Guerra contra terrorismo: revelaciones y debate por investigaciones en
EEUU
13/02/2009
Varias organizaciones estadounidenses publicaron cientos de páginas de
documentos revelando de nuevo la implicación del Pentágono en los excesos de la
guerra contra el terrorismo de George W. Bush y alimentando el debate sobre la
búsqueda de responsabilidades penales.
Tras más de cuatro años de esfuerzos jurídicos, el Centro para los derechos
constitucionales, Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Humanos de
la Universidad de Nueva York obtuvieron cientos de páginas de documentos
oficiales gracias a la ley estadounidense sobre libertad de información
(FOIA).
Estos documentos confirman la existencia de prisiones secretas de la CIA en
Irak y Bagram, en Afganistán.
También muestran los lazos del Pentágono con la CIA en el "programa secreto
de detención, transferencia y tortura", del cual el ex presidente estadounidense
George W. Bush reconoció la existencia en 2006.
Por ejemplo, el Pentágono no registraba a sus prisioneros para que un
tribunal militar decida si su detención era legítima hasta 14 días después de su
arresto, dejándoles en un vacío jurídico durante ese tiempo.
Por otra parte según un correo interno fechado el 17 de febrero de 2006, una
transferencia de detenidos a la prisión de la base naval de Guantánamo fue
retrasada 45 días para que "las cosas se calmen, sino los detenidos podrían ser
recibidos como héroes a su llegada".
A propósito de ese correo, un portavoz del Pentágono, Jeffrey Gordon, estimó
el jueves que esto "no corresponde a la política oficial del Departamento de
Defensa", ya que forma parte de un proceso de comunicación interna.
Durante una conferencia de prensa, las tres organizaciones recordaron que
estos documentos no eran más que "la punta del iceberg".
"Queremos saber quién sabía qué de este programa y cuando, quién autorizó qué
y cuando, y queremos también saber quien desapareció en el marco de este
programa", declaró Margaret Satterthwaite, directora del Centro para los
Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.
Por su parte la ACLU, organización de defensa de las libertades civiles,
obtuvo, también por la ley FOIA, documentos que atestiguan la existencia de
investigaciones del Departamento de Defensa sobre torturas, malos tratos y a
veces muertes de detenidos durante interrogatorios en Bagram y en varias
prisiones de Irak.
El comportamiento del personal militar era "claramente excesivo y no conforme
a las reglas de interrogatorio en vigencia", asegura el Pentágono en un
reporte.
Estas revelaciones, que se suman a varias ya conocidas, surgen cuando un
sondeo publicado el jueves en el periódico USA Today muestra que dos tercios de
los estadounidenses están a favor del inicio de una investigación criminal,
realizada por una comisión independiente.
Se trata de determinar responsabilidades en el seno de la administración Bush
en la práctica de tortura, las escuchas telefónicas sin autorización judicial
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sobre la utilización del
Departamento de Justicia con fines políticos.
"Si se cometieron crímenes, y hay abundancia de pruebas, entonces las
personas que cometieron esos crímenes deberían ser llevados a la Justicia, es
tan simple como eso", estimó Michael Ratner, presidente del Centro para los
derechos constitucionales en un comunicado.
El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama repitió a la prensa: "mi
posición general es de decir: (...) demos vuelta la página", pero no lanzó
investigaciones judiciales en casos de crímenes comprobados.
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