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19 de octubre de 2008
■ Exigen organizaciones defensoras de indocumentados el inmediato fin de las
detenciones
Las redadas de latinos en EU, para atemorizar a migrantes, acusan ONG
■ Durante un operativo de la policía en Postville, una quinta parte
de la población fue aprehendida
■ Secuelas de terror en las familias por operaciones similares a las de
dictaduras de América Latina
David Brooks (Corresponsal)
Imagen de archivo de un hombre que se prepara para cruzar ilegalmente a
Estados Unidos cerca de Tijuana Foto:
Ap |
Nueva York, 18 de octubre. El objetivo de las redadas y medidas “militares”
contra los indocumentados corresponde a una política para sembrar el terror en
esas comunidades del país, denunciaron organizaciones defensoras de migrantes, y
exigieron su cese inmediato.
La Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR, por sus
siglas en inglés), integrada por organizaciones de defensa de los inmigrantes,
sostiene que el Departamento de Seguridad Interna, mediante su Buró de
Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), “deliberadamente realiza redadas de
inmigración de alto perfil en sitios de trabajo para instalar el temor en
comunidades migrantes”, lo que junto con una mayor “militarización” de la
frontera con México “ha producido una crisis de derechos humanos sin precedente
en comunidades migrantes y de refugiados”.
El reverendo David Vásquez, de Postville Relief Effort, pastor en la
Universidad Luterana, ofreció vistazos de lo anterior en la secuela de lo que
fue una de las redadas más grande de la historia del país en un sitio de
trabajo.
Al ser arrestados más de 400 trabajadores (en su mayoría guatemaltecos y
mexicanos) en una empacadora de carnes de Postville, Iowa, hace meses, “una
quinta parte de la población del pueblo fue detenida”, lo que dejó el lugar
“devastado por el temor”, informó en teleconferencia de prensa.
Cuenta el ejemplo de Rosita, una niña de cuato años que seis semanas después
de la redada, mientras jugaba en el atrio de la iglesia del pueblo, vio y
escuchó un avión y, aterrorizada, corrió a buscar a su mamá por el recuerdo de
los helicópteros que sobrevolaron el pueblo durante el operativo
antimigrante, mientras se llevaban a familiares y vecinos.
O un indígena guatemalteco que estaba siendo enjuiciado, en un campo de feria
de ganado donde fueron detenidos los trabajadores por delitos que no entendía, y
en un idioma que no era el suyo al “escuchar cómo condenaban a su gente mientras
él no podía moverse por estar encadenado de pies y manos durante el
proceso”.
O la guatemalteca que desesperadamente buscaba a sus familiares. “¿Dónde
están mis hermanos y mi madre?”, preguntaba la mujer, a quien hasta ocho semanas
después de la redada aún no le habían informado el paradero de los detenidos, lo
que le hizo rememorar las desapariciones de sus familiares en su país hace
años.
O cómo durante el día de la redada las maestras de la escuela tuvieron que
reunir a los asustados estudiantes latinoamericanos de primaria para asegurarse
que alguien veniera a recogerlos, lo que devastó a los educadores.
“Así, iglesias, escuelas, la calle principal, todo el pueblito, fue
atemorizado. Ahora sólo hay miedo, y llegan nuevos inmigrantes a (ocupar) los
empleos abandonados, desde Somalia y hasta trabajadores de Palau; eso es lo que
se está haciendo en zonas rurales de Estados Unidos, destruyendo todo lo de
valor”, concluyó Vásquez.
En Mississippi, donde durante las últimas dos décadas han llegado cada vez
más migrantes que no pueden sobrevivir en sus países, sobre todo indígenas de
Chiapas y Guatemala, se vive un clima hostil promovido en parte por motivos
políticos ya que 40 por ciento del estado es afroestadunidense y en unos pocos
años se calcula que los latinos llegarán a ser 10 por ciento, lo que se percibe
una amenaza al control político blanco, explica Bill Chandler, de la Mississippi
Inmigrant Rights Alliance.
Reacciones antimigrantes promovidas por sectores racistas, como el Ku Klux
Klan y bases ultraconservadoras republicanas, han asustado, sobre todo las
masivas marchas de los migrantes en 2006, y desde entonces impulsan iniciativas
para criminalizar cualquier asistencia a indocumentados, además de un clima de
terror.
Esto se agravó con una redada masiva a finales de agosto en el pueblo de
Laurel, en la fábrica de productos eléctricos Howard Industries, donde fueron
detenidos 595 trabajadores. De ellos, 481 fueron llevados a un centro de
detención en Jena, donde padecieron pésimas condiciones de higiene y no se les
permitió el acceso a asistencia legal, además de que no les fueron levantados
cargos formales por tres semanas.
El pueblo sufrió gran impacto y desaparecieron cientos de estudiantes de las
escuelas cuando sus familias decidieron huir; varios comercios cerraron e impera
un clima de temor, dijo Chandler.
En el condado de Maricopa, Arizona, el alguacil Joe Arpaio se ha vuelto
famoso a escala nacional por su campaña para expulsar a todos los indocumentados
utilizando detenciones, amenazas, retenes y más, lo que ha creado “un estado
policiaco”, informó Salvador Reza, del Centro de Jornaleros Macehualli, en
Phoenix.
Esta experiencia se repite en otras partes del país con las nuevas medidas
para otorgar poderes de aplicación de la ley de inmigración a las autoridades
locales. “Éste no es el Estados Unidos que deseamos crear, esto es crear un
apartheid”, afirmó Reza.
Isabel García, veterana defensora de migrantes de la Coalición de Derechos
Humanos en Tucson, recuerda que la frontera es el “laboratorio” para todas estas
medidas antimigrantes que generan cada vez más temor en la población de origen
latina.
Afirmó que redadas y detenciones son, para las familias afectadas, como
“desapariciones” que han sucedido en los países latinoamericanos, ya que la
sensación de angustia de no saber y buscar con desesperación dónde está un
familiar cuando es detenido es una experiencia “diaria” en Arizona.
Mientras tanto, siguen elevándose las cifras de migrantes que mueren al
cruzar por zonas cada vez más difíciles,, y señaló que de los 183 hallados
muertos este año, 100 aún no han sido identificados.
Catherine Tactaquin, directora de la NNIRR, afirmó que el patrón de las
redadas sugiere que están “políticamente motivadas”, al recordar que de los más
de 285 mil inmigrantes deportados en el año fiscal 2007, menos de 5 mil lo
fueron por redadas en los centros de trabajo, lo que indica que los
operativos no tienen como objetivo principal la deportación, y parecen
ser para generar “ansiedad y temor” en las comunidades.
Chandler, en Mississippi, sugirió también que en gran medida en las plantas
donde se han realizado las redadas “hay un alto nivel de actividad sindical”, y
mencionó específicamente la de Howard (en donde recientemente 200 de los 595
trabajadores detenidos se habían afiliado al sindicato), las de las empacadoras
Swift, la de Smithfield en Carolina del Norte y la de Potsville en Iowa.
Las redadas se han realizado en todo el país, y la NNIRR registra 113 en lo
que va de este año. El ICE ofrece cifras respecto de todas las “operaciones de
aplicación de la ley”, con casi mil 200 en el último año fiscal.
Para Tactaquin, lo más urgente que debería hacer el próximo presidente de
Estados Unidos es terminar con este tipo de operaciones que “destruyen a
comunidades”, respondió a La Jornada.
Según Chandler, se requiere también revisar a fondo los acuerdos de libre
comercio, comenzando con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que
tuvo como efecto devastar partes de Mississippi con empresas que trasladaron sus
operaciones a México, país donde también han sido destruidos sectores
económicos, lo que provoca que los mexicanos se vean obligados a buscar empleo
de este lado de la frontera.
Ahora, con la crisis económica estadunidense y global, muchos defensores de
migrantes han expresado preocupación por que el clima antimigrante pueda
intensificarse, además de que “tendrá un impacto profundo sobre las comunidades
migrantes” mismas, con pérdida de empleos y oportunidades, comentó
Tactaquin.
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