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Leyes federales y locales aprueban desemplear, criminalizar y expulsar a
indocumentados
EU intensifica medidas contra inmigrantes a todos los niveles
Se multiplican las redadas y las deportaciones y cientos de niños quedan en
el abandono
DAVID BROOKS (CORRESPONSAL)
Líderes de grupos defensores de inmigrantes protestaron el pasado sábado en
Los Angeles, California, por la deportación de la mexicana Elvira Arellano,
quien fue separada de su hijo Saúl, de 8 años, ciudadano estadunidense Foto:
Ap |
Nueva York, 26 de agosto. Una mujer es rodeada por 15 agentes en una esquina
de Los Angeles, mientras su hijo de 8 años llora asustado, es deportada;
políticos denuncian que un triple homicidio en Newark es resultado de la
presencia de indocumentados en este país, pueblos aprueban medidas para expulsar
y criminalizar a inmigrantes, el gobierno federal implementa reglas para
desemplear a quienes no tienen papeles, construye más centros de detención,
contrata a más agentes de la migra y amenaza con más redadas, todo es
parte de una intensificación de acciones antimigrantes en Estados Unidos.
No pasa un día aquí en que no se hable de alguna iniciativa, medida o
política antimigrante que promueven tanto el gobierno federal como las
autoridades estatales y locales en este país.
La semana pasada la procuradora general de Nueva Jersey, Anne Milgram, ordenó
a las agencias de seguridad pública locales (la policía, sobre todo) determinar
la condición migratoria de sospechosos de crímenes y notificar a las autoridades
federales si sospechan que algún detenido está en el país “ilegalmente”.
Esta acción fue anunciada después que un triple homicidio en la ciudad de
Newark, ocurrido el 4 de agosto, detonó un debate estatal y hasta nacional sobre
el crimen y los indocumentados. Uno de los principales sospechosos del crimen,
José Lachira Carranza, es un indocumentado peruano, y varios políticos han
criticado el hecho de que nadie verificó su condición migratoria, a pesar de
tres arrestos anteriores, por lo que el delincuente pudo permanecer en las
calles para cometer otro delito más. “Hay una necesidad que se presentó ante
todos nosotros recientemente con los eventos trágicos de Newark para una
política uniforme en el estado, afirmó la procuradora Milgram. La agencia
federal de inmigración (conocida por sus siglas en ingles, ICE), dio la
bienvenida a esta “nueva ampliación de la cooperación” del estado.
El caso nutrió un creciente debate nacional en torno al papel de las agencias
de seguridad pública locales y estatales en actividades de control migratorio.
Algunos alcaldes y jefes de policía se oponen a participar en asuntos de
migración señalando que necesitan la cooperación de la comunidad, incluyendo
inmigrantes legales e indocumentados, para realizar sus labores. De hecho, los
alcaldes y autoridades de ciudades como Nueva York, Los Angeles y Chicago han
mantenido políticas que prohíben que sus policías y trabajadores municipales
indaguen sobre la condición migratoria de sus residentes. Estos son criticados
por otros de que han convertido a sus ciudades en “santuarios para los que
violan la ley” y/o insisten que a falta de una política nacional coherente, las
autoridades locales y estatales tienen que asumir el papel de control de
migración.
El candidato presidencial republicano, Mitt Romney, cuando era gobernador de
Massachussets, firmó un acuerdo con las autoridades federales en el que otorgó a
policías estatales seleccionados el poder de implementar las leyes migratorias
federales (aunque el nuevo gobernador anuló el acuerdo). En Kentucky, el
procurador general notificó a las policías locales que consulten un banco de
datos federal para verificar la condición migratoria de la gente que arresten y
reportar a los indocumentados con las autoridades federales.
Las legislaturas de los 50 estados han considerado medidas sobre migración
este año, según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales;
por lo menos mil 400 proyectos de ley, y 170 de éstos promulgados en leyes en 41
estados. Aunque estas incluyen medidas de todo tipo, entre ellas algunas
diseñadas para beneficiar a migrantes, la mayoría incorporan algún tipo de
medida antimigrante.
Además, los gobiernos de más de 100 ciudades y condados por todas partes de
Estados Unidos han considerado resoluciones y nuevas ordenes contra
indocumentados. Estas incluyen desde proclamaciones del inglés como el “idioma
oficial” hasta prohibiciones sobre la renta de vivienda, el cese de contratos
públicos con empresas que emplean a indocumentados y la negación de servicios
públicos.
A nivel federal, las acciones incluyen más redadas, más detenciones de
“fugitivos” de órdenes de deportación, y más detenidos. El 10 de agosto el
gobierno de George W. Bush anunció 17 iniciativas de control migratorio,
incluyendo la de la implementación más agresiva de un sistema para obligar a
patrones a cesar a indocumentados. El gobierno anunció que enviará cartas a
empleadores con listas de los trabajadores cuyos números de Seguro Social no
corresponden a su identidad. Después de un plazo de 90 días el gobierno obligará
a los patrones a cesar a todo empleado que no haya logrado comprobar un error.
Potencialmente, eso podría implicar millones de desempleados (se calcula que hay
aproximadamente 12 millones de indocumentados en el país).
A la vez, el gobierno también anunció planes para detener, encarcelar y
deportar a más inmigrantes incrementando su capacidad carcelaria para migrantes
a más de 31 mil.
La semana pasada Elvira Arellano, al salir de una iglesia en el centro de Los
Angeles, fue detenida después que varios autos no identificados como oficiales
rodearon la camioneta en que viajaba con su hijo Saúl de 8 años y otros
activistas de defensa de migrantes. El operativo, con unos 15 agentes
de migración, parecía diseñado para tomar por asalto a un criminal, comentaron
testigos. Pocas horas después fue deportada por ser considerada “una fugitiva”
de la ley, violando una orden de salir del país por el grave delito de haber
trabajado sin papeles en un aeropuerto. Su hijo es ciudadano estadunidense.
El diario Los Angeles Times reporta que la detención de
indocumentados “fugitivos” se ha acelerado a unos 675 por semana, junto con más
redadas en sitios de trabajo y otras medidas de “control” de la inmigración
“ilegal” en el país.
A la vez, este tipo de arrestos y redadas han dejado abandonados y
traumatizados a cientos de niños, que de repente son informados que sus padres
han sido detenidos, encarcelados y hasta deportados. Estos casos han ocurrido en
Massachussets, Colorado y varias entidades más por el país como resultado de
estas acciones. El Pew Hispanic Center calcula que hay unos 3.1 millones de
menores de edad en este país cuyos padres (por lo menos uno) son
indocumentados.
Mueren en los centros de reclusión de la migra
Por otro lado, el Washington Post reportó recientemente que más de
60 migrantes detenidos han perecido desde 2004 mientras estaban en poder de las
autoridades de migración. Casos recientes incluyen la muerte de Rosa Isela
Contreras Domínguez, una mexicana embarazada en un centro de detención en El
Paso, Victoria Arellano de 23 años mexicana que padecía sida en un centro de
detención en San Pedro California, y un brasileño Edgar Alves Araujo. Todos
fueron declarados como “incidentes tristes” por las autoridades migratorias. A
la vez, muchos detenidos padecen de condiciones médicas que no reciben atención
satisfactoria, o nada.
De hecho, miles de inmigrantes –con papeles o sin papales– son detenidos y
encarcelados, a veces durante meses y hasta años, bajo una ley federal que
permite que cualquier no ciudadano sea arrestado para ser deportado si ha
cometido un delito en Estados Unidos en cualquier momento, aunque haya sido hace
años y aunque haya cumplido una condena penal.
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