26 de enero de 2007
Gilberto López y Rivas
Crímenes de guerra de EU en Irak
En octubre del año pasado se presentó el informe Crímenes de
guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y mecanismos de
responsabilidad, preparado por la abogada especializada en derechos humanos
Karen Parker, presidenta de la Asociación de Abogados Humanitarios con sede en
San Francisco, California. Este documento publicado electrónicamente por
numerosas organizaciones estadunidenses que se manifiestan en contra de la
guerra y la ocupación de Irak constituye un extraordinario alegato jurídico que
de llegar a sus últimas consecuencias llevaría ante una corte internacional al
propio George W. Bush, comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias de
Estados Unidos, y a sus generales, por genocidas y criminales de guerra.
El informe parte de la hipótesis de que la actual violencia de la guerra y el
caos que reinan en Irak son resultado de la ilegalidad de la invasión, ocupación
del país y de las estrategias, tácticas y armamento utilizados para mantener
dicha ocupación. Asimismo documenta fehacientemente estas transgresiones y
convoca a los estadunidenses a exigir una investigación para enjuiciar a los
dirigentes civiles y militares que violan leyes internacionales y las propias
leyes de Estados Unidos.
Contrario al argumento del Pentágono de que los abusos y las violaciones a
las leyes humanitarias en Irak son perpetrados por unas cuantas "manzanas
podridas" identificables en los ejércitos de ocupación británico y
estadunidense, sostiene que la esencia misma del inicio de la guerra, los
bombardeos, las decisiones tomadas desde la cúspide de la jerarquía civil y
militar para conquistar Irak en 2003, así como la actuación de las fuerzas
ocupantes hasta la fecha, los evidentes fracasos para reconstruir y garantizar
la infraestructura civil y social básica y la seguridad pública, el armamento y
tácticas de combate a la resistencia, el inhumano trato a hombres, mujeres,
ancianos y niños, constituyen crímenes de guerra que integran un contexto
general en el que actúa toda la cadena de mando, desde generales a soldados
rasos.
El trabajo inicia con una revisión de la ley humanitaria internacional que
cubre una amplia variedad de instrumentos legales: las Convenciones de Ginebra
de 1949 (de la I a la IV) y sus protocolos adicionales (I y II), varias
resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre Crímenes de Guerra y Contra
la Humanidad, la Convención de Hague, que entre otros temas y disposiciones
refieren a los derechos de combatientes enfermos y heridos; los derechos de
prisioneros de guerra; los derechos de civiles y su protección en conflictos
armados; la prohibición de tipos específicos de armamento, los derechos de
fuerzas combatientes y beligerantes, etcétera.
Existen tres ramas de la ley humanitaria moderna que rige: 1. La
conducta en combate. 2. El tratamiento de las personas afectadas por la
guerra. 3. El uso de armas especiales. Estas leyes prohíben, por
ejemplo, los ataques a centros de población civil indefensa, edificios dedicados
a la religión, educación, arte y cuidados médicos. No está permitido el pillaje,
la toma de rehenes, represalias contra los civiles, las órdenes de no dejar
supervivientes, los ataques a hospitales, ambulancias, almacenes de comida,
medicinas, presas, instalaciones nucleares y otras que puedan crear un peligro
para la población civil. El personal médico no puede ser blanco de ataques ni
puede ser juzgado criminalmente por realizar sus tareas. La tortura, incluyendo
violaciones o tratamiento inhumano, está prohibida en todas las situaciones. Las
partes del conflicto deben ocuparse de heridos y muertos. Están prohibidas
armas especiales o no convencionales como nucleares,
bacteriológicas, biológicas o tóxicas de cualquier tipo, tales como las
municiones con uranio empobrecido ampliamente utilizadas en esta guerra.
El informe da cuenta para el caso de Irak de crasas, permanentes y crónicas
violaciones a todas las regulaciones descritas y aquellas que rigen las
obligaciones básicas de un poder ocupante. Basta revisar someramente la prensa
internacional dedicada a la guerra en este país y aun la controlada por los
censores de las fuerzas armadas estadunidenses y británicas, para enumerar la
larga lista de transgresiones al orden jurídico internacional y aun al propio
Código de Estados Unidos sobre Crímenes de Guerra, sección 2441, que estipula la
responsabilidad de quienes dentro o fuera del país violan las convenciones
internacionales firmadas por Washington en Ginebra el 12 de agosto de 1949, así
como los protocolos a dicha convención.
El informe va más allá de las posiciones que en el interior de Estados Unidos
sostienen una actitud ambivalente con respecto al derecho a la resistencia del
pueblo iraquí al afirmar que los "civiles de un país ocupado no tienen
obligación de lealtad al poder ocupante" y todo civil que toma las armas contra
los invasores pierde su calidad de "civil", pero adquiere los derechos y
obligaciones de combatiente, tales como ser considerado, en caso de ser
detenido, como "prisionero de guerra". La Convención de Ginebra reconoce el
estatus de "combatientes" a las personas que espontáneamente toman las armas
frente al enemigo", ya que de acuerdo con el principio de autodeterminación y
las leyes que lo rigen "un pueblo tiene derecho a resistir, con la fuerza si es
necesario, a un ocupante extranjero." El documento critica el uso del término de
"terrorista" o "insurgente", aplicado indiscriminadamente por los medios y los
invasores, y reitera que el pueblo iraquí mantiene su derecho a la resistencia
hasta que los poderes ocupantes abandonen su país. Meritorio y valiente informe:
www.consumersforpeace.org.
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