Medidas antiinmigrantes tendrán su día en corte
01/08/2006
Ruth E. Hernández Beltrán Nueva York, 1 ago (EFE).- Mientras republicanos y
demócratas no se ponen de acuerdo sobre el futuro de unos 12 millones de
indocumentados en EEUU, varias ciudades han dado un paso al frente con medidas
antiinmigrantes, que tendrán su día en corte.
Entre las más recientes figuran las localidades de Hazleton en Pensilvania,
seguida por Riverside, en Nueva Jersey, que en julio aprobaron medidas con
textos similares, que prohíben contratar y alquilar vivienda a
indocumentados.
Las medidas imponen multas de mil dólares por cada inmigrante contratado y la
cancelación de la licencia para el negocio.
El alcalde republicano de Hazleton, Lou Barletta, hizo suya una legislación
rechazada en San Bernardino (California) este año y la propuso al concejo de
esta ciudad de 31.000 habitantes, que la aprobó en julio.
Según Barletta, la Ordenanza de Alivio de la Inmigración Ilegal, que exige
además que los documentos oficiales sean impresos en inglés, es una respuesta a
la delincuencia violenta, hacinamiento escolar, costo de los hospitales y
demanda de servicios sociales por los que culpa a los indocumentados.
Sin embargo, el Fondo para la Defensa Legal y Educativa Puertorriqueño ya
está listo para impugnar en los próximos días en el tribunal la controvertible
medida, dijo a Efe su presidente fundador, César Perales, quien envió a Barletta
una carta en la que advertía de la acción legal.
"Es la primera vez que una ciudad pasa ese tipo de ley y, como en otros
países, es el gobierno nacional el que controla la inmigración. Hazleton copió
la ley que trataron de aprobar en California", observó el abogado.
"Riverside la copió al ver que Hazleton recibió tanta publicidad en la prensa
conservadora y ahora, muchos sitios han comenzado a hacer lo mismo", afirmó el
presidente del Fondo, institución que también ha defendido el derecho de
jornaleros a buscar trabajo en la calle.
Opinó que "muchos grupos racistas van y hablan con el alcalde y el concejo
(de ciudades) y les dicen que tienen que hacer algo" contra la inmigración
indocumentada, lo que ha culminado con la aprobación de estas medidas.
Destacó que aún los tribunales "no han hablado sobre este tema" por lo que el
Fondo se propone acudir al foro en busca de derogar la ordenanza, que fue
enérgicamente rechazada por diversos grupos pro inmigrantes.
"Vamos a llevar casos en más de un sitio para tratar de buscar un interdicto
de la corte para que pare la implantación de la medida", explicó.
Según Perales, comenzarán por Hazleton, mientras siguen el curso de lo que
ocurre en la ciudad de Palm Bay, en el este Florida, que se apresta a votar a
principios de agosto una medida que sigue los pasos a Hazleton.
La propuesta ya fue rechazada en Avon Park, también en Florida.
"Nuestra posición legal es que un gobierno local, de una ciudad, no tiene
derecho a pasar leyes que debieran ser nacionales. Ese es el argumento principal
que vamos a presentar ante la corte. En Hazleton están dispuestos a luchar y lo
vamos a hacer", indicó.
Aunque la comunidad inmigrante de Riverside afronta la misma situación, el
miedo y la incertidumbre se ha apoderado de ellos.
"Estamos muy tristes, nadie viene a los negocios. La gente está asustada de
hablar (con medios) y de que venga Inmigración", comentó a Efe una residente en
Riverside, que prefirió el anonimato.
"No somos enemigos de este país, vinimos a trabajar", sostuvo la mujer, quien
lamentó que la aprobación de la medida hace una semana ocurra en momentos en que
se proponía abrir un negocio ya que los inmigrantes están abandonando la ciudad,
en la que se les prohíbe alquilar una vivienda y trabajar.
En Nueva York, la localidad de Suffolk en Long Island, ha retomado su lucha
contra los indocumentados y el próximo 22 de agosto votará una propuesta para
reforzar legislación federal, que exige a empresas, agencias de servicios
sociales, gobiernos locales y organizaciones que tengan contratos con el condado
probar que no emplean indocumentados.
La propuesta es del ejecutivo del condado, el demócrata Steve Levy, quien
primero intentó que los policías trabajaran como agentes de inmigración y que
luego logró desalojar a más de un centenar de indocumentados de sus hogares
alquilados, alegando sobre población.EFE rh/cs
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