Los psicólogos, y todo ser humano moral, simplemente no tienen nada que
buscar en una institución semejante. Estar allí en cualquier capacidad es hacer
daño. Hasta ahora los argumentos han sido similares a los de una sociedad médica
de la era nazi que hubiera objetado sólo a que doctores sirvieran en los campos
de la muerte, y no a la existencia de los propios campos de la muerte. Creo que
es un error.
La participación de psicólogos en Guantánamo no es simplemente un problema
profesional. Es un importante desafío moral para el concepto mismo de utilizar
el conocimiento para el bien y no para el mal. Si esta participación continúa,
la psicología habrá perdido su alma, igual como todo nuestro país está en
peligro de perder su alma, si apartamos la mirada de esos males que son
cometidos en nuestro nombre.
A medida que miembros, y no-miembros, de la Asociación, desarrollan un
enfoque más agresivo por un cambio de la política de ésta, deberían recordar
esta historia. Deja en claro que la dedicación de los dirigentes de la
Asociación a la demostración del valor de la psicología en el impulso de algunos
de los aspectos más sórdidos del estado de seguridad nacional es profunda y que
viene de largo. Los últimos días han producido más evidencia de los estrechos
vínculos entre la Asociación y los militares; los críticos han sido informados
que sólo una persona fue invitada a hablar ante la convención de la Asociación
en agosto sobre el tema de Guantánamo, el general Kiley, jefe del servicio
federal de salud del ejército que redactó el informe que recomienda que se
utilice sólo a psicólogos para los interrogatorios. El general Kiley responderá
solamente a preguntas sometidas por anticipado. Considerando los estrechos
vínculos entre la Asociación Psicológica y los militares es evidente que la
Asociación no será cambiada fácilmente. El cambio exigirá una amplia presión,
utilizando una amplia gama de instrumentos, a fin de hacer impacto en una
política tan profundamente establecida. Queda por ver si los miembros activistas
estarán en medida de mantener la energía y la pasión provocadas por las
recientes noticias y acontecimientos, o si de nuevo recaerán en ese estado de
“impotencia docta” que al parecer es inducida intencionalmente por la conducta
de la Asociación.
Stephen Soldz, investigador y psicoanalista, es director del Centro de
Investigación, Evaluación, y Desarrollo de Programas en la Escuela de Posgrado
de Psicoanálisis de Boston. Es miembro de Roslindale Neighbors for Peace and
Justice y fundador de Psicoanalistas por la Paz y la Justicia. Mantiene la
página en la red de Iraq Occupation and Resistance Report. Para contactos
escriba a: ssoldz@bgsp.edu.
http://www.counterpunch.org/soldz08012006.html
Germán Leyens es miembro de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala
(www.tlaxcala.es), la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta
traducción es copyleft.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
