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Lunes 09 de febrero del 2009
Luego de redadas, años de incertidumbre
Jack Dempsey / AP Photo
Dos años después de haber sido detenido en una redada, el guatemaltelco
Ernesto García sigue en Estados Unidos, sin poder trabajar, esperando que los
tribunales se pronuncien sobre su caso. |
Por IVÁN MORENO
AP
Ernesto García se sentía afortunado: a diferencia de lo que le sucedió a
cientos de compañeros de trabajo, no fue deportado tras ser arrestado en una
redada del servicio de inmigración.
Dos años después, sin embargo, sigue sin trabajar y sobreviviendo a duras
penas mientras espera que su caso se resuelva.
Este guatemalteco de 34 años es una de cientos de personas de todo el país
sumidas en la incertidumbre mientras los tribunales del servicio de inmigración
procesan sus casos. Un fallo favorable podría permitirle obtener la residencia
permanente. Pero mientras espera -y esa espera a veces dura años-, no puede
trabajar.
Julien Ross, directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de
Colorado, dice que esta es una forma "sádica" de empujar a los extranjeros a que
regresen a sus países por su propia cuenta.
"Es otro ejemplo de que las redadas no funcionan", declaró Ross. "Hacerlos
esperar por años que se resuelvan sus casos es como tirarle sal a la herida. Y
el gobierno sabe que esto no funciona".
Los casos de infracciones a las leyes de inmigración no pueden ser procesados
en forma acelerada, como algunos casos penales. En Denver, los cuatro jueces
especializados en temas de inmigración manejan hasta 2.000 casos a la vez, por
lo que las demoras son inevitables, según Christina Fiflis, abogada que
representa a algunos de los trabajadores detenidos en la redada hecha en la
planta de Swift en Greeley el 12 de diciembre del 2006.
Algunos pueden solicitar permisos temporales de trabajo, pero generalmente
hay "demoras extraordinarias" en la tramitación de esos permisos, indicó
Fiflis.
Al no poder trabajar, los extranjeros dependen de familiares, amigos y la
caridad.
"En muchos casos, las familias agotan todas las opciones para ver si pueden
permanecer en el país, especialmente las que llevan aquí mucho tiempo", dijo
Rosa María Castañeda, del Urban Institute de Washington, organismo que estudia
el impacto de las redadas en los sitios de trabajo.
Carl Rusnok, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés), dijo que no sabe cuántas personas detenidas en redadas
permanecen en Estados Unidos esperando fallos de los tribunales.
"Si bien ese es su derecho, hay límites a lo que pueden y no pueden hacer
mientras tanto. No hay ninguna ley que estipule que se le puede dar permisos de
trabajo a quienes fueron pillados trabajando ilegalmente en el país", manifestó
Rusnok.
Elaine Komis, de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, el
tribunal del Departamento de Justicia que lidia con los casos de inmigración,
dijo que es común que estos casos tomen años si los implicados apelan las
decisiones de los jueces.
La agrupación de Castañeda no tiene cifras precisas acerca de la cantidad de
casos de personas detenidas en redadas que esperan fallos de los tribunales.
Pero dijo que incluyen a algunos de los 261 detenidos en Swift y de otras 261
personas arrestadas el mismo día en Grand Island, Nebraska. También se
encuentran en la misma situación muchos de los 361 arrestados en marzo del 2007
en la fábrica textil Michael Bianco de New Bedford, Massachusetts. En diciembre
del año pasado, 201 de esos trabajadores estaban todavía en New Bedford.
"Es difícil porque no se puede trabajar. Pero confiamos en Dios, en que nos
va a ayudar", declaró Brenda Miranda, cuyo esposo, José Mendoza, fue arrestado
en Greeley, 100 kilómetros (60 millas) al norte de Denver. "Vale la pena el
sacrificio porque nuestros hijos tendrán mejores oportunidades".
Miranda, de 26 años, dijo que su esposo, quien, al igual que ella es del
norte de México, había estado trabajando esporádicamente en la construcción, sin
papeles. Indicó que el marido le quedan 120 dólares por mes luego de hacer los
pagos para la manutención de sus hijos.
Mendoza, de 29 años, fue detenido nuevamente a fines del año pasado cuando el
procurador del condado de Weld Ken Buck investigó más de 1.300 casos de personas
que hicieron sus declaraciones de impuestos con documentos falsos o robados. La
próxima vista judicial de Mendoza está programada en diciembre.
García también trabajó ilegalmente después de la redada. Su último trabajo,
en una plantación de zanahorias y cebollas, duró hasta noviembre. Cobraba 300
dólares a la semana, parte de lo cual pasaba al abogado que lleva su caso de
inmigración.
La redada en que fue apresado García fue parte de una operación que incluyó
incursiones en sitios de trabajo en Grand Island, Cactus (Texas), Hyrum (Utah),
Marshalltown (Iowa) y Worthington (Minnesota). El ICE dice que en total fueron
arrestadas casi 1.300 personas ese día. Los que pelean su deportación en los
tribunales y cuyas vistas están programadas también en diciembre, podrían ser
expulsados del país de todos modos, después de tres años de batallas
legales.
Una iglesia y una organización comunitaria están ayudando a los
indocumentados de Greeley.
"Parecen hambrientos. Tenemos la obligación moral de ayudarlos", comentó Ann
Ratcliffe, una mujer de 65 años que asiste a la iglesia presbiteriana Familia de
Cristo. Describe a las familias detenidas como sus "vecinos", usando la palabra
en español.
La iglesia y sus donantes aportaron más de 30.000 dólares a la causa de los
inmigrantes en los últimos dos años, ayudando a que unas dos decenas de familias
permanezcan en el país mientras esperan que se pronuncien los tribunales.
"Están aquí, sin poder hacer nada", dijo el reverendo Richard Craft, pastor
de la iglesia de Greeley que ayuda a administrar los fondos a través de una
organización comunitaria llamada Al Frente de la Lucha.
García, quien vino a Colorado hace 13 años, espera que el tiempo que lleva en
el país la ayude a conseguir papeles.
"Si las cosas son horribles para mí aquí, en mi país serían peores", dijo
García. "Es mejor pelear la situación aquí y ver qué pasa".
Ricardo Romero, de Al Frente de la Lucha, indicó que en Greeley permanecen 13
familias de Guatemala, seis de México y dos de El Salvador.
"Cuando se acabe el dinero (de la iglesia), no sé qué haremos", declaró
Romero. "Pero si podemos quedarnos hasta el día de la vista judicial, y alguien
regulariza su situación, habrá valido la pena".
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