La Jornada - 20 de febrero de 2008
Llamados de HRW y AI a una investigación criminal
Defensa sin precedente de la tortura desde altas esferas del gobierno de
EU
David Brooks (Corresponsal/II y última)
Washington, 19 febrero. Tal vez nunca en la historia de este país se ha
ofrecido un espectáculo como este, donde desde las más altas capas del gobierno
se justifica públicamente la tortura, claro, bajo otro nombre, variaciones de
algo que llaman “técnicas de interrogación”.
Frente a la confesión de la CIA la semana pasada de que sí empleó, aunque
sólo contra tres detenidos, una forma de tortura, y donde tanto el director de
inteligencia nacional y el procurador general consideraron que el
waterboarding o submarino sí sería tortura, si se les aplicara
a ellos, y que tal vez hoy esa práctica ya sería ilegal –como históricamente lo
ha manejado así el propio gobierno estadunidense–, dos de las figuras de mayor
rango en Washington no dudaron en defender la tortura.
El vicepresidente Dick Cheney defendió el “programa de interrogaciones
severas” de la CIA y dijo que haría lo mismo otra vez, mientras que Antonin
Scalia, juez de la Suprema Corte, comentó públicamente que golpizas y otras
formas de interrogación son aceptables cuando es necesario por las
circunstancias.
Cheney justificó el programa de interrogatorios ante una agrupación
conservadora, calificó de “firmes y valientes” la decisiones de Bush en torno a
esta “guerra contra el terror”, y agregó: “¿apoyaría yo éstas mismas decisiones
hoy? Por supuesto que lo haría”. El programa de detenidos de la CIA, agregó, era
“un programa más duro para clientes más duros”, y ha brindado información que
“ha salvado miles de vidas”.
Y no tuvo dificultad al afirmar, en el mismo foro: “Estados Unidos es un país
que toma los derechos humanos en serio. No torturamos, está contra nuestras
leyes y contra nuestros valores”.
Mientras tanto, el juez Scalia de la Suprema Corte de Estados Unidos –corona
del Poder Judicial– afirmó que en casos de una amenaza inminente, métodos de
interrogación físicos como “golpear la cara de alguien” pueden ser justificados.
En declaraciones a la BBC añadió: “uno no puede entrar cómodamente y con gran
autosatisfacción decir, ‘oh, es tortura y por lo tanto no está bien’”. Dijo que
la prohibición constitucional al “castigo cruel e inusual” no necesariamente es
aplicable a “la llamada tortura”
Pero no hay duda que la técnica del waterboarding es, para expertos
en derechos humanos y legales, tortura, y por lo tanto ilegal bajo leyes
nacionales e internacionales y así lo constatan la Organización de Naciones
Unidas, las principales organizaciones de derechos humanos, e históricamente el
propio gobierno de Estados Unidos.
En 1947 el gobierno estadunidense acusó a un oficial japonés de crímenes de
guerra por haber aplicado algo parecido al waterboarding a un civil
estadunidense, y recibió una condena de 15 años de cárcel con tareas difíciles.
“Castigamos a gente con 15 años de (cárcel) cuando el waterboarding fue
empleado contra estadunidenses en la Segunda Guerra Mundial”, recordó a sus
colegas el senador Edward Kennedy la semana pasada. El mismo crimen resultó en
varias fiscalizaciones del Tribunal Militar Internacional después de esa guerra,
donde se calificó una variante de esta misma técnica como “un crimen de guerra”.
Más aún, los tribunales estadunidenses han considerado el waterboarding
como tortura desde principios del siglo XX, y han procesado varios casos durante
ese tiempo.
Frente a todo este debate en Washington sobre el tema, los principales grupos
y organizaciones de derechos humanos se han pronunciado sin titubeos.
Louise Arbour, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, declaró en
su visita a México, que el waterboarding es calificado como tortura y
quienes han violado la Convención contra Tortura de la ONU deben ser
fiscalizados bajo la “jurisdicción universal”.
Larry Cox, director de Amnistía Internacional en Estados Unidos, declaró la
semana pasada que “todo el mundo sabe que el waterboarding es tortura”,
y llamó a una investigación criminal a fondo. Human Rights Watch afirmó que está
comprobado que el gobierno de Estados Unidos es culpable de torturar y por lo
tanto, también pidió una investigación criminal para responsabilizar a los
culpables y obligar a que se rinda cuentas.
Peor aún, la decisión del presidente George W. Bush de procesar frente a las
llamadas “comisiones militares” a 6 detenidos en Guantánamo, ha dado otro giro
al asunto de la tortura. Michael Ratner, presidente del Center for
Constitutional Rights y uno de los abogados de Mohammed Al Qahtani –uno de
quienes serán procesados– recordó que su cliente “fue torturado –el gobierno lo
llama técnicas de interrogación mejoradas– y cualquier ‘evidencia’ de esta
coerción es admisible ante las comisiones. Estas comisiones, construidas sobre
una estructura de tortura y coerción, jamás podrán ofrecer un proceso
imparcial”, afirmó. “Es un día penoso y triste para este país”, concluyó.
En tanto, el presidente Bush, con el apoyo de decenas de legisladores,
anulará el intento del Congreso de prohibir estas violaciones de la ley nacional
e internacional al vetar el proyecto de ley más reciente. Con ello, Estados
Unidos continuará, con todo y tortura, como “faro” de la esperanza, la libertad,
la justicia y un poquito de tortura en el mundo.
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