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Jueves 5 de octubre de 2006
Es un engendro nazi la ley que legitima la tortura, afirma la analista Molly
Ivins
El fin de la democracia, próximo en EU: diplomáticos, jueces y
abogados
Repudian 30 ex embajadores la anulación del habeas corpus para combatir
el terrorismo islámico
¿Estamos dispuestos a que la gente sea torturada en nombre de Estados Unidos?:
Ariel Dorfmann
DAVID BROOKS CORRESPONSAL
Foto de archivo de un afgano detenido en Guantánamo cuando es
conducido a una sesión de interrogatorios Foto
Ap |
Nueva York, 4 de octubre. La legalización de la tortura y la anulación del
derecho de habeas corpus fue una propuesta tan radical que provocó
alarma, denuncias y severas advertencias de una gama inusualmente diversa de
personas, que expresaron que su aplicación dañaría los fundamentos del sistema
legal y el concepto institucional de la democracia estadunidense.
Durante semanas, a veces en público y otras en privado, jueces y abogados
civiles y militares, las principales organizaciones nacionales de derechos
civiles y humanos, generales y otros altos oficiales castrenses se sumaron a las
voces menos sorprendentes de las organizaciones y coaliciones antiguerra,
liberales y más.
En carta enviada el 25 de septiembre -días antes de la votación para aprobar
la ley- a senadores y representantes federales, más de 30 ex embajadores y
diplomáticos de alto rango solicitaron al Senado que no anulara el habeas
corpus porque "no hay un principio más central de la democracia", ya que
establece que el Poder Ejecutivo no podrá detener a menos que cuente con el
consenso de un Poder Judicial independiente.
El promotor de la carta es nada menos que William D. Rogers, ex subsecretario
de Estado (su jefe fue Henry Kissinger), y se suman diplomáticos reconocidos
como Thomas Pickering (embajador en Centroamérica y ante Naciones Unidas, entre
otros puestos), Anthony Quainton, Alexander Watson (ex subsecretario de Estado
para América Latina), Princeton Lyman, J. Brian Atwood, Harry Barnes, Donald
McHenry, Edward Corr y el ex asesor de Seguridad Nacional Anthony Lake.
La misiva, copia de la cual obtuvo La Jornada, señala que "nos han
dicho que el propósito central" de la política exterior de George W. Bush es "la
promoción de la democracia para otros", pero indica que "eliminar el habeas
corpus en Estados Unidos como recurso para ciudadanos de otros países que
han caído en nuestras manos no puede ser otra cosa más que un burla de esta
pretensión a los ojos del resto del mundo".
Agregan que "proclamar que el gobierno democrático como la forma suprema de
gobierno al resto del mundo al mismo tiempo que estamos eliminando la avenida
más importante de defensa ante la detención arbitraria por un gobierno, no
servirá a nuestros intereses en el mundo".
Por otro lado, una carta enviada a todos los senadores por la Asociación
Nacional de Abogados (American Bar Association, o ABA), la principal
organización nacional de la profesión legal, expresa su oposición a la propuesta
que fue aprobada pocos días después en el Capitolio. "El habeas corpus,
que asegura la protección contra la detención injusta por un gobierno, es uno de
los pilares de nuestro sistema constitucional", subraya.
A la vez, la ABA también instó al gobierno de Bush a cumplir plenamente con
las Convenciones de Ginebra y expresó su preocupación de que la nueva ley
implica no sólo limitar protecciones judiciales a detenidos, sino también la
autorización de "técnicas severas de interrogación" para agencias civiles
estadunidenses.
"Cuando nos negamos a observar las normas internacionales para el tratamiento
de detenidos... alentamos a otros en el mundo para que hagan lo mismo", afirma
la ABA en la carta firmada por su presidenta, Karen Mathis.
Vale recordar que ex abogados militares de los más altos rangos se
presentaron ante el Congreso para repudiar la formulación de la ley advirtiendo
de sus graves consecuencias, y uno de ellos, el almirante John Hutson, quien fue
el abogado militar de mayor rango en la marina, declaró que sin las protecciones
del habeas corpus y más, "seremos nada más que otra república bananera".
Hubo hasta una carta en contra de esta propuesta de ley del ex general y ex
secretario de Estado Colin Powell.
Menos sorprendentes fueron los comunicados y cartas enviadas el Congreso por
más de 300 profesores de leyes, la Unión Americana de Libertades Civiles, Human
Rights Watch, Amnistía Internacional, el Center for Constitucional Rights,
National Lawyers Guild y otras organizaciones defensoras de derechos humanos,
civiles y legales en este país.
También figuras reconocidas publicaron artículos en medios nacionales y
editorialistas de diarios como el New York Times, y expresaron su rechazo
a esta ley.
Nueva política oficial
El Washington Post, por ejemplo, publicó un artículo de Ariel Dorfman
en que comenta sobre cómo es posible que haya llegado un momento en que se
considera la tortura política oficial en este país.
"¿No puede ver Estados Unidos que cuando permitimos que alguien sea torturado
por nuestros agentes, no es sólo la víctima y el perpetrador son corrompidos, no
sólo es la 'inteligencia' la contaminada, sino también todos los que voltearon a
otro lado y dijeron que no sabían, todos los que tácitamente asintieron a ese
ultraje para que pudieran dormir un poco más seguros esa noche, todos los
ciudadanos que no marcharon por las calles por millones para demandar la
renuncia de quien fuera el que sugirió, o susurró, que la tortura es inevitable
en nuestros tiempos, que tenemos que abrazar su oscuridad?", preguntó.
Continuó: "¿Estamos tan moralmente enfermos, sordos, mudos y ciegos que no
entendemos esto? ¿Somos tan miedosos, tan enamorados de nuestra propia seguridad
y bañados en nuestro propio dolor que en verdad estamos dispuestos a que la
gente sea torturada" en nombre de Estados Unidos?, escribió en un artículo
publicado el 24 de septiembre, cuatro días antes de la aprobación de esta ley.
A pesar de la enorme y amplia oposición, la dinámica política electoral y la
combinación de miedo y secretos resultó en silencio cuando una mayoría de
legisladores federales, que juraron lealtad a la patria y a su Constitución,
aprobó esta ley.
Molly Ivins, veterana comentarista política (colaboradora de La
Jornada, cuyos artículos aparecen en cientos de publicaciones
estadunidenses), afirmó que "esta ley desecha limitaciones legales y morales
cuando el presidente decida que es necesario (hacerlo); estamos hablando de
principios fundamentales de decencia básica, como también de ley".
Por tanto, Ivins escribió: "solicito a los que apoyan esta ley que me ahorren
una aflicción: no pretendan quedar sorprendidos por las consecuencias de esta
legislación. Y no pretendan sorprenderse cuando el mundo nos empiece a comparar
con los nazis".
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