Revolución
#104, 14 de octubre de 2007
Una vez más, torturadores y mentirosos comprobados
George Bush es torturador y un mentiroso comprobado. El gobierno de Estados
Unidos es torturador y mentiroso. Otra vez los han agarrado con las manos en la
masa, torturando y mintiendo descaradamente.
El 4 de octubre, el New York Times dio a conocer memos secretos del
Departamento de Justicia del 2005 que autorizan la tortura: una descarga de
tratamiento doloroso, cruel, degradante y dañino. Entre las cosas que el
gobierno de Bush les ha hecho a los detenidos, y que el Departamento de Justicia
ha autorizado, están darles golpes a la cabeza, someterlos al “submarino”
(“verter agua sobre la cara de un detenido esposado con una tela sobre la cara
para darle la sensación de que se está asfixiando”, como lo describe el New York
Times), desnudarlos en las celdas en temperaturas heladas, privarles de sueño
durante días y tocar música rock a un volumen insoportable, esposarlos por mucho
tiempo en posiciones dolorosas o dañinas. Y eso es lo que se sabe. No cabe duda
alguna de que han cometido otras atrocidades de las que ni siquiera sabemos
todavía. Los memos de Bush justifican aplicar esos métodos crueles uno tras
otro, o al mismo tiempo.
No hay ningún desacuerdo judicial —ni mucho menos moral o político— sobre
esto: es, pura y simplemente tortura. Y la tortura es un crimen de guerra. Es un
incumplimiento descarado del Convenio de Ginebra que prohibe tratamiento “cruel,
infrahumano y degradante”. Es un incumplimiento descarado del derecho
estadounidense, porque el gobierno de Estados Unidos es signatario del Convenio
de Ginebra.
Pero nada de eso ha impedido que Bush y sus fieles torturadores mientan de
manera descarada al respecto. “Este gobierno no tortura”, dijo Bush después de
que salió el artículo del New York Times. Aquí hay un patrón. En diciembre del
2004, en una opinión judicial, el Departamento de Justicia dijo públicamente
—tras un escándalo por la revelación de que había memos de Bush que autorizaban
la tortura si no afectara a órganos vitales o si el torturado no muriera— dijo:
“Tanto el derecho y los valores estadounidenses como las normas internacionales
detestan la tortura”. Ahora resulta que un par de meses después de eso, después
de que Alberto Gonzales tomó las riendas del “Departamento de Justicia”, en
febrero del 2005, él y otros abogados del gobierno redactaron inmediatamente
documentos secretos que, según el New York Times, justifican la tortura y que
permanecen vigentes hasta la fecha.
Aquí hay un patrón: cada vez que desenmascaran sus métodos y estalla un
escándalo político, mienten descaradamente y a veces dicen que han abandonado
las peores prácticas, mientras que en secreto hacen lo necesario para que
continúen. En el 2005, después de que el Congreso aprobó la Ley sobre el
Tratamiento de Detenidos que prohibe el tratamiento “cruel, infrahumano y
degradante”, y otra vez en el 2006, después de que la Suprema Corte decidió que
el Convenio de Ginebra aplica a los presos de guerra de Al Qaeda, el gobierno de
Bush aparentemente suspendió por un breve rato ciertas actividades. Pero
enseguida mandó a sus abogados justificar la tortura con el cuento de que esas
prácticas no son una violación del derecho estadounidense, para poder continuar
la tortura y mantener los centros de detención secretos conocidos como “lugares
negros”.
Por su parte, el Congreso y los tribunales no han hecho nada para parar eso,
salvo aprobar una que otra ley para lavarse las manos, y para engañar al público
y hacer pensar que se está remediando la situación y que el sistema funciona.
Pero en realidad todo eso demuestra que este es un sistema que tortura y que se
basa en la tortura.
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