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Revolución #95,
15 de julio de 2007
Suprema Corte hace trizas normas fundamentales del sistema judicial
Hablando de la primera sesión de la Suprema Corte bajo su nuevo presidente,
John Roberts, el magistrado liberal Stephen Breyer dijo: "En el mundo judicial,
es muy raro que tan poca gente haga tantos cambios tan rápido".
El programa legislativo de Bush ha tropezado con muchos obstáculos y la
guerra de Irak se ha empantanado, pero la nueva Suprema Corte (repleta de
reaccionarios nombrados por Bush) está haciendo trizas normas fundamentales de
la sociedad estadounidense.
El aborto (Gonzales vs. Carhart y Gonzales vs. Planificación
Familiar)
En este fallo, la Suprema Corte confirmó una ley federal que prohíbe un
procedimiento llamado "dilatación y extracción". Es un método que se usa rara
vez y en general solo cuando hay un problema grave con el embarazo o un médico
piensa que es el método más seguro para una mujer que tiene problemas de salud.
Para las 2,200 mujeres al año que lo necesitan, ese método salva la vida.
Quitarles esa opción es muy malo. Pero además, la Suprema Corte presentó una
nueva interpretación muy peligrosa de dicha ley.
Previamente, la Suprema Corte subrayó el derecho de la mujer de tomar
decisiones sobre su vida y salud. Ahora hace hincapié en la protección de la
vida del feto. Tachó las partes de la ley que protegen la salud de la mujer y
solo permite excepciones en casos muy extremos para salvarle la
vida.
Además, la Corte dio a entender que el aborto en sí causa daño emocional y
aceptó las crueles afirmaciones pseudocientíficas de que una mujer que decide
abortar podría "lamentar la decisión de abortar la vida de la criatura que ha
creado y nutrido". La mayoría de la Corte sacó esas "pruebas" de un puñado de
declaraciones juradas de la "Fundación Justicia", un grupo derechista
cristiano.
La magistrada Ruth Bader Ginsburg dijo que la Corte demuestra una hostilidad
"no disimulada" e "inquietante" al derecho de la mujer al aborto. Señaló que
siguiendo esa lógica el Congreso podría legislar que el aborto es "infanticidio"
(asesinato de un niño) y que la Corte lo confirmaría. (Ver "La lógica mortífera
(y patriarcal) del fallo de la Suprema Corte", #90, 27 de mayo de 2007)
Restricciones al derecho de demandar por discriminación salarial
(Ledbetter vs. Goodyear)
Lilly M. Ledbetter trabajó 19 años como directora de un departamento de una
fábrica de llantas de la compañía Goodyear Tire and Rubber en Gadsden, Alabama.
A ella le pegaban menos que a los hombres que hacían el mismo trabajo; en 1997
era la única directora de un departamento y ganaba menos que el hombre peor
pagado. A pesar de las claras pruebas de discriminación, la Corte declaró que no
tenía derecho de demandar a Goodyear. Fijó un límite de 180 días para entablar
una demanda de discriminación, a pesar de que muchas veces solo se descubre años
después.
Restricciones a la libertad de expresión para los estudiantes de
secundaria (Morse vs. Frederick)
Joseph Frederick era un estudiante de preparatoria de Juneau, Alaska, con
sentido del humor. Cuando la Antorcha Olímpica pasó por su escuela rumbo a Salt
Lake City, levantó una manta humorística que decía: "Bong Hits for Jesus" (Mota
por Jesús). La Corte resolvió que el director de la escuela tenía el derecho de
suspenderlo, lo que anuló el precedente que la Corte estableció en el caso de
Tinker vs. Des Moines (1969) de que un estudiante de preparatoria tenía
el derecho a la libre expresión y a ponerse un brazalete negro para protestar
contra la guerra de Vietnam.
La Corte declaró que parte de la misión de una escuela es "educar a los
estudiantes sobre los peligros de las drogas ilegales y evitar su uso". Por eso,
concluyó, lo que motivó las acciones del director fue un peligro "serio y
palpable". La Corte adujo que el problema eran las drogas, pero con la misma
lógica puede restringir la libre expresión en otras esferas que sean parte de la
misión de una escuela.
Erosión de la separación de la iglesia y el estado (Hein vs. Freedom
from Religion Foundation)
La Fundación Libres de Religión, un grupo sin fines de lucro, demandó al
gobierno por el programa de "iniciativas basadas en la fe". Sostiene que es una
violación de la Primera Enmienda, que prohíbe que el gobierno apoye
instituciones religiosas. La Corte declaró que el grupo no tenía derecho de
demandar al gobierno. En 1968, en el caso Flast vs. Cohen, la Corte
expresó que la separación de la iglesia y el estado es tan importante que
cualquier ciudadano tenía el derecho de entablar una demanda al respecto. Esta
vez, la Corte no revocó ese fallo directamente: dijo que como el programa de
"iniciativas basadas en la fe" no fue una ley del Congreso sino una orden
presidencial, el fallo anterior no se aplicaba. Los magistrados Scalia y Thomas
escribieron en una opinión aparte que se debe revocar el fallo Flast vs.
Cohen por ser una "mancha en nuestra jurisprudencia".
La pena capital y el derecho a apelar
La Corte confirmó el fallo de un juez que rechazó a un candidato a un jurado
porque expresó cierta ambivalencia sobre la aplicación de la pena capital. El
candidato dijo seis veces que era partidario de la pena capital y que la
aplicaría si lo mandaba el tribunal. Pero como dijo que no se debe aplicar la
pena capital "diez veces a la semana", el juez decidió que no podía participar
en el jurado. La Suprema Corte rechazó el fallo de un tribunal inferior contra
el juez. Esto da a las fiscalías carta blanca para escoger a jurados que apoyan
sin reservas la pena de muerte.
En otro fallo ultrajante, la Corte rechazó la apelación de un hombre
sentenciado a 15 años de cárcel a cadena perpetua. En el juicio, el juez le dijo
erróneamente que tenía 18 días (en vez de 14) para entablar la apelación, y el
hombre la entabló antes de los 18 días. Pero la Corte declaró que no podía
apelar. Es decir, incluso cuando el acusado hace exactamente lo que le dice
el juez, no puede apelar contra una injusticia.
Protección a las empresas
La nueva Suprema Corte está tan a favor de las empresas que Robin Conrad, de
la Cámara de Comercio federal, dijo: "Es la mejor Suprema Corte de todos los
tiempos". En Phillip Morris vs. Williams, la Corte anuló una
indemnización de $97 millones que un jurado le dio a la familia de un hombre que
murió de cáncer del pulmón. En otro caso, Federal Election Commission vs.
Wisconsin Right to Life, declaró que las corporaciones pueden financiar
anuncios publicitarios clandestinamente cerca de la fecha de una elección. Con
esto rechazó una sección clave de una ley de reforma del financiamiento de las
elecciones. Rechazó una regla de 1911 que impedía que las compañías conspiraran
con las tiendas para fijar precios. También dificultó que los accionistas
demanden a las compañías y sus ejecutivos por fraude
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