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12-09-2007
La filtración de un informe de la Cruz Roja considera que el
equipo de Bush debe comparecer ante un tribunal por crímenes de guerra
La historia no los absolverá
Nat Hentoff
Village Voice
Jane Mayer, del New Yorker, posee fuentes que han tenido acceso a
montones de entrevistas llevadas a cabo por la Cruz Roja con presos retenidos en
cárceles secretas de la CIA. Sin embargo, pocos ciudadanos estadounidenses
medios se han sentido inquietos por lo que la CIA hace en nuestro
nombre.
Si se llegara a crear un tribunal semejante al de Nuremberg para quienes han
perpetrado crímenes contra la humanidad en Guantánamo, Iraq, Afganistán y en las
cárceles secretas de la CIA, habría montones de pruebas disponibles procedentes
de informes elaborados por organizaciones de defensa de los derechos humanos,
entre ellos el de una parte del Parlamento europeo, y de libros muy documentados
como el de Stephen Grey, Ghost Plane: The True Story of the CIA Torture
Program [Aviones fantasma: La verdadera historia del programa de torturas de
la CIA], (St. Martin’s Press) y el de Charlie Savage, de reciente aparición,
Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversión of
American Democracy [Toma de posesión: El retorno de la presidencia imperial
y la subversión de la democracia estadounidense] (Little, Brown).
Mientras el Congreso de mayoría demócrata
tiene todavía pendiente una investigación seria sobre lo que muchos legisladores
europeos ya saben respecto a los crímenes de guerra estadounidenses, se ha
filtrado un informe especialmente revelador del Comité Internacional de la Cruz
Roja que desempeñaría un papel fundamental en ese potencial Tribunal de
Nuremberg. La propia Cruza Roja se ha visto obligada a guardar silencio
preocupada por los resultados de sus investigaciones sobre el respeto a los
derechos humanos en cárceles de todo el mundo o exponerse a que los gobiernos no
les permitan visitar las prisiones.
Pero Jane Mayer, del New Yorker, tiene fuentes que han tenido acceso a
montones de entrevistas llevadas a cabo por la Cruz Roja con presos retenidos en
cárceles secretas de la CIA. En su artículo “Black Sites” (13 de agosto, The
New Yorker), Mayer revela asimismo los efectos en nuestros torturadores de
sus acciones (a las órdenes del presidente) para “proteger los valores
estadounidenses”.
Mayer cita a un ex agente de la CIA: “Cuando se cruza esa línea oscura,
resulta difícil volverse atrás. Se pierde la sensibilidad y se puede hacer todo
lo posible para justificarlo, pero... resulta im posible regresar de ese lugar
tenebroso sin sentirse cambiado”.
Sin embargo, pocos ciudadanos estadounidenses medios se han sentido inquietos
por lo que la CIA hace en nuestro nombre. Se responsabiliza al secreto oficial
que sigue existiendo sobre los métodos que utiliza la CIA para obtener
información. El 20 de julio, el gobierno Bush publicó una nueva orden ejecutiva
por la que autorizaba a la CIA a continuar con esas técnicas, sin revelar nada
sobre ellas.
Si un tribunal internacional finalmente nos condena a nosotros, el pueblo,
por nuestra complicidad y silencio antes esos crímenes de guerra, siempre
podremos intentar imitar a los alemanes que afirmaban no saber lo que Hitler y
sus fuerzas de seguridad estaban haciendo. Pero en la Alemania nazi, la gente no
tenía medios para insistir en que se investigara qué había ocurrido con sus
vecinos desaparecidos.
Nosotros, sin embargo, tenemos el derecho y la fuerza para insistir en que el
Congreso investigue y revele los detalles de las torturas y demás brutalidades
que la CIA, en nuestro nombre, ha estado infligiendo a sospechosos de
terrorismo.
Sólo un congresista, Ron Wyden, senador demócrata por Oregón, ha insistido en
investigar la legalidad de las técnicas utilizadas por la CIA (hasta el punto de
bloquear el nombramiento de John Rizzo, candidato de Bush, como jefe de los
servicios jurídicos de la CIA). Rizzo, agente de la CIA desde 2002, ha dicho
públicamente que no se opuso a los memoranda sobre la “tortura” del
Departamento de Justicia de 2002, que permitían el maltrato salvo que provocara
daños como “el fallo orgánico... o incluso la muerte”. (Cualquier maltrato que
llegara a ese punto se consideraba comportamiento profundamente
no-estadounidense). Rizzo sería un testigo clave en cualquier Tribunal de
Nuremberg en el futuro.
El 6 de agosto, Jane Mayer declaró a la Radio Nacional Pública que había
encontrado en el desvelado informe de la Cruz Roja, y en su amplia investigación
sobre nuestros interrogadores (alentados por nuestro comandante en jefe) la
existencia de “un programa detallado de maltratos, controlado de arriba abajo,
autorizado por la Casa Blanca y desarrollado después por la CIA desde los
niveles superiores hasta los agentes de base... que mantenían a las personas
desnudas hasta 40 días en celdas donde se les privaba de cualquier tipo de luz.
Les quitaban el sentido del tiempo en el que vivían o... de cualquier indicio
que les indicara dónde se encontraban”.
Habló también del interrogatorio al que sometió la CIA a Abu Zubaydah, quien
no sólo fue sometido al waterboarded (una técnica en la que se le hizo
sentir que estaba a punto de ser ahogado) sino al que también “se le mantuvo...
en una pequeña jaula, de aproximadamente un metro por un metro, en la que no
podía estar de pie durante mucho tiempo. [La CIA] la denominaba la caseta del
perro”.
Haya o no otro juicio de Nuremberg- y mientras el Congreso sigue durmiendo-
los historiadores futuros del gobierno Bush se referirán seguramente a Leave
No Marks: Enhanced Interrogation Techniques and the Risk of Criminality [No
dejar señales: Técnicas de Interrogatorio Autorizadas y el Riesgo de Delitos],
un informe de julio elaborado por Human Rights Firts y Physicians for Social
Responsability.
El informe resalta que la orden ejecutiva presidencial del mes de julio sobre
los interrogatorios de la CIA, que aún siendo confidencial ha sido ampliamente
ensalzada como si se tratara de una prohibición de la “tortura y el trato cruel
e inhumano”, “ no excluye explícitamente el empleo de técnicas “refinadas”
autorizadas a la CIA en marzo de 2002” con la aprobación del presidente (la
cursiva es del autor).
En 2002, el entonces Secretario de Estado, Colin Powell denunció los
memoranda sobre la tortura y demás técnicas de interrogatorio en informes
internos que llegaron a la Casa Blanca. Es una pena que Powell no nos los
presentara también a nosotros. Sin embargo, las objeciones de Powell podrían
mantenerlo fuera del banquillo de los acusados en cualquier juicio internacional
futuro.
A continuación se detallan algunas de las normas estadounidenses, recogidas
en el informe Leave No Marks, violadas en su totalidad por la CIA y los
Departamentos de Justicia y Defensa:
En la Torture Convention Implementation Act de 1994, que convierte en
ley estadounidense el artículo 5 de la Convención de la ONU contra la tortura,
definida como “acción ‘cometida’ por un individuo oficialmente autorizado’...
específicamente dirigida a infligir graves daños físicos o mentales o
sufrimientos... contra otra persona bajo su custodia o control físico.”
La ley estadounidense sobre crímenes de guerra de 1997: “considera delito...
los crímenes de guerra específicamente enumerados a los que las leyes denominan
‘violaciones graves’ del artículo 3 de las Convenciones de Ginebra, entre los
que se consideran crímenes de guerra la tortura y ‘el trato cruel e inhumano’”.
El muy valioso informe Leave Not Marks llevó al Tribunal Supremo
-antes de que se apoderara de él el presidente del Tribunal John Roberts- a
enfrentarse al historial de crímenes de guerra de este gobierno. Yo sugiero con
entusiasmo que Human Rights First y Physicians for Social Responsability
envíen su informe ( con los párrafos siguientes subrayados) a todos los miembros
del actual Tribunal Supremo y del Congreso:
“El Tribunal Supremo durante mucho tiempo ha considerado que el trato a los
prisioneros viola los procedimientos debidos si ‘atenta contra la conciencia’,
supera los límites de sensibilidades incluso endurecidas, o quebranta ‘un
principio de justicia tan enraizado en las tradiciones y conciencia de nuestro
pueblo hasta el punto de ser considerado como fundamental.”
Entre esos derechos fundamentales citados por anteriores Tribunales Supremos,
continúa el informe, están “los derechos a la integridad física y el derecho a
tener cubiertas las necesidades básicas de la persona; y el derecho a la
dignidad humana básica (cursiva añadida por el autor).
Si la conciencia de la mayoría de los miembros del Tribunal de Roberts no se
siente conmocionada por lo que hemos hecho a nuestros prisioneros, entonces
corresponderá al próximo presidente y al próximo Congreso ( y en consecuencia, a
todos nosotros) el cambiar, en algunos aspectos el juicio de la Historia
respecto a nosotros. Pero ¿se ven señales significativas entre los
estadounidenses medios de tener su conciencia intranquila? ¿Y qué decir de los
candidatos presidenciales de ambos partidos?
Traducido del inglés para La Haine por Felisa Sastre
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