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15-11-2007
Historia de dos atrocidades:
Blackwater y Haditha
Rahul Mahajan,
Zmag
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
La reciente indignación pública por la conducta de mercenarios de Blackwater
Security en Iraq, después de una masacre no provocada de por lo menos 17 civiles
iraquíes en el oeste de Bagdad fue alentadora; pero, por desgracia, no se presta
virtualmente ninguna atención a un acontecimiento concomitante de mucha más
importancia – el continuo colapso del proceso militar por la masacre de
Haditha.
La decisión de Paul Bremer a la undécima hora antes de su partida en junio de
2004, de colocar por sobre la ley a todos los contratistas privados en Iraq (no
están sujetos a la ley iraquí, al derecho militar de EE.UU., o a las leyes
civiles estadounidenses) se destaca como una de las decisiones más cínicas de
una guerra que ha redefinido el cinismo, y es algo positivo que se preste
atención a ese hecho.
Al propio tiempo, sin embargo, toda la atención se concentra en un tema de
mucho menos importancia. Es posible que los militares de EE.UU. hayan matado a
más civiles en un solo incidente que todas las compañías mercenarias juntas que
han operado en Iraq durante los últimos años. Según Iraq Body Count, el primer
ataque de los Marines de EE.UU. contra Faluya en abril de 2004, costó las vidas
de por lo menos 600 civiles iraquíes, de un total de por lo menos 800
personas.
Esa cifra es efectivamente mencionada en un informe sobre Blackwater del
Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes,
pero apenas se aprecian sus implicaciones.
Según el mismo informe, desde el 1 de enero de 2005, Blackwater ha estado
involucrado en 195 tiroteos – otras compañías mercenarias en su conjunto
responden por una cantidad similar.
Es el equivalente de dos días de tiroteos de los militares de EE.UU. en Iraq.
No sólo son más que los realizados por los mercenarios privados (aproximadamente
tres veces la cantidad); los mercenarios no salen en operaciones ofensivas o
realizan patrullas rutinarias. Estas son las actividades en las que es más
probable que se llegue a enfrentamientos a tiros.
Incluso si los soldados de EE.UU. son en su mayoría verdaderamente más
cuidadosos respecto a las reglas de enfrentamiento, el volumen muchísimo mayor
de incidentes violentos significa que el problema lo representa en realidad la
conducta de los militares de EE.UU., no la de los mercenarios.
A ese respecto, hay que considerar la evolución del proceso por la masacre de
Hadita, uno de los incidentes más icónicos de atrocidades por parte de los
militares de EE.UU.
Los hechos indiscutibles son los siguientes: El 19 de noviembre de 2005,
después de un ataque con un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas
en inglés) que mató a uno de ellos, Marines de Kilo Company, 3er. Batallón, 1
Regimiento, mataron a 24 personas. Los primeros muertos fueron cinco hombres en
un coche que se detuvieron, se bajaron, y fueron acribillados. Después, los
Marines entraron a una casa y mataron a 15 civiles, incluyendo a tres mujeres y
siete niños, en edades entre 2 y 13 años.
En otra casa, cuatro hermanos, todos adultos, fueron asesinados, tres de
ellos con disparos de pistola a la cabeza. El cabo primero Justin Sharratt, el
asesino, dijo que estaban armados y se preparaban a atacar.
Los Marines mintieron sobre lo sucedido, indicando que primero había habido
un tiroteo con insurgentes y que los demás habían caído en el fuego cruzado.
Una serie de oficiales superiores no se dignaron a investigar.
Las audiencias del tribunal militar no comenzaron hasta este verano, casi dos
años después del incidente.
Inicialmente fueron acusados ocho hombres: el sargento superior Frank
Wuterich, el sargento Sanick Dela Cruz, los cabos primero Justin Sharratt y
Stephen Tatum, por asesinato no premeditado; el teniente coronel Jeffrey
Chessani, el capitán Lucas McConnell, el capitán Randy Stone, y el teniente
primero Andrew Grayson, por negligencia en el cumplimiento del deber y una serie
de acusaciones menores relacionadas con la falta de investigación o por
encubrimiento.
Las audiencias han sido un circo. Ante todo, fueron realizadas en Camp
Pendleton, California, en lugar de Iraq, así que los iraquíes que presenciaron
los eventos no pudieron testificar. En segundo lugar, las familias de las
víctimas rechazaron las solicitudes de los interrogadores militares de exhumar
los cuerpos para la evidencia forense. Tercero, el teniente coronel Paul Ware,
quien presidió las audiencias, se ha mostrado excesivamente favorable a los
acusados y excesivamente preocupado por el efecto que los veredictos tendrán en
futuras operaciones de los Marines. Cuarto, se han concluido algunos acuerdos
bastante extraños con la fiscalía.
Lo más reciente es que Ware recomendó que todas las acusaciones de asesinato
(originalmente 13) contra Wuterich fueran retiradas y reemplazadas por
acusaciones de homicidio por negligencia sólo para siete de las mujeres y niños
asesinados (muchos de los cuales fueron muertos a tiros en sus camas) – y agregó
que tampoco piensa que Wuterich deba ser condenado por esas acusaciones.
Según el testimonio de otros Marines, Wuterich dijo una semana antes del
incidente, que si algo parecido sucediera debían matar a todos en la vecindad.
El propio Wuterich reconoció que ordenó que sus hombres irrumpieran en las casas
para “disparar primero y preguntar después.” Y, contrariamente a la afirmación
de Wuterich de que los primeros cinco hombres iban escapando después de salir
del coche, Dela Cruz testificó que los hombres “sólo estaban de pie, mirando a
su alrededor, con las manos en alto.”
Dela Cruz recibió inmunidad por su testimonio, pero puede haberlo convertido
deliberadamente en un lío, al contradecirse y admitir en un momento que estaba
mintiendo: los eventos conspiraron a la perfección para que él y Wuterich se
libraran de todo castigo.
Antes, Ware recomendó el abandono de todas las acusaciones contra Sharratt,
aceptando su afirmación de que los asesinatos al estilo de ejecuciones de los
tres hombres con tiros en la cabeza ocurrieron en autodefensa en el calor del
combate. También quiso que se abandonaran las acusaciones contra Tatum, a pesar
de que el otro cabo primero de Marines, Humberto Mendoza, testificó que Tatum le
había ordenado que matara a las siete mujeres y niños, incluso después de ser
informado de su identidad y de que no representaban una amenaza.
Las acusaciones contra los dos capitanes fueron abandonadas: Grayson sigue
bajo investigación, y Ware recomendó que Chessani sea acusado de negligencia en
el cumplimiento del deber, a pesar de que al no ser juzgado ninguno de los
verdaderos asesinos, en apariencia fue negligente por no haber investigado
nada.
El general de división Eldon Bargewell, estableció en su acerbo informe
externo sobre el incidente, que a pesar de no ser confidencial, no ha sido
publicado debido a las actuales audiencias, que “todos los niveles de comando
tendieron a considerar a las víctimas civiles, aunque fueran numerosas, como
rutinarias y como el resultado natural y deseado de las tácticas de los
insurgentes,” agregando: “Declaraciones hechas por la cadena de comando durante
entrevistas para esta investigación, tomadas en su conjunto, sugieren que las
vidas de civiles iraquíes no son tan importantes como las vidas de
estadounidenses, que sus muertes no son más que el precio por hacer las cosas, y
que los Marines tienen que ‘hacer su labor’ no importa lo que cueste.” También
estableció que “virtualmente no se realizó ninguna investigación a ningún nivel
de comando,” que los oficiales consideraban los informes sobre víctimas civiles
como propaganda favorable a los insurgentes que había que suprimir y manipular,
y que los informes presentados por oficiales superiores fueron “olvidados una
vez que fueron transmitidos.”
A pesar de todo, ningún oficial superior enfrentó acusaciones criminales;
tres fueron amonestados.
Desde luego, no todas las cortes marciales en la guerra de Iraq han sido una
farsa semejante. Los hombres que violaron a Abeer Hamza, de 14 años, en
Mahmudiyah, mataron a su familia, luego la mataron a ella y quemaron su cuerpo,
recibieron sentencias severas. En el caso de Hamdaniyah, en el que un escuadrón
de Marines asesinó a un hombre inocente y luego colocó una pala sobre su cuerpo
para sugerir que estaba colocando un IED, el sargento Lawrence Hutchins fue
efectivamente sentenciado a 15 años, aunque queda por ver si va a cumplir con su
condena; la mayor parte de sus cómplices recibieron tirones de orejas y ya están
libres.
El caso de Haditha es diferente de los otros. No es esencial para la
estrategia militar de EE.UU. en Iraq que se otorgue libertad a los soldados para
que violen y asesinen a niñitas o incluso para que asesinen al hombre equivocado
cuando andan buscando insurgentes; de hecho, los militares están interesados en
disuadir de una conducta semejante. Incursiones agresivas en las casas en las
que los soldados sienten que pueden “disparar primero y preguntar después,” han
sido, sin embargo, fundamentales en la práctica de EE.UU. en Iraq; incluso el
teniente coronel Ware, apartándose de su papel ostensible como fiscal, expresó
su preocupación respecto al efecto escalofriante que las condenas tendrían sobre
los Marines que operan en Iraq.
En general, el historial de responsabilización por atrocidades cometidas por
soldados de EE.UU. es patético. Soldados que matan rutinariamente a prisioneros
bajo su custodia reciben castigos administrativos; la ausencia de un movimiento
de tropa merece una corte marcial, pero el asesinato de un hombre indefenso
pocas veces la justifica. En el asesinato particularmente brutal de dos jóvenes
en la prisión Bagram, en la que los soldados testificaron que solían atacar a
uno de ellos, Dilawar, un taxista de 22 años, sólo porque les gustaba oírle
gritar de dolor “¡Alá!”, nadie fue acusado de asesinato, por el razonamiento
increíblemente engañoso de que, ya que 27 personas diferentes solían gustar de
torturarlo, no había manera de determinar qué “rodillazo ilegal” condujo a su
muerte. Imaginemos si se tratara de utilizar esa defensa si uno fuera un chico
negro con un 7-11 mientras uno de tus cómplices dispara al cajero. Los
contratistas no estarán sujetos a ninguna ley, pero la ley a la que están
sujetos los soldados es pocas veces mejor que nada.
Durante este proceso, aprendimos que las reglas de combate de los Marines les
permiten disparar por la espalda a personas desarmadas que van huyendo de la
escena de la explosión de un coche bomba, aunque no haya razón alguna para
relacionarlas con el ataque. Aprendimos que en el segundo ataque contra Faluya
(en noviembre de 2004), el procedimiento aprobado era “limpiar” habitaciones
lanzando a ciegas granadas de fragmentación – aunque cálculos iniciales
señalaban que posiblemente había en la ciudad hasta 50.000 civiles – y que
numerosos Marines utilizaron posteriormente la misma técnica en otras áreas.
Supimos de la práctica rutinaria de asegurarse de la muerte: si un hombre está
herido, en lugar de ofrecerle ayuda médica, se le dispara de nuevo, por el
principio de que “Si vale la pena disparar una vez a alguien, también vale la
pena dispararle dos veces.” Uno de los Marines testificó en las audiencias que
se les enseñó esa práctica en el campamento militar.
Una nación sonámbula prestó poca atención a estas revelaciones. Cuando un día
se escriban futuras historias de la guerra, probablemente incluirán
declaraciones de que las audiencias demostraron que la masacre de Haditha fue
una patraña.
Pero es seguro que nos mantendremos unidos en nuestra indignación justiciera
contra objetivos periféricos.
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Rahul Mahajan es editor del weblog EmpireNotes.org. Ha estado dos
veces en Iraq ocupado e informó sobre el primer ataque contra Faluya en abril de
2004. Su libro más reciente es "Full Spectrum Dominance: U.S. Power in Iraq and
Beyond" (Seven Stories Press). Para contactos escriba a: rahul@empirenotes.org
http://www.zmag.org/sustainers/content/2007-11/01mahajan.cfm
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