|
Lunes, 17 de noviembre de 2008.
por: Lara Jakes Jordan, The Associated Press
Washington – Es poco probable que el venidero gobierno de Barack Obama acuse
formalmente a autoridades gubernamentales que autorizaron o formaron parte de
interrogatorios crueles contra sospechosos de terrorismo durante la
administración de Bush.
Dos consejeros de Obama dijeron que había poca – si alguna – chance de que el
Departamento de Justicia de la nueva administración haga acusaciones contra los
que autorizaron o perpetraron los interrogatorios que provocaron la furia
mundial.
Ellos hablaron en condiciones anónimas porque los planes aún son tratativas.
Un vocero del equipo de transición de Obama no respondió a pedidos de
comentarios sobre el tema el lunes pasado.
Adicionalmente, el procesamiento o no de los mismos talvez nunca sea un tema,
caso Bush emita perdones preventivos para proteger a los responsables.
Obama se ha comprometido a revistar los interrogatorios sobre Al-Qaeda y
otros sospechosos de terrorismo. Después de asumir el poder en enero próximo, se
espera que Obama cree un panel modelado en la Comisión del 11/9 para estudiar
estos interrogatorios, incluyendo el uso del llamado “submarino” o ahogamiento y
otras tácticas que los críticos llaman de tortura. Lo levantado por la comisión
servirá para asegurar que futuros interrogatorios sean legales sin lugar a
dudas.
“He dicho repetidamente que los EEUU no torturan, y me aseguraré que no
torture”, dijo Obama el domingo en el programa 60 Minutos de la CBS. “Esa es una
parte y parcela de un esfuerzo para volver a ganar la confianza moral del
mundo”.
Los partidarios más ardientes de Obama están divididos cuanto a si debe o no
procesar a las autoridades de Bush.
Le preguntaron este fin de semana durante una entrevista de la Radio Pública
de Vermont al Jefe del Judiciario del Senado, Patrick Leahy, si deberían las
autoridades del gobierno de Bush ser procesados por crímenes de guerra. Su
respuesta fue categórica: “No en los Estados Unidos”.
“Esto no va a ocurrir”, dijo Leahy, D-Vt.
Robert Litt, un fiscal del Departamento de Justicia del gobierno de Clinton,
dijo que Obama se debe enfocar en mirar hacia delante con políticas contra la
tortura, y no mirar hacia atrás.
“Por razones tanto de directrices como de política, no sería beneficioso
gastar un tiempo enorme tratando de arrastrar a la gente ante el Congreso o ante
grupos de jurados, revisando lo que pasó”, dijo Litt durante un debate en la
Institución Brookings sobre la política legal de Obama. “En gran medida podemos
decir que los últimos ocho años han terminado – ahora podemos mirar hacia
adelante – eso sería benéfico tanto para el país como para el presidente,
políticamente hablando”.
Pero Michael Ratner, un profesor de la Escuela de Leyes de Columbia, y
presidente del Centro de Derechos Constitucionales, afirmó que es necesario
procesar a las autoridades de Bush para fijar futuras políticas contra la
tortura.
“La única forma de evitar que esto pase nuevamente es asegurarnos que los
responsables por el programa de tortura paguen el precio por hacerlo”, dijo
Ratner. “No veo como podremos reconquistar nuestro padrón moral si permitimos
que los responsables directos de los programas de tortura caminen libres y
lleven vidas normales donde no se les haga responsables por sus actos”.
En los años después de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001,
la Casa Blanca autorizó a los interrogadores de los EEUU a usar tácticas severas
contra los sospechosos capturados de Al-Qaeda y del Talibán. Las autoridades de
Bush confiaron en un memorando legal del Departamento de Justicia del 2002 para
asegurar que estos interrogatorios no se conformaban como tortura – y
consecuentemente no violaban las leyes de los EEUU o internacionales. Ese
memorando fue después rescindido.
Por lo menos tres importantes operativos de Al-Qaeda – incluyendo el
idealizador del 11/9 Khalid Sheik Mohammed – fueron torturados por ahogamiento
en 2002 y 2003 porque los oficiales de inteligencia creían que más ataques eran
inminentes. Este tipo de tortura crea la sensación de ahogamiento, y ha sido
usado desde tiempos inmemoriales y es condenado por las naciones alrededor del
mundo.
Bush podría sacar los procesos criminales de circulación con un solo
movimiento de su lapicera del perdón.
Si Bush protegerá a sus principales auxiliares e interrogadores con un perdón
preventivo – antes que sean acusados – se ha transformado en un tópico de
discusión en todas las esferas legales y políticas durante estos últimos días
del gobierno actual. El sub secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Fratto,
se rehusó a comentar el asunto.
Bajo la Constitución, el poder del presidente de formular perdones es
absoluto y no puede ser derogado.
El perdón preventivo sería altamente controvertido, pero el antiguo consejero
de la Casa Blanca, Arthur B. Culvahouse Jr., expresó que eso protegería a los
que obedecían órdenes o estaban tratando de proteger a la nación.
“No conozco a nadie que haya actuado temerariamente en detrimento de las
leyes nacionales o internacionales”, dijo Culvahouse, quien trabajó bajo el
Presidente Ronald Reagan. “Simplemente no es bueno para la comunidad de la
inteligencia y de la defensa tener gente en el campo de trabajo, bajo
circunstancias muy exigentes, a los cuales se les dice estas son las reglas, ser
expuestos meses o años después del hecho, para enfrentar procesos
criminales”.
Los Papeles Federalistas desalientan a los presidentes de perdonarse a sí
mismos. Fue el Presidente Gerald Ford el responsable por limpiar la ficha por
delitos referentes a Watergate, de su antecesor, el Presidente Richard
Nixon.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
