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Los Memorandos de Yoo y
Bybee
Proyectos para un Estado Policial
MARJORIE COHN
4 de marzo de 2009
Traducido del inglés para ¡El mundo no puede esperar!
Siete memorandos del Departamento de Justicia bajo Bush, hechos públicos hace
poco, revelan una estrategia concertada para darle al presidente el poder de
hacer caso omiso de la Constitución.Proporcionan justificaciones "legales" para
que el Presidente suspenda la libertad de expresión y de prensa; ordene
allanamientos e incautaciones sin orden judicial, incluidas escuchas telefónicas
a los ciudadanos; detenga a ciudadanos estadounidenses sin cargos penales por un
tiempo indefinido dentro de Estados Unidos; traslade a presuntos terroristas a
otros países donde es probable que sean torturados; y abrogue unilateralmente
los tratados. De acuerdo con el razonamiento en los memorandos, el Congreso no
tiene la función de controlar y equilibrar el poder ejecutivo. Esa es la
definición de un estado policial.
¿Quién escribió esos memos? Todos menos uno fueron elaborados en su totalidad
o en parte por el tristemente célebre John Yoo y Jay Bybee, los autores de los
llamados “memorandos de tortura”, que redefinieron la tortura de una manera
mucho más restrictiva que la definición tradicional de la tortura, y le
asesoraron al presidente cómo torturar y salir impune. En un memorando, Yoo dijo
que el Departamento de Justicia no aplicaría las leyes del país contra la
tortura, el asalto, la mutilación y el acecho, cuando se trataba de la detención
y el interrogatorio de combatientes enemigos.
¿Qué prohíbe el estatuto federal sobre la mutilación? Se define como delito
que una persona, “con la intención de torturar, mutilar, o desfigurar,... le
corta, le muerde o le raja la nariz, la oreja o el labio de otra persona, o que
le cercena o le incapacita la lengua, o que le saca o destruye el ojo, o que le
cercena o incapacita una extremidad o alguna parte del cuerpo de otra persona”.
Además, prohíbe “arrojar o verter sobre otra persona agua hervida, ácido
corrosivo, o ninguna sustancia cáustica” con la misma intención.
Los dos memorandos de tortura fueron retirados posteriormente después de que
se hicieron público porque su razonamiento jurídico era claramente defectuoso.
Pero se mantenían en vigor durante el tiempo suficiente para autorizar la
tortura y el maltrato de muchos presos bajo custodia de los EE.UU..
Al final también se desautorizaron los siete memorandos hechos públicos
ahora, varios años después de que fueron escritos. Steven Bradbury, el director
adjunto asistente al secretario de Justicia de Bush, emitió dos notas de
descargo de responsabilidad - el 6 de octubre de 2008 y 15 de enero de 2009 – en
las cuales dijo que lo afirmado en los siete memorandos "no refleja las
opiniones actuales de esta Oficina ". Sigue siendo un misterio por qué Bradbury
esperó hasta que Bush casi dejara su carga para dar su descargo de
responsabilidad. nos especulan que Bradbury, sabiendo que la nueva
administración probablemente iba a publicar los memorandos, estaba tratando de
cubrirse.
De hecho, Yoo, Bybee y Bradbury son los tres ex abogados del Departamento de
Justicia a quienes la Oficina de Responsabilidad Profesional hizo objetos de
crítica en su informe todavía inédito. La ORP puede mandar el caso de estos
abogados a la barra estatal para que los discipline o incluso recomiende cargos
penales contra ellos.
En sus memorandos, Yoo justifica darle una autoridad ilimitada al presidente
porque Estados Unidos se encontraba en una "situación de conflicto armado." Yoo
escribió: "la Primera Enmienda de derechos de expresión y de prensa también
puede ser subordinada a la imperiosa necesidad de librar la guerra con éxito."
Yoo hizo el argumento increíble de que, al igual que se puede utilizar
legítimamente la fuerza letal en defensa propia en casos penales, el presidente
puede suspender la Cuarta Enmienda porque el derecho a la intimidad es menos
grave que la protección contra el uso de la fuerza letal.
Bybee escribió en una de los memorandos que no hay ninguna prohibición a que
el presidente traslade a terceros países a prisioneros de al Qaeda y del Talibán
capturados en el exterior, siempre y cuando el presidente no tenga la intención
de que sean torturados. Sin embargo, la Convención contra la Tortura, a la que
los Estados Unidos es signatario, dice que ningún país puede expulsar, devolver
o extraditar a una persona a otro país "cuando haya razones fundadas para creer
que estaría en peligro de ser sometida a la tortura." Bybee afirmó que la
Convención contra la Tortura no es aplicable extraterritorialmente, una
propuesta rotundamente demolida por eruditos de renombre. Hay informes de que la
administración Bush participó en de 100 a 150 casos de entregas extraordinarias
hasta marzo de 2005.
El mismo día en que el secretario de Justicia Eric Holder dio a conocer esos
memorandos, el gobierno reveló que la CIA destruyó 92 cintas de vídeo de severos
interrogatorios a Abu Zubaida y Abd al Rahim al Nashiri, los dos sometidos al
submarino. El memorando que autorizó que la CIA aplicara el submarino, escrito
el mismo día que uno de los memorandos deYoo y Bybee sobre la tortura, todavía
no se ha hecho público.
Bush insistió en que Zubaida era un peligroso terrorista, a pesar de la
afirmación de uno de los principales expertos del FBI sobre Al Qaeda de que
Zubaida era esquizofrénico y jugaba un papel menor en la organización. Bajo la
tortura, Zubaida admitió ser culpable de todo; la información que dio es
prácticamente inútil.
Hay otros memorandos que todavía no se han hecho públicos. Indudablemente
implicarán a funcionarios y abogados del gobierno de Bush en la comisión de la
tortura, el espionaje ilegal, las entregas extraordinarias y otras violaciones
de la ley.
Mientras tanto, John Yoo sigue siendo profesor de la facultad de Derecho de
Berkeley y Jay Bybee es un juez federal en el Noveno Circuito de Apelaciones.
Esos hombres, que asesoraron a Bush en crear un estado policial, deberían ser
investigados, juzgados e inhabilitados para el ejercicio de la abogacía. Yoo
debería ser despedido y se debe hacer un juicio de destitución a Bybee.
Marjorie Cohn es presidenta de la Asociación Nacional de
Abogados y autora de Cowboy
Republic.
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