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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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(Nuevo)
03-15-11

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Cómplices, el fiscal general Alberto Gonzales y el ex director de la CIA George Tenet

Abogados demandan en Alemania a Rumsfeld por torturas a presos en Irak y Guantánamo

AFP, REUTERS
15 de noviembre 2006

Foto: Reuters
Janis Karpinski, ex general de brigada estadunidense (izquierda), escucha en Berlín a Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, durante la rueda de prensa en que se informó de la demanda contra Rumsfeld. A la derecha, el abogado Wolfgang Kaleck Foto: Reuters
Foto: Ap
Fotografía de archivo de Donald Rumsfeld
Foto: Ap

Berlín, 14 de noviembre. Un grupo internacional de abogados entabló hoy una demanda contra el secretario saliente de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, ante la fiscalía federal general de Alemania, por su presunto papel en los casos de torturas contra prisioneros en Irak y en la base naval estadunidense de Guantánamo, en Cuba.

El ex consejero de la Casa Blanca y actual fiscal general (secretario de Justicia), Alberto Gonzales, el ex director de la CIA George Tenet y otros funcionarios de alto rango fueron acusados de complicidad.

La requisitoria, un documento de 220 páginas, fue enviada en Karlsruhe a la procuradora general federal de Alemania, Monika Harms, precisó Hannes Honecker, directivo de la Asociación de Abogados Republicanos, una de las entidades que apoyan la demanda judicial.

Una ley alemana permite el procesamiento de casos originados en cualquier parte del mundo.

Presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), la demanda fue puesta en nombre de 11 ex detenidos de la prisión iraquí de Abu Ghraib y de Mohammed Qahtani, un saudita detenido de Guantánamo, cuyo interrogatorio fue difundido públicamente.

En 2004, el CCR depositó una demanda idéntica ante la Fiscalía Federal alemana, en nombre del principio de jurisdicción universal, que permitió acciones en España contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La fiscalía rehusó entonces abrir una investigación al estimar que Estados Unidos no había renunciado definitivamente a perseguir a los encausados.

"No espero que (Rumsfeld) vaya a la cárcel. Pero pienso que debería", indicó Pete Weiss, del CCR, durante la presentación de la demanda. "En lo que a mí concierne, y mis compañeros están de acuerdo, sería satisfactorio que pasara el resto de su vida avergonzado", indicó.

El presidente del CCR, Michael Ratner, afirmó que cree que esta vez tendrán más posibilidades de éxito ya que Rumsfeld ha dimitido y por tanto no podrá ejercer tanta "presión política". Añadió que tienen más pruebas que en 2004 y citó el caso de Mohammed Qahtani, de Arabia Saudita.

"Qahtani era un hombre que Estados Unidos decía que pertenecía a Al Qaeda, que está en Guantánamo y se han descubierto las torturas que ha sufrido durante dos meses", afirmó Ratner a la BBC.

Los abogados alegan que Rumsfeld aprobó personalmente el uso de la tortura para extraer información de los prisioneros.

Por su parte, el vocero del Pentágono, Bryan Whitman, dijo a la prensa estadunidense que "basado en lo que sé de los informes de prensa, ciertamente que esto me suena frívolo", y afirmó que las personas involucradas en los abusos contra los prisioneros islámicos ya fueron castigadas.

El CCR señaló que los demandantes fueron víctimas de golpes, privación de alimentos y sueño, así como abuso sexual.

La requisitoria pide a la fiscal general Harms que abra una investigación y un posterior proceso penal para establecer la responsabilidad de altos funcionarios de Estados Unidos en presuntos crímenes de guerra, en el contexto de la lucha contra el terrorismo impulsada por el gobierno del presidente George W. Bush.

Rumsfeld renunció la semana pasada, después que los republicanos perdieron el control del Congreso frente a los demócratas en las elecciones legislativas del 7 de noviembre pasado, pero permanecerá en el cargo hasta que su sucesor, el ex jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Robert Gates, sea confirmado por el Senado.

Los prisioneros de Abu Ghraib y de Guantánamo son representados por el abogado berlinés Wolfgang Kaleck.

Gita Gutiérrez, abogada del CCR que tiene el caso de Qahtani, señaló que su cliente fue objeto de abusos y torturas, tanto físico y mental, autorizados por Rumsfeld.

El grupo internacional de abogados presentó como testigo a la ex general de brigada estadunidense Janis Karpinski, quien fue responsable de varios centros de detención en Irak, incluyendo Abu Ghraib, donde se tomaron fotos mostrando a prisioneros humillados y maltratados, escándalo que salió a la luz pública en abril de 2004.

"Creo que es mi obligación transmitir la verdad sobre lo que vi y lo que experimenté en Irak", declaró la militar en la conferencia de prensa.

Sin embargo, Rumsfeld está cobijado en Washington ya que el pasado 17 de octubre el presidente George W. Bush promulgó la ley que autoriza el uso de la tortura y anula el derecho de habeas corpus para los que sean designados enemigos por el gobierno de Estados Unidos.

La llamada Ley de Comisiones Militares de 2006 autoriza un programa de interrogatorios de detenidos por la CIA y otras dependencias gubernamentales y su fiscalización ante nuevos tribunales militares, conocidos como "comisiones".

Sin embargo, críticos ­incluso abogados militares, ex altos oficiales militares, diplomáticos y defensores de derechos civiles y humanos­ han denunciado que la ley en efecto legaliza la tortura y anula el antiguo derecho fundamental de habeas corpus (protección del arresto arbitrario).

Pero Bush declaró en esa ocasión que la ley "salvará vidas estadunidenses" y la caracterizó de medida sumamente importante en la "guerra contra el terror", la cual "permite que la CIA continúe con su programa de interrogar a líderes y operativos terroristas clave".


 

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