Desaparecidos de la guerra contra el terror
Por Jim Lobe
WASHINGTON, 8 jun (IPS) - El gobierno de Estados Unidos afronta ante la
justicia una demanda para que revele el paradero de al menos 39
detenidos-desaparecidos en el marco de su "guerra contra el terrorismo".
Las tres organizaciones de derechos humanos a cargo de la querella estiman
que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mantiene desde hace cinco años a
los desaparecidos en cárceles secretas.
El capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, el Centro de Derechos
Constitucionales y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad
de Derecho, de la Universidad de Nueva York, entablaron la demanda en el marco
de la ley de Libertad de Información.
Las tres organizaciones con sede en Nueva York sostienen que el gobierno
retiene documentos que pueden contribuir a conocer el destino de 39 detenidos-
desaparecidos y proporcionar datos sobre su paradero.
"Queremos saber dónde están esas 39 personas ahora y qué les pasó desde el
momento de su desaparición", señaló Joanne Mariner, a cargo de investigaciones
sobre terrorismo y antiterrorismo de la organización Human Rights Watch (HRW).
A pesar de no ser demandante, HRW contribuyó con un informe sobre el que se
basa el proceso, publicado el jueves, el mismo día en que se presentó la
querella.
"Ya es un grave abuso mantenerlas en prisiones secretas de la CIA. Y ahora
tememos que las puedan haber transferido a países donde pueden seguir en
cárceles secretas y más abusos", añadió.
El informe de 21 páginas, para que el que realizaron aportes también las
organizaciones Cageprisioners y Reprieve, ambas con sede en Londres, menciona la
identidad y otros datos de 39 personas desaparecidas tras su detención.
En su mayoría fueron apresados en Pakistán entre 2001 y 2005.
El documento "Off the Record" ("fuera de registro", en inglés) también
registra la detención de esposas o hijos, e incluso el caso de un bebé de seis
meses, de las personas que fueron apresadas.
Las seis organizaciones indicaron que se trata del listado más completo de
personas detenidas-desaparecidas que se haya compilado desde que Estados Unidos
declaró su guerra contra el terror en 2001.
"Nosotros no cuestionamos el deber del gobierno de proteger a las personas de
atentados terroristas", declaró desde Londres el director de investigaciones de
Amnistía, Claudio Cordone.
"Pero sí se cuestiona el secuestro de hombres, mujeres y hasta niños y el
hecho de mantenerlos en prisiones secretas privándolos de los derechos más
básicos de cualquier detenido. El gobierno de Estados Unidos debe terminar de
una vez por todas con esa práctica ilegal y moralmente repugnante", enfatizó.
Por su parte, la CIA se negó a confirmar o desmentir la veracidad de la
información de la investigación de las organizaciones de derechos humanos.
"Cuando se trata de la CIA y de la lucha antiterrorista, no faltan
acusaciones de inexactitudes", alegó el portavoz de la agencia, Paul Gimigliano.
"La verdad lisa y llana es que actuamos de acuerdo con la legislación
estadounidense y que nuestras iniciativas antiterroristas, sometidas a un
cuidadoso análisis y supervisión, han sido muy eficaces para desbaratar
conspiraciones y salvar vidas", añadió.
La publicación del informe coincide con una renovada polémica por varios
aspectos de las prácticas de detención del gobierno de George W. Bush.
Este viernes comenzó en la septentrional ciudad italiana de Milán el tan
esperado proceso en ausencia de 25 agentes de la CIA y del ex jefe de
Inteligencia de Italia por el supuesto secuestro de un imán en las calles de esa
ciudad en febrero de 2003.
El hecho se habría enmarcado en el programa de Washington de "entregas
extraordinarias", que consiste en la detención de un sospechoso en un país y su
entrega a las autoridades de otro donde la tortura y los tratos inhumanos son
habituales.
El imán Hassan Mustafa Osama Nasr fue trasladado a Egipto donde, según sus
relatos, fue torturado durante un interrogatorio antes de ser liberado bajo
arresto domiciliario.
En el ámbito local, la CIA también es cuestionada.
El mes pasado, la gubernamental Junta de Ciencia de la Interrogación publicó
un duro informe que cuestiona las técnicas violentas utilizadas por la agencia
porque no son efectivas y son contraproducentes.
Las organizaciones de derechos humanos las calificaron de tortura y el ex
asesor de la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice, Philip Zelikow,
las había considerado "inmorales".
Mientras, el Comité de Inteligencia del Senado publicó la semana pasada un
informe que cuestiona el valor del programa de interrogatorios y detenciones
secretas de la CIA.
Además, sugiere que la información de inteligencia obtenida por estos medios
no compensan la publicidad negativa ni evitan la recaudación de datos falsa.
Por último, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó la semana
pasada a una subsidiaria de la aerolínea Boeing, involucrada en el programa de
entregas extraordinarias de la CIA, en representación de un egipcio, un etiope y
un italiano trasladados a cárceles secretas donde habrían sido torturados.
Al igual que la tortura, las desapariciones forzosas violan varios tratados
de derechos humanos ratificados por Estados Unidos.
Esa práctica se inició con el conocido decreto "Nacht und Nebel" ("noche y
niebla"), del régimen nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
y fue muy utilizado por las dictaduras militares de América Latina en los años
70 para eliminar opositores.
El propio Bush reconoció por primera vez en septiembre de 2006 que la CIA
tenía prisiones secretas en varias partes del mundo.
Bush anunció entonces la transferencia de 14 presos destacados, incluido el
supuesto estratega de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva
York y Washington, Khalid Sheikh Mohammed, de una cárcel de la CIA al centro de
detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.
Cientos de supuestos terroristas habrían sido detenidos y trasladados en el
marco del programa de entregas extraordinarias, aunque la mayoría de ellos
enviados luego a Guantánamo, liberados o habrían corrido otra suerte, según las
explicaciones oficiales.
El informe reagrupa en tres categorías a las 39 aún desaparecido. Tres de
ellos pertenecen al grupo de los que Estados Unidos en algún momento reconoció,
a nivel oficial, haber detenido, de otros 18 hay pruebas sólidas, incluidos
testimonios de testigos, de que permanecieron en prisiones secretas.
Del resto existe alguna prueba de que están en algún centro de detención
secreto.
La mayoría de esas personas habrían sido originalmente detenidas en Pakistán.
Figuran ciudadanos de Egipto, Kenia, Libia, Marruecos y España. También se
habrían realizado secuestros en Irán, Iraq, Somalia y Sudán.
Respecto de los casos en que familiares de presuntos terroristas habrían sido
detenidos, el informe señala que algunos fueron liberados y otros no aparecen.
Los hijos de siete y nueve años de Khalid Sheikh Mohammed habrían sido
apresados por las fuerzas de seguridad pakistaníes en septiembre de 2002. Y una
vez que él fue secuestrado, según el informe, los niños fueron utilizados por la
CIA para "obligar al padre a cooperar con Estados Unidos"
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