El Informe del NYT que causó la ira de Bush
NACIONALES - Thursday, June 29, 2006 14:33 por latribuna
EE.UU. accede en secreto a datos bancarios internacionales para luchar
contra el terrorismo
Por ERIC LICHTBLAU y JAMES RISEN
The New York
Times*
En el marco de un programa secreto del gobierno de Bush iniciado semanas
después de los ataques del 11 de septiembre, funcionarios de contraterrorismo
han obtenido acceso a los registros financieros de una vasta base de datos y han
examinado las transacciones bancarias de miles de estadounidenses y extranjeros
en Estados Unidos, según dijeron funcionarios del gobierno y de la
industria.
Según funcionarios del gobierno, el programa se limita a rastrear
transacciones de personas sospechadas de tener lazos con Al Qaeda, revisando los
registros del centro neurálgico de la industria bancaria mundial, una
cooperativa belga que direcciona diariamente 6 billones de dólares entre bancos,
bolsas de valores, agencias de bolsa y otras instituciones. Los registros
consisten básicamente en transacciones cablegrafiadas o usando otros métodos de
transferir dinero a través del océano y hacia adentro y afuera de los Estados
Unidos. La mayoría de las transacciones financieras de rutina confinadas a los
Estados Unidos no están en esta base de datos.
Considerado por el gobierno de
Bush como una herramienta vital, este programa ha jugado un secreto papel en las
investigaciones sobre terrorismo extranjero y doméstico desde 2001 y ha ayudado
en la captura de la figura más buscada de Al Qaeda en el sudeste asiático,
dijeron los funcionarios.
El programa, dirigido por la Agencia Central de
Inteligencia [CIA] y supervisado por el departamento del Tesoro 'nos ha
proporcionado una ventana única y poderosa a las operaciones de las redes
terroristas y es, sin duda, un uso legal y adecuado de nuestra autoridad,'
comentó Stuart Levey, subsecretario del departamento del Tesoro en una
entrevista dada el jueves.
Según Levey el programa se basa, en parte, en los
poderes económicos excepcionales [de emergencia] del presidente y se han
implementado múltiples salvaguardas para evitar cualquier búsqueda injustificada
en los registros de los estadounidenses.
El programa, sin embargo, es un
apartamiento significativo de la práctica usual del gobierno para obtener los
registros financieros de los estadounidenses. Los funcionarios del Tesoro no se
procuraron órdenes aprobadas por una corte o citaciones para examinar
transacciones especificas, sino que en su lugar usaron órdenes administrativas
muy generales para millones de registros de la cooperativa, llamada Swift.
Varios funcionarios comentaron que ese acceso a grandes cantidades de datos
confidenciales era algo muy fuera de lo corriente y que generó preocupación
dentro del gobierno sobre las cuestiones de legalidad y privacidad.
'El
potencial de esto es increíble o, dependiendo del lado en que uno esté,
preocupante,' comentó un antiguo e importante funcionario de contraterrorismo,
quien considera que el programa es valioso. Agregó que, si bien se han
implementado firmes controles, 'el potencial pera cometer abusos es
enorme.'
El programa está separado de los intentos de espionaje sin
órdenes judiciales y de recolección de registros telefónicos domésticos por
parte de la Agencia Nacional de Seguridad, operaciones que han provocado un
feroz debate público y generado acciones legales contra el gobierno y las
compañías de telecomunicaciones.
Pero todos los programas tienen sus raíces
en el deseo del gobierno de Bush de utilizar todas las herramientas tecnológicas
para prevenir otro ataque terrorista, y reflejan intentos de derribar las
barreras legales o institucionales que limitan el acceso del gobierno a
información privada sobre los estadounidenses y extranjeros dentro de Estados
Unidos.
Los funcionarios describieron el programa Swift como el mayor y el de
mayor alcance de varios serios y secretos intentos de rastrear el financiamiento
terrorista. Acuerdos con diversas compañías, mucho más limitados, han
proporcionado acceso a las transacciones en cajeros automáticos, compras con
tarjetas de crédito y pagos de Western Union cablegrafiados.
Unos 20
funcionarios del gobierno actual y del anterior, así como ejecutivos de la
industria, comentaron algunos aspectos de la operación Swift con el New York
Times, con la condición de permanecer anónimos, ya que estos programas siguen
siendo secretos. Algunos de estos funcionarios expresaron sus reservas sobre el
programa, diciendo que lo que consideraban una medida urgente pero temporaria,
que cinco años después se había vuelto permanente sin aprobación ni autorización
formal del Congreso.
Según Levey, los datos del consorcio bancario con sede
en Bruselas, conocido como Sociedad de Telecomunicaciones Financieras
Interbancarias Mundiales, les han permitido a agentes de la CIA, el FBI y otras
agencias examinar 'decenas de miles' de transacciones financieras.
Si bien
muchas de estas transacciones se han llevado a cabo en suelo extranjero, algunos
funcionarios han estado también muy interesados en las transferencias
internacionales de dinero realizadas dentro de los Estados Unidos por
individuos, organizaciones de caridad y otros grupos bajo sospecha. Una pequeña
fracción de los registros de Swift involucra transacciones hechas enteramente
dentro de Estados Unidos, pero funcionarios del Tesoro dijeron no saber si
alguna había sido examinada.
Según funcionarios del gobierno y la
industria, los ejecutivos de Swift por momentos se han sentido incómodos acerca
de su rol secreto. Hacia 2003 estos ejecutivos les habrían dicho a los
funcionarios estadounidenses que estaban considerando cancelar el convenio, que
había comenzado como una respuesta de emergencia a los ataques del 11 de
septiembre. Preocupados por las potenciales responsabilidades legales, los
ejecutivos de Swift sólo estuvieron de acuerdo en seguir proporcionando datos
después de la intervención de funcionarios de alto rango, incluyendo a Alan
Greenspan, en ese entonces presidente de la Reserva Federal. En ese momento se
introdujeron nuevos controles.
Según funcionarios del gobierno, entre las
salvaguardas se encuentra una firma auditora externa que verifica que las
búsquedas de datos estén basadas en pistas de inteligencia sobre sospechosos de
terrorismo. 'Esto no es una excursión de pesca,' dijo Levey. 'No estamos
simplemente encendiendo una aspiradora y chupando toda la información que
podemos.'
Tanto Swift como funcionarios del Tesoro dijeron no tener
conocimiento de que se hubieran producido abusos. Pero Levey, funcionario del
Tesoro, comentó que una persona había sido retirada de la operación por llevar a
cabo una pesquisa considerada inapropiada.
Funcionarios del tesoro comentaron
que las leyes estadounidenses que restringen el acceso del gobierno a registros
financieros privados no se aplican a Swift, porque la cooperativa es considerada
un servicio de mensajería, y no un banco o una institución
financiera.
Pero al principio de la operación abogados del Tesoro y del
Departamento de Justicia debatieron si el programa debía o no ajustarse a dicha
leyes, y concluyeron que no, según comentan personas que conocen este debate.
Sin embargo, varios expertos bancarios externos dicen que las leyes de
privacidad financiera son vagas y a veces contradictorias, y que el programa
plantea serios interrogantes legales y de política pública.
El gobierno de
Bush no ha ocultado su campaña para quebrar el financiamiento terrorista, y
tanto el presidente como funcionarios del Tesoro y otra gente han hablado
públicamente de esto. Sin embargo, funcionarios de este gobierno le pidieron al
New York Times que no publicara este artículo, argumentando que revelar el
programa Swift podría comprometer su efectividad. Consiguieron también que
varios funcionarios, antiguos y actuales, y tanto Demócratas como Republicanos,
defendieran el valor del programa.
Bill Keller, el director ejecutivo del
periódico, declaró: 'Hemos escuchado atentamente los argumentos del gobierno
para que esta información no sea revelada, y los hemos considerado seria y
respetuosamente. Seguimos convencidos de que, sin importar cuán cuidadosa pueda
ser la elección de los registros, el acceso extraordinario del gobierno a este
enorme repositorio de datos financieros es un asunto de interés
público.'
Levey estuvo de acuerdo en discutir esta operación secreta después
de que los editores del Times le comunicaran la decisión del periódico.
El
jueves por la noche Dana Perino, secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca,
declaró: 'Ya desde inmediatamente después del 11/9 el gobierno ha tomado todas
las medidas legales posibles para evitar otro ataque en nuestro país. Una de las
más importantes herramientas en la lucha contra el terrorismo es nuestra
capacidad para estrangular el financiamiento de los terroristas.'
Agregó:
'Sabemos que los terroristas prestan atención a nuestra estrategia para
combatirlos, y ahora tienen otra pieza del rompecabezas de como los estamos
combatiendo. También sabemos que adaptan sus métodos, lo que aumenta el desafío
para nuestros funcionarios policiales y de inteligencia.'
Refiriéndose a las
revelaciones hechas en diciembre por el New York Times del programa de espionaje
de la Agencia Nacional de Seguridad, dijo: 'Al presidente le preocupa que, una
vez más, el New York Times haya elegido revelar un programa secreto cuya función
es proteger a nuestros ciudadanos.'
Swift rehusó comentar detalles del
programa pero defendió su papel en respuestas escritas a las preguntas enviadas.
'Swift ha cumplido con todas las leyes pertinentes', dijo el consorcio. La
organización dijo que insistió en que los datos fuesen usados sólo para
investigaciones sobre terrorismo, y también que a lo largo del tiempo fueron
reduciendo el rango de informaciones que se les proporcionaba a los funcionarios
estadounidenses.
Un guardián crucial
La base de datos de Swift
proporciona a los investigadores del gobierno un rico territorio de caza. Swift
es un guardián crucial, ya que provee instrucciones electrónicas acerca de cómo
transferir dinero entre 7800 instituciones financieras en todo el mundo. Más de
2200 organizaciones son propietarias de la cooperativa, y sus servicios son
utilizados por virtualmente todos los bancos importantes así como por las
agencias de bolsa, administradores de fondos de pensión y bolsas de comercio.
Swift direcciona más de 11 millones de transacciones diarias, y la mayoría de
ellas cruzando fronteras.
El tráfico de mensajes de la cooperativa le permite
a los investigadores, por ejemplo, rastrear el dinero desde una cuenta de un
banco saudita de un supuesto terrorista a una mezquita en Nueva York. A partir
de pistas obtenidas de informes de inteligencia de blancos específicos los
agentes buscan en la base de datos, en lo que un agente describió como una
operación '24-7'. Según los agentes, pueden obtenerse los nombres de los
clientes, sus números de cuentas bancarias y otras informaciones
identificatorias.
Según funcionarios del Tesoro, los datos no permiten
rastrear la actividad financiera de rutina, como retiros de dinero de cajeros
automáticos, restringidos a Estados Unidos, o ver balances de cuenta. Y la
información no está disponible en tiempo real, sino que Swift la entrega, por lo
general, varias semanas después. Por cuestiones de privacidad y por su potencial
para que se con abusos, el gobierno utilizó los datos sólo para
investigaciones terroristas y prohibió su uso para investigaciones sobre evasión
impositiva, tráfico de drogas u otros.
En septiembre del 2001 el presidente
Bush encargó al Departamento del Tesoro que se pusiera a la cabeza de los
esfuerzos para quebrar el financiamiento terrorista. Según funcionarios, Bush ha
sido informado sobre el programa, y el vicepresidente Dick Cheney ha asistido a
demostraciones hechas por la CIA. La Agencia Nacional de Seguridad proporcionó
alguna asistencia técnica.
Según algunos funcionarios, si bien el programa
bancario se mantiene en el mayor secreto, los funcionarios del gobierno han
tenido secretas reuniones informativas con algunos miembros del Congreso y la
comisión del 11 de septiembre. En las últimas semanas se proporcionó información
a más abogados, después de que el gobierno se enteró de que el Times estaba
investigando para este artículo.
A la junta directiva, formada por 25
representantes de instituciones financieras de todo el mundo se le informó
previamente del programa. Los bancos centrales del grupo de los 10, en los
países más industrializados, que supervisan Swift, también fueron informados. No
es claro si otros participantes de la red saben que agentes de inteligencia
estadounidenses pueden examinar sus mensajes.
Como la central de Swift
está en Europa y tiene oficinas en Estados Unidos, el consorcio está regido por
leyes tanto estadounidenses como europeas. Son varias las leyes internacionales
que imponen restricciones a las compañías en cuestiones de privacidad, y en
general son consideradas más estrictas que las de este país. En Estados Unidos
la ley protege en alguna medida la privacidad de los datos financieros
estadounidenses, pero no completamente. Una medida de 1978, la ley del Derecho a
la Privacidad Financiera, tiene un alcance limitado y una cantidad de
excepciones, y su papel en casos de seguridad nacional no ha sido
suficientemente puesto a prueba.
Varias personas familiarizadas con el
programa de Swift dijeron creer que se estaba explotando una 'zona gris' de la
legislación y que hay razones legales para restringir el acceso del gobierno a
los registros, basadas en la Cuarta Enmienda y en cuestiones legales. También se
manifestaron preocupados sobre el impacto que tendría en Swift que el programa
fuese revelado.
'Siempre hubo preocupación acerca de este programa,' declaró
un antiguo funcionario.
Una persona comprometida en el programa Swift estimó
que los analistas habían revisados transferencias internacionales que
involucraban a 'muchos miles' de personas o grupos en Estados Unidos. Otros dos
funcionarios estimaron la cifra en miles. Levey dijo no poder estimar el
número.
Según los funcionarios, los datos de Swift proporcionaron pistas
sobre el rastro del dinero y los lazos entre los posibles terroristas y los
grupos que los financian. En algunas instancias el programa les ha proporcionado
nuevos sospechosos, mientras que en otros ha reforzado casos que ya estaban
siendo investigados.
Según varios funcionarios, entre los éxitos está la
captura de un agente de Al Qaeda, Riduan Isamuddin más conocido como Hambali,
quien se cree que ha sido el cerebro del atentado del 2002 a un resort en Bali.
Con los datos de Swift se identificó, en el sudeste asiático, a una figura
previamente desconocida que había tenido tratos financieros con una persona
sospechosa de ser miembro de Al Qaeda; esa conexión ayudó a localizar a Hambali
en Tailandia, en 2003.
En Estados Unidos, el programa aportó datos
financieros para las investigaciones sobre posibles células terroristas
domésticas así como para las averiguaciones sobre las organizaciones musulmanas
de caridad sospechadas de tener conexión con terroristas, comentaron los
funcionarios.
Los datos también ayudaron a identificar a un hombre en
Brooklin a quien se encontró culpable de actividades relacionadas con el
terrorismo. Según los fiscales, este hombre, Uzair Paracha, que trabajaba en una
empresa importadora, ayudó a un agente de Al Qaeda en Pakistán lavando 200000
dólares a través de un banco de Karachi.
En los juicios por terrorismo, los
agentes de inteligencia han tenido cuidad en 'depurar' o esconder el origen de
las pruebas recogidas mediante el programa, para poder mantenerlo secreto.
El
gobierno de Bush ha implementado medidas que podrían mejorar la situación legal
del programa Swift. A fines de 2004 el Congreso autorizó al Departamento del
Tesoro a elaborar leyes que fuercen a los bancos a entregar los registros de las
transferencias internacionales cablegrafiadas. Se dice que una versión
preliminar de estas reglas podría estar lista pronto. Un funcionario describió
estas leyes como un intento de 'formalizar' el acceso a la clase de información
que Swift proporciona secretamente, aunque otros funcionarios dijeron que la
iniciativa no tenía relación con el programa.
La lucha por nuevas
herramientas
Al igual que otras medidas antiterroristas del gobierno de
Bush, el programa Swift fue iniciado en los febriles días que siguieron a los
ataques del 11 de septiembre, mientras los funcionarios luchaban por identificar
nuevas herramientas para evitar otros ataques.
Una de las prioridades era
cortar el flujo de dinero hacia Al Qaeda. Los secuestradores aéreos del 11/9
habían ayudado a financiar su plan moviendo dinero a través de diversos bancos.
Por ejemplo, nueve de los secuestradores aéreos canalizaron dinero desde Europa
y Oriente Cercano a cuentas en el banco SunTrust en Florida, Estados Unidos.
Parte de los 130000 dólares que recibieron fueron cablegrafiados desde el
extranjero por personas cuyos lazos con Al Qaeda son conocidos.
Muchos
ejecutivos de compañías financieras que habían perdido amigos en el World Trade
Center estaban ansiosos por ayudar a los agentes federales a rastrear dinero
terrorista. 'Ellos ven el 11/9 no sólo como un ataque a los Estados Unidos, sino
también a la industria financiera en su totalidad,' comentó un antiguo
funcionario del gobierno.
Subrepticiamente, los funcionarios de
contraterrorismo buscaron ampliar la información que estaban obteniendo de las
instituciones financieras. Por ejemplo, un abogado que estuvo presente comentó
que funcionarios del Tesoro discutieron con las compañías de tarjetas de crédito
sobre cómo ser alertados cuando alguien tratara de comprar fertilizante y
dispositivos de relojería que pudieran ser usados para una bomba, pero se les
dijo que la idea era logísticamente imposible.
El FBI comenzó a obtener los
registros financieros de Western Union y de su compañía madre, la First Data
Corporation. Estos programas fueron mencionados en testimonios dados ante el
Congreso por el FBI en 2003, y fueron descritos con más detalle en un libro
publicado esta semana: 'La doctrina del uno por ciento', de Ron Suskind. Usando
lo que algunos funcionarios describieron como ordenes judiciales individuales y
muy específicas, el FBI obtuvo los registros de First Data, que procesa
transacciones con tarjetas de crédito y de débito, con el objeto de rastrear
actividades financieras y localizar sospechosos.
Según un funcionario, usando
órdenes judiciales similares con Western Union el FBI pudo rastrear
transferencias cablegrafiadas, principalmente hacia afuera de los Estados Unidos
y pudo ayudar a Israel a desbaratar aproximadamente media docena de planes
terroristas al desentrañar su financiamiento.
Según recordaron algunos
funcionarios, la idea del programa Swift nació de una sugerencia hecha por un
ejecutivo de Wall Street, quien le habló a un alto funcionario del gobierno de
Bush acerca de la base de datos de Swift. En el gobierno eran pocos los que
conocían algo sobre el consorcio, cuyo jefe es un nativo de Brooklyn, Leonard H.
Schrank, pero rápidamente descubrieron que les ofrecía un acceso sin precedentes
a las transacciones financieras internacionales. En palabras de una antiguo
funcionario del gobierno, Swift es 'el yacimiento principal, la piedra Rosetta'
para los datos financieros.
Los funcionarios de inteligencia estaban tan
ansiosos de usar los datos de Swift, que llegaron a considerar la idea de que la
CIA accediera al sistema encubiertamente, según comentaron varios funcionarios
involucrados. Pero los funcionarios del Tesoro se resistieron, prefiriendo
dirigirse abiertamente a Swift.
Según estos funcionarios, al mismo tiempo los
abogados del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia estaban
considerando los posibles obstáculos de este arreglo.
En 1976 la Corte
Suprema dictaminó que los estadounidenses no tienen derecho constitucional a la
privacidad de sus registros en bancos y otras instituciones financieras. En
respuesta a esto, dos años después el Congreso aprobó la ley del Derecho a la
Privacidad Financiera, restringiendo el acceso del gobierno a los registros
bancarios de los estadounidenses. Al considerar el programa Swift a algunos
abogados del gobierno les preocupaba la posibilidad de que la ley prohibiera a
los funcionarios acceder a los registros sin una orden judicial basada en algún
nivel de sospecha acerca del involucrado.
Por muchos años los servidores del
orden han utilizado órdenes aprobadas por una corte o por un jurado de acusación
[o Gran Jurado] para acceder a datos financieros. Desde el 11/9 el FBI ha
recurrido más frecuentemente a una orden administrativa, conocida como Carta de
Seguridad Nacional, para pedir esos registros.
Después de un debate inicial,
los abogados del Departamento del Tesoro, consultando con el Departamento de
Justicia, concluyeron que las leyes de privacidad se aplicaban a los bancos, y
no a una cooperativa bancaria como Swift. También dijeron que la ley protegía a
los clientes particulares y a las pequeñas compañías, pero no a las grandes
instituciones que direccionan dinero a través de Swift, en nombre de sus
clientes.
Hay otras regulaciones estatales, federales e internacionales
que restringen el acceso del gobierno a los registros financieros de formas
diferentes y que a veces entran en conflicto. Algunas son más severas con la
compañía que revela la información que con el gobierno que la pidió.
Entre
sus consideraciones los funcionarios estadounidenses veían que Swift estaba
dispuesto a colaborar en la operación. Pero Swift declaró que su participación
nunca fue voluntaria. 'Swift ha dejado claro que sólo podría proporcionar datos
contra la presentación de una orden válida', dice en su declaración
escrita.
Y es cierto que muy tempranamente los ejecutivos de la cooperativa
expresaron su preocupación acerca de las responsabilidades legales y
corporativas, según algunos funcionarios, tras lo cual la Oficina de Control de
Activos Extranjeros [dependiente del Departamento del Tesoro] comenzó a emitir
órdenes administrativas de amplia aplicación para obtener los registros de la
cooperativa relacionados con el terrorismo. Un funcionario comentó que el
propósito de las ordenes administrativas era dar a Swift algún tipo de
protección legal.
La base del análisis legal del gobierno era la ley de
Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que Bush invocó después de los
ataques del 11/9. Según los expertos legales, esta ley le da al presidente
amplia autoridad para 'investigar, regular o prohibir transacciones extranjeras'
como respuesta a una 'amenaza inusual y extraordinaria.'
Pero L. Richard
Fischer, un abogado de Washington que escribió un libro sobre privacidad
bancaria y es considerado un experto en esta área, dijo que le preocupaba que el
Departamento del Tesoro esté usando amplias órdenes administrativas para pedir
grandes cantidades de registros financieros para ser analizados. Según dijo,
este programa parece esquivar las leyes de privacidad bancaria que en general le
exigen al gobierno que pruebe que los registros de una persona o grupo
específico son relevantes para una investigación.
'Tiene que haber algún tipo
de proceso formal,' dijo Fischer. 'Como mínimo, me parece
inapropiado.'
Varios antiguos funcionarios dijeron que la preocupación por el
basamento legal de la operación Swift no era nueva. Según un funcionario, el
programa 'indiscutiblemente cumple con la letra de la ley, si no con su
espíritu.'
Otro funcionario dijo: 'Esto fue una cosa creativa. Nada estaba
claramente delimitado, porque nunca antes habíamos buscado información de esta
manera.'
Funcionarios del Tesoro dijeron que consideraban que la autoridad
del gobierno para obtener los datos de Swift mediante órdenes era clara. 'La
gente no tiene un interés en la privacidad en sus transacciones internacionales
cablegrafiadas,' comentó Mr. Levey, el subsecretario del Tesoro.
Búsqueda de controles más estrictos
A semanas del 11/9 Swift comenzó a entregar registros que les permitieron a
los analistas estadounidenses buscar evidencias de financiamiento terrorista.
Inicialmente no parece haber habido muchos límites formales para las búsquedas.
'Al principio obtenían todo- la base de Swift completa', dijo una persona
cercana a la operación.
Los agentes de inteligencia prestaron especial atención a las transferencias
realizadas hacia o desde Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos porque la
mayor parte de los secuestradores aéreos del 11/9 provenían de esos países.
Según algunos funcionarios el volumen de datos, especialmente al principio,
era frecuentemente abrumador. 'Abríamos todos los grifos que pudiéramos
encontrar y veíamos como era el agua que salía,' comentó un antiguo funcionario
del gobierno. 'A veces encontrábamos algo, pero muchas veces no encontrábamos
nada.'
Los funcionarios se dieron cuenta de la posibilidad de que se cometieran
abusos, y limitaron los blancos del programa e implementaron más salvaguardas.
Entre ellas estaban la firma auditora, un registro electrónico de cada búsqueda,
y el requerimiento de que los analistas involucrados en la operación
documentaran la inteligencia que justificaba cada búsqueda de datos. Levey dijo
que el programa sólo se uso para examinar los registros de individuos y de
entidades, pero no para búsquedas más amplias.
Según funcionarios, los ejecutivos de Swift estaban cada vez más preocupados
acerca de su interacción secreta con el gobierno estadounidense. El antiguo
funcionario del gobierno comentó que para 2003 funcionarios de la cooperativa
estaban considerando abandonar el programa por los posibles riesgos legales y
financieros en caso de que el programa fuera descubierto.
'¿Por cuánto tiempo puede continuar esto?' preguntó un ejecutivo de Swift,
según este funcionario.
Este convenio sin un límite temporal comenzó a ser cuestionado hasta por
funcionarios del gobierno. 'Pensaba que tenía una vida útil limitada y que en
algún momento se terminaría,' comentó el antiguo funcionario de alto rango.
En 2003 funcionarios del gobierno le pidieron a ejecutivos de Swift y a
algunos miembros del directorio que fueran a Washington. Allí se encontraron con
Greenspan, Robert S. Mueller III, director del FBI, y funcionarios del Tesoro,
entre otros, para ejercer lo que un funcionario describió como una 'intensa
presión'. Los auxiliares de Greenspan y Mueller no quisieron hacer comentarios
sobre estas reuniones.
Los ejecutivos sólo estuvieron de acuerdo en seguir proporcionando registros
después de que el gobierno se comprometiera a imponer controles más estrictos.
Varios funcionarios dijeron que se acordó que los representantes de Swift
trabajarían junto a los funcionarios de inteligencia y tendrían la posibilidad
de bloquear cualquier búsqueda que juzgaran inapropiada.
Un importante funcionario de contraterrorismo comentó que este cambio en los
procedimientos genero cierta oposición de la CIA porque 'estaban ansiosos por
tener un acceso irrestricto a la información.' Pero el Departamento del Tesoro
vio estas concesiones como un compromiso necesario para, según este funcionario,
'salvar el programa.'
Barclay Walsh contribuyó con informaciones para este artículo.
* Publicado originalmente en inglés en el NYT el 23 de Junio del 2006.
Fuente: http://www.nytimes.com/2006/06/23/washington/23intel.html
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