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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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LA CAUSA CONTRA G. W. BUSH

abril-mayo 2007

Elizabeth Holtzman

Mientras algunos destacados senadores republicanos estadounidenses denuncian la situación comprometida en la que está envuelta la Casa Blanca, se habla de impeachment (destitución) del presidente Bush en todos los círculos sociales. Puede resultar una exageración política, pero debe hacerse algo al respecto.


Cortesía de la Casa Blanca

El último escándalo en el que está implicada la Administración Bush –el cese de ocho fiscales federales bajo unas circunstancias bastante dudosas– ha revolucionado de tal modo Washington que ya se habla de un nuevo Watergate. Todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿podría ser esto la Masacre del Sábado Noche [en referencia a la purga política llevada a cabo por Richard Nixon] de George W. Bush, es decir, una obstrucción de la justicia que provoca un juicio político?

Salvo que se dé un cambio radical en el Congreso estadounidense, la destitución es tan sólo una hipótesis. Pero eso no quiere decir que no exista una causa legal contra el actual presidente de EE UU. Si un fiscal de California fue cesado con la intención de poner fin a una investigación sobre un congresista republicano, podría considerarse delito. Si el resto fueron despedidos por no procesar a los demócratas sin pruebas, sería un abuso de poder importante. Si el presidente jugó algún papel en esto, la destitución es una posibilidad legal.

No obstante, no hace falta esperar a que se den a conocer los resultados de las investigaciones de este escándalo para llegar a la conclusión de que Bush ha abusado de tal manera del poder de su cargo que podría ser destituido. Ya existen, de hecho, fundamentos sólidos.

Los artífices de la Constitución estadounidense sabían que, a pesar de los fuertes controles, los presidentes podrían aprovecharse de sus poderes y perjudicar a la democracia del país, así que, como última medida preventiva, crearon la posibilidad de solicitar una destitución. La base constitucional del impeachment es “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”. En el proceso contra el presidente Richard Nixon, el House Judiciary Committee (Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos) determinó que esos abusos no tenían que violar el código penal estadounidense para llevar a cabo la destitución, basta con que “sean importantes y peligrosas acciones contra las bases de la Constitución”. Varias de las actuaciones de Bush ya están siendo estudiadas.

El argumento legal más consistente para el impeachment –basado en los precedentes del Watergate– surge del hecho de que Bush se haya negado durante años a solicitar la aprobación del tribunal exigida por la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, en sus siglas en inglés) en relación a un programa especial de escuchas telefónicas en Estados Unidos. Cuando se desveló que Nixon había pinchado ilegalmente los teléfonos tanto de periodistas como de empleados de la Casa Blanca, el Congreso de EE UU promulgó la FISA para prevenir otros abusos en el futuro, considerándolas un delito federal.

Pero 30 años después, Bush afirmó que esta ley dificultaba las investigaciones de inteligencia en la guerra contra el terrorismo, así que como comandante en jefe podía hacer caso omiso de ella. De hecho, el tribunal de la FISA, sorprendentemente, da vía libre de manera abrumadora a las peticiones del presidente (19.000 aprobaciones desde 1978 frente a 5 rechazos) e incluso puede autorizarlas después de que hayan comenzado las escuchas. Si aun así Bush consideraba que la FISA era demasiado onerosa, tendría que haber pedido al Congreso que la modificara. Y como no lo hizo, tiene que obedecerla. Tras las elecciones de 2006, dio marcha atrás diciendo que la acataría, pero ¿qué hay de todos esos años en los que la incumplió abiertamente?

La Constitución estadounidense establece que el presidente “cuidará de que las leyes se ejecuten con exactitud”. El jefe del Gobierno de Estados Unidos debe respetar y defender la legislación, no utilizarla a su libre albedrío. En este caso, el derecho consuetudinario está claro. Durante la Guerra de Corea, el presidente Harry Truman quiso hacerse cargo de las plantas de acero estadounidenses para que siguieran funcionando a pesar de las huelgas, el Tribunal Supremo se negó, dejando claro que el presidente era comandante en jefe del Ejército y de la Marina, pero no del país.

Pero la realidad es que, para impugnar a un dirigente de EE UU, no basta con causas legales, sino que tienen que existir pruebas sólidas de que éste ha actuado mal, ya que la destitución es intrínsecamente política. La causa legal debe contar con el apoyo de la ciudadanía, no sólo de los jueces. Por ese motivo los fundamentos políticos más consistentes para realizar un impeachment no son el programa ilegal de escuchas telefónicas, sino llevar al país a la guerra de Irak –decisión que muchos estadounidenses no ven como un error catastrófico– con fines poco claros. Los artífices de la Constitución concedieron al Congreso los poderes para hacer la guerra de forma deliberada, ya que sólo debe tomarse esta decisión trascendental tras una larga consideración. Creían que el Congreso terminaría con la tendencia histórica de que las autoridades se metieran en conflictos sin necesidad. Si un presidente miente o engaña en asuntos como la participación en la guerra, invalida el importante papel constitucional de esta cámara.

Bush y su equipo insinuaron que Sadam Husein y Al Qaeda estaban confabulados, lo sugirieron de forma tan reiterada que en el momento en el que se produjo la invasión, los estadounidenses creían que el ex dirigente iraquí había sido el responsable del 11-S y los soldados veían su despliegue militar en Bagdad como una venganza. Sin embargo, poco después de los atentados, Richard Clarke, ex asesor antiterrorista de la Casa Blanca, le dijo al presidente que Sadam no tenía nada que ver con el ataque. Está claro que Bush también sabía que los servicios de inteligencia de EE UU albergaban bastantes dudas sobre la posibilidad de que el dictador iraquí proporcionara armas de destrucción masiva a la red de Bin Laden.

Además, el presidente estadounidense mintió o, al menos fue consciente de que se estaban cometiendo errores importantes, cuando dijo que el Gobierno británico había descubierto que Sadam había intentado comprar uranio en África, hecho que supuestamente probaba que Irak estaba aumentando su capacidad armamentística nuclear. Pero los servicios de inteligencia estadounidenses ya sabían en ese momento que esto era falso, y meses después de la invasión, Bush lo admitió.

Si la CIA informó al presidente antes de que pronunciara su mensaje, habría engañado al Congreso y a EE UU de forma deliberada sobre el objetivo de la guerra, “importantes y peligrosas acciones en contra de las bases de la Constitución”. En el caso poco probable de que no hubiese sido informado antes, aun así, Bush fue a la guerra apoyándose en los servicios de inteligencia británicos, sin consultar a los suyos, violando su responsabilidad de encargarse de que “las leyes se ejecuten con exactitud”. Una investigación completa determinaría hasta que punto Bush y el vicepresidente, Dick Cheney, engañaron al Congreso y a los ciudadanos de forma intencionada sobre la guerra.

Permitir el maltrato de los prisioneros, contraviniendo a la Convención de Ginebra y la legislación estadounidense (incluida la Ley de Crímenes de Guerra de 1996) es otro motivo para que se lleve a cabo el impeachment. Debido a las directrices de Bush no se aplicaron estas protecciones a los presos talibanes y de Al Qaeda. Una vez que los abusos cometidos en Abu Ghraib salieron a la luz, el presidente de EE UU no realizó rigurosas investigaciones ni se aseguró de que los responsables de estas violaciones de los derechos, incluidos los altos mandos, fueran llevados a juicio, incumpliendo así la Convención de Ginebra y su obligación constitucional de ejecutar la ley con exactitud.

Existen otros posibles motivos para la destitución, pero a mi juicio, el modo en la que el presidente de EE UU no respeta la defensa de las leyes y la subversión de la Constitución son una prueba más que suficiente. Pero la cuestión es: ¿qué se puede hacer al respecto?


 

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