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Senador del Comité Judicial llama a crear una comisión independiente para
investigar
Bush tenía preparado un virtual estado de excepción para EU
Divulgan documentos del gobierno anterior que justifican la supresión de
derechos constitucionales
Tenía el Ejecutivo poder para imponer una ley marcial; ciudadanos y expertos
apoyan la indagatoria
David Brooks
Corresponsal
La Joranda
5 de marzo de 2009
Nueva York, 4 de marzo. El gobierno de George W. Bush había preparado
un estado de excepción, en el cual el Ejecutivo consideraba suprimir garantías
constitucionales fundamentales, entre ellas la libertad de expresión, revelación
que nutrió llamados de algún tipo de comisión de la verdad para investigar
abusos sin precedente del régimen recién concluido.
El senador demócrata Patrick Leahy convocó hoy una audiencia del Comité
Judicial que él preside, para evaluar la necesidad de crear una comisión de la
verdad no partidista que investigue potenciales abusos y violaciones
constitucionales del gobierno de Bush.
No deberíamos temer a descubrir lo que hemos hecho, a hacernos rendir cuentas
igual como lo hacemos con otros países que cometen errores, afirmó Leahy.
Necesitamos llegar al fondo de lo que ocurrió y el porqué. La razón de hacerlo
es para que nunca suceda de nuevo.
El representante demócrata John Conyers, jefe del Comité Judicial de la
Cámara, también ha impulsado una iniciativa para establecer algo parecido. Y
según una encuesta de USA Today/Gallup realizada en febrero, 62 por ciento de
los estadunidenses apoya una investigación criminal o independiente sobre estos
abusos.
Por supuesto, las propuestas enfrentan una feroz oposición de líderes
republicanos que afirman que sólo sería una cacería de brujas partidista.
Desde que ocupó la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ha repetido que
prefiere fijarse en el futuro y no iniciar una prolongada investigación de todos
los potenciales abusos del Poder Ejecutivo en los últimos ocho años. Sostiene
que es mejor corregir estas políticas a partir de ahora, lo cual empezó a hacer
al prohibir la tortura y suspender una serie de órdenes ejecutivas ligadas a
estas prácticas de su antecesor entre sus primeros actos como presidente. Pero
Obama y su procurador general Eric Holder también han señalado que buscan ser
más transparentes.
Así, este lunes el gobierno de Obama divulgó nueve memorándums de la oficina
legal del Departamento de Justicia en los que se revelan justificaciones legales
para otorgar al Ejecutivo el poder de ordenar acciones militares dentro de
Estados Unidos contra terroristas, la facultad de intervenir comunicaciones de
ciudadanos sin autorización judicial, la supresión de la Cuarta Enmienda de la
Constitución, que protege a ciudadanos de cateos y registros de personas sin
previa autorización judicial, la supresión de la Primera Enmienda, que garantiza
libertad de expresión, incluidos medios, la autoridad unilateral para abrogar
tratados internacionales e ignorar las Convenciones de Ginebra y emplear la
tortura en interrogatorios, entre otras medidas.
El memorándum fechado 23 de octubre de 2001, redactado por el entonces
subprocurador general John Yoo en respuesta a una solicitud del entonces abogado
de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, y al abogado del entonces secretario de
Defensa Donald Rumsfeld, concluyó que no existían restricciones legales al uso
de las fuerzas armadas dentro del país en operaciones antiterroristas.
Yoo ofreció la justificación que se empleó para casi toda medida de seguridad
nacional del gobierno de Bush:guerra contra el terrorismo. Argumentó que como el
país está en un conflicto armado, las reglas legales y constitucionales que
rigen operaciones de seguridad pública, como la Cuarta Enmienda, ya no son
aplicables. Las fuerzas armadas, afirmó, podrían ser empleadas contra objetivos
civilesdentro de este país, como edificios residenciales, de oficinas, naves y
más donde se sospecha la presencia deterroristas.
En este mismo documento, se afirma que el presidente podría suspender la
libertad de expresión e imponer controles sobre los medios de comunicación. Los
derechos de expresión y de prensa de la Primera Enmienda también podrían ser
subordinados a la necesidad superior de llevar a cabo exitosamente la guerra,
escribió Yoo.
Otros memorándums escritos por Yoo y Jay Bybee, también de la oficina de
asuntos legales del Departamento de Justicia, afirman que el presidente tiene el
poder para encarcelar de manera indefinida y sin cargos a ciudadanos
estadunidenses, y uno fechado el 13 de marzo de 2002, redactado por Bybee,
sostiene que Bush podía ignorar las Convenciones de Ginebra y el tratado
internacional contra la tortura.
Poco antes del fin del régimen de Bush, la misma oficina que elaboró los
documentos refutó todas estas justificaciones legales, al afirmar que yano
reflejan las opiniones del Departamento de Justicia. Uno de los memorándums
divulgados el lunes tiene fecha del 6 de octubre de 2008 y otro cinco días antes
del fin de ese gobierno: el 15 de enero de 2009. No ofrecen ninguna explicación
de por qué se esperó hasta los últimos días del gobierno de Bush para retirar
estas justificaciones legales.
El memorándum más controvertido de todos, aunque ya conocido, fue el del
primero de agosto de 2002 de Yoo, y fue el que legalizó la tortura. Por cierto,
el lunes la CIA reconoció que había destruido 92 videograbaciones de
interrogatorios en los que se empleó la táctica de tortura conocida
comowaterboarding.
Yoo continúa como profesor de leyes en la Universidad de California, en
Berkeley, mientras que Bybee es juez federal, y críticos piden ahora el despido
del primero y la destitución del segundo.
Que no se repita
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, afirma
que esto comprueba que hubo un asalto contra el régimen de ley en el
país.Crímenes de guerra, crímenes terribles de tortura y abuso, fueron
conscientemente cometidos por altos integrantes de nuestro gobierno y la única
manera de asegurar que no se repita, y demostrar al mundo de que somos sinceros
en nuestro deseo de evitar que ocurra de nuevo, es fiscalizar a la gente
responsable.
Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional en
Washington, dijo a Newsweek que estos documentos demuestran que ya
desde octubre de 2001 estaban intentando construir un régimen legal que
básicamente permitiría la imposición de la ley marcial.
Marjorie Cohn, profesora de leyes y presidenta del Gremio Nacional de
Abogados, organización de abogados progresistas, señaló que según el
razonamiento en los memorándums, el Congreso no tenía ningún papel en limitar y
balancear al Ejecutivo. Esa es la definición de un Estado policiaco.
Diversos abogados como Ratner y hasta ex diplomáticos y ex altos oficiales
militares, apoyan la idea de una comisión de la verdad. Ante las pruebas
creíbles de que altos funcionarios del gobierno de Bush autorizaron la tortura,
un crimen contra la humanidad, lo mínimo que deberemos hacer es llevar a cabo
una investigación seria e independiente, afirmó David Cole, profesor de leyes de
la Universidad de Georgetown al New York Times.
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