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■ Da proyecto a Boeing para que construya tramos del muro virtual en frontera
con México
El gobierno de Bush aprieta el cerco contra indocumentados
■ Ordena verificar la “legalidad” de las personas que trabajan para los
contratistas federales
■ Crece la zozobra por redadas, operativos policiacos y pérdida de
empleos por la desaceleración
David Brooks (Corresponsal)
La Jornada - 10 de junio de 2008
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 En
imagen de archivo, indocumentados son trasladados a un tribunal de Iowa. Los
hombres pertenecían a un grupo de casi 400 migrantes que fueron arrestados
durante una verificación a una empacadora en Postville Foto: Ap
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Nueva York, 9 de junio. El presidente George W. Bush emitió hoy una orden
ejecutiva para verificar la “legalidad” de todo trabajador de contratistas
federales y, a la vez, su gobierno anunció un contrato para construir parte del
“muro virtual” en la frontera, mientras la amenaza de más redadas y acciones
policiacas locales y estatales para detener y expulsar a indocumentados mantiene
en angustia a comunidades de migrantes en todo el país.
Si lo anterior no fuera suficiente, cientos de miles de migrantes están
perdiendo sus empleos a causa de la implosión económica en Estados Unidos.
La orden ejecutiva anunciada hoy por la Casa Blanca establece que toda
empresa con contratos federales someta las identidades de sus empleados a un
sistema de verificación electrónica para asegurar que pueden trabajar
“legalmente” en Estados Unidos. El sistema, conocido como E-Verify, usa el banco
de datos de la agencia federal de Seguro Social, la cual otorga un número
oficial a todos los ciudadanos e inmigrantes y algunos datos más.
“Contratistas que emplean extranjeros ilegales no pueden depender de la
disponibilidad y servicio continuo de los trabajadores ilegales”, afirmó el
gobierno de Bush en un comunicado.
La Casa Blanca ofreció un incentivo a las empresas que utilicen el sistema de
verificación: toda compañía que lo haga tendrá menos probabilidad de ser sujeta
a investigaciones y redadas.
El Departamento de Seguridad Interna, encargado, entre otras cosas, de
aplicar las leyes de migración, informó hoy que más de 69 mil empleadores ya
utilizan dicho sistema.
Sin embargo, la medida ha sido criticada anteriormente y ha enfrentado retos
legales en el pasado, porque el banco de datos tiene un índice de error
significativo. Organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los
migrantes denuncian que hay discrepancias en las fichas de casi 13 millones de
ciudadanos estadunidenses y que éstos serán obligados a comprobar que tienen
derecho a laborar legalmente en el país.
Pero ésta es sólo una de múltiples medidas y acciones que ha promovido el
gobierno de Bush supuestamente para aplicar las leyes migratorias en todo el
país.
Hoy, Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna del gobierno de Bush,
anunció que ha otorgado contratos a la empresa Boeing para la construcción de
dos secciones de dicho muro en Arizona. El proyecto es para lo que se llama
“barda virtual”, que en lugar de utilizar sólo barreras físicas emplea una
amplia gama de equipos de alta tecnología.
Alta y baja tecnología
Además de sistemas de verificación electrónicos y “muros virtuales”, el
gobierno continúa empleando tácticas más antiguas y tradicionales para mostrar
su compromiso con las leyes de migración. Las redadas siguen en varias partes
del país. Cada semana hay anuncios del Departamento de Seguridad Interna sobre
cuántos fueron capturados y si eran “extranjeros criminales”, “fugitivos de
Migración” o sólo “violadores de inmigración” –por ejemplo, esta semana se
informó que más de mil 800 violadores de las leyes migratorias en esas
categorías fueron capturados durante una operación realizada simultáneamente en
seis estados.
A la vez, operativos espectaculares, como una redada en una
empacadora de carnes en Postville, pueblito en Iowa, hace un mes, donde cientos
de mexicanos y centroamericanos fueron detenidos, continúa generando temor e
intimidación en todo el país.
Los indocumentados –se estima que hay 12 millones– han sido obligados a vivir
una clandestinidad más profunda. Algunos, los que han sido atacados
recientemente por la migra, no se atreven a salir de sus casas, y otros
han abandonando los lugares donde han establecido sus hogares.
Si las medidas oficiales no son suficientes, la crisis económica del país
azota a los más vulnerables. Esta semana el Pew Hispanic Center presentó un
informe que registra un dramático incremento de la tasa de desempleo entre los
latinos, sobre todo los migrantes. El documento señala que el desplome en el
sector de la construcción, entre otros, ha costado cientos de miles de puestos.
También indicó que las redadas de Migración son factor que contribuye al
incremento del desempleo, con trabajadores detenidos junto con otros que
abandonan sus empleos por temor a ser capturados.
Según el informe, la tasa de desempleo oficial en el primer trimestre de 2008
fue de 5 por ciento, para los migrantes latinos de 7.5 y para los mexicanos de
8.4.
Y hay cada vez más medidas y operativos antimigrantes llevados a
cabo por fuerzas de seguridad pública y gobiernos locales y estatales en todo el
país. En 2007, unas 240 medidas relacionadas con la migración indocumentada
fueron aprobadas por legislaturas de 46 estados (triple número al registrado en
2006), según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, como La
Jornada había reportado. Éstas generalmente han criminalizado diversos
aspectos de la vida para los migrantes, desde tener empleo hasta rentar
viviendas o manejar, o para los que ofrecen servicios, empleo, transporte o
vivienda para los indocumentados.
De igual forma, más fuerzas de seguridad pública locales han empezado a
detener indocumentados por infracciones menores y otros delitos. Por ley, sólo
agentes federales pueden realizar aprehensiones por violaciones a las leyes
federales, como la de migración.
A todo esto, la agencia Afp informó que el secretario estadunidense de
Comercio, Carlos Gutiérrez, advirtió que granjeros estadunidenses se están
desplazando a México para continuar su producción, debido a las dificultades
para contratar migrantes y la ausencia de una reforma en la materia. “Los dueños
de empresas agrícolas, como no pueden encontrar trabajadores legales, tienen que
seguir con su negocios y se cambian a localidades cercanas. En muchos casos ha
sido a México”, añadió.
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