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II: Proyecto Censurado 2008
Bush pretendió convertirse en un dictador militar
Frank Morales
20 de marzo de 2008
Ya son muchos los investigadores, analistas e intelectuales que
ven los signos patentes que los Estados Unidos se inclinan poco a poco, a una tendencia
fascista del poder, que se manifiesta por una violación de los derechos
civiles y la dominación del complejo militaro-industrial. La investigación a
continuación de Frank Morales nos aclara un poco más el panorama. Su trabajo
hace parte de las 25 noticias más importantes censuradas por la prensa
comercial. Que Bush pretendió convertirse en un dictador militar no significa
que las
fuerzas ocultas que dirigen ese país hayan abandonado el proyecto.
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Bush firmó silenciosamente la Ley de Autorización de Defensa 2007 (Defense
Authorization Act of 2007) el 17 de octubre de 2006, conjuntamente con la Ley de
Comisiones Militares (Military Commissions Act,), a fin de facultar al
Presidente para movilizar tropas militares adonde desee, dentro de Estados
Unidos, e incluso tomar el control de las bases y unidades estadales de la
Guardia Nacional, todo esto sin requerir el consentimiento del gobernador del
Estado, ni de las autoridades locales, y con el fin de «suprimir desórdenes
públicos».
Revisando los dos siglos de vigencia de la Ley de Insurrección (Insurrection
Act), la nueva legislación efectivamente abroga la Ley Posse Comitatus, que
prohíbe terminantemente la participación militar en la aplicación de la ley
doméstica. Esta norma de 1878 expresa que «excepto en casos y circunstancias
expresamente autorizadas por la Constitución o por el Congreso, quienquiera que
utilice voluntarios de cualquier rama del Ejército o de la Fuerza Aérea en
tareas de policía o resguardo de la ley será multado bajo este título o
encarcelado por dos años, o ambas».
Como el único estatuto criminal de EEUU que proscribe las operaciones
militares dirigidas contra ciudadanos estadounidenses, la Ley Posse Comitatus ha
sido nuestra mejor protección contra la tiranía fundamentada en leyes marciales,
el sistema áspero de normas que se ponen en práctica cuando los militares toman
el control de la administración normal de justicia.
Históricamente, la ley marcial ha sido impuesta por varios gobiernos durante
tiempos de guerra u ocupación para intensificar el control de la población sin
tomar en cuenta el aumento del malestar. En épocas modernas ha sido utilizada
más comúnmente por gobiernos autoritarios para hacer cumplir reglas
impopulares.
La Sección 333 de la Ley de Autorización de Defensa de 2007, titulada
«Importantes emergencias públicas y su interferencia con el estado y la ley
federal», indica que «el presidente puede emplear las fuerzas armadas,
incluyendo la Guardia Nacional y los servicios federales para restaurar el orden
público y hacer cumplir las leyes de Estados Unidos cuando, como resultado de un
desastre natural, epidemia, u otra emergencia seria de salud pública, o ataques
o incidentes terrorista, u otra condición en cualquier estado o posesión de
Estados Unidos, el presidente determinará que ha ocurrido violencia domestica
hasta un punto en que las autoridades constituidas del estado o de la posesión
son incapaces (o "rechazan" o "fallan") de mantener el orden público a fin de
suprimir, en cualquier estado, cualquier insurrección, violencia doméstica,
asociación ilegal o conspiración».
Así, una simple ley del Congreso anula el Acta Posse Comitatus y pavimenta el
camino hacia un estado policial, concediendo «legalmente» al presidente la
facultad omnímoda de inundar las calles de EEUU con tropas federales y dirigir
operaciones militares contra los ciudadanos estadounidenses bajo la fachada de
la «imposición de la ley».
El Acta de Autorización de Defensa concede al Pentágono 532,8 mil millones de
dólares para la puesta en práctica del nuevo estatuto que además facilita la
militarización de la policía contra manifestantes llamados «ilegales
extranjeros», «terroristas potenciales» y otros «indeseables» para detenerlos en
nuevas prisiones ya contratadas y en proceso de construcción (véase Proyecto
Censurado 2007, historia N° 14) y permite al Pentágono transferir a las unidades
de policía local armamento de última tecnología diseñado para suprimir
disidentes.
El periodista Frank Morales observa que a pesar de la naturaleza impactante y
sin precedentes de esta ley, no ha habido protestas en los grandes medios norte
americanos y poca reacción de nuestros legisladores elegidos para el Congreso.
El 19 de septiembre de 2007, un senador solitario –Patrick Leahy, demócrata
de Vermont– observó que la Ley de Autorización de Defensa 2007 contiene "una
disposición extensamente opuesta a no prohibir al presidente más «control sobre
los cambios de la Guardia Nacional, al adoptar cambios de la Insurrection Act
que harán más fácil que éste o cualquier presidente futuro utilice a los
militares para restaurar el orden doméstico sin el consentimiento de los
gobernadores de la nación».
Algunas semanas después, el 29 de septiembre, durante el trámite de la nueva
ley en el Congreso, Leahy manifestó que tenía «graves reservas sobre ciertas
provisiones para el ejercicio del Año Fiscal 2007 demandadas por la Ley de
Autorización de Defensa», cuyo contenido –dijo– resulta «subversivo para el
sólido estatuto de muchos años de la Ley Posse Comitatus que prohíbe la
incursión de los militares en la aplicación de la ley interna, haciendo de este
modo más fácil que el presidente declare la ley marcial».
Leahy dijo que
esta derogación de la Posse Comitatus «había sido deslizada» en la ley «como una
añadidura muy poco estudiada», mientras «otros comités del Congreso con
jurisdicción sobre estas materias no tuvieron ninguna ocasión de comentar o
debatir esta legislación».
«Las consecuencias de un cambio de la Ley [Posse Comitatus] son enormes»,
observó Leahy. «Hay una buena razón –dijo– para que la fricción constructiva
existente en la ley devenga en una declaración de la ley marcial».
Utilizar
a los militares para la aplicación de la ley doméstica va contra uno de los
grandes principios fundamentales de nuestra democracia. Cuando hacemos más fácil
que el Presidente declare la ley marcial, atropellamos la soberanía local y de
los estados, fallamos nuestra Constitución y descuidamos los derechos de los
estados”
El periodista Frank Morales afirma que «es particularmente irritante que el
presidente Bush haga preparativos al efecto de declararse a sí mismo como
dictador... en una coyuntura en que las encuestas muestran su punto más bajo de
la historia... y con los demócratas tomando el control del Congreso”.
Actualización de Frank Morales
El 24 de abril de 2007, el Mayor General Timothy Lowenberg, general adjunto
de la Guardia Nacional en Washington y director del departamento militar de
Washington, atestiguó ante el comité judicial del senado sobre el añadido a la
legislación que modifica la Ley de Insurrección y el control de los estados
sobre la Guardia Nacional ("The Insurrection Act Rider and State Control of the
National Guard").
Lowenberg habló contra la sección 1076 de la recientemente aprobada –en 2007–
Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act
(NDAA), que el Presidente Bush firmó reservadamente como ley el 17 de octubre de
2007. La ley abre el camino para que el Presidente, en el evento de una
declaración ejecutiva de «emergencia pública», ejecute la ley marcial, comande
las unidades de la Guardia Nacional a través del país y autorice unilateralmente
operaciones militares contra ciudadanos estadounidenses.
Esta movida hacia la ley marcial, que se entiende como facilitadora de
medidas más eficaces de contra insurgencia en el frente doméstico, ocurrió,
según Lowenberg, «sin ninguna audiencia o consulta con los gobernadores y sin
ninguna articulación o justificación de la necesidad».
Esto, a pesar del hecho de que la sección 1076 de la nueva ley «cambió más de
100 años de relaciones estado-federales y civil-militares establecidas y
equilibradas cuidadosamente. En otras palabras –dijo el general–, con un
golpetazo de bolígrafo fueron cambiados cientos de años de ley y de política sin
ningún conocimiento público o privado al autor o proponente de este cambio.»
Este «Plan federal para la implementación de la autoridad ampliada de la Ley
Marcial» ("Federal Plans for Implementing Expanded Martial Law Authority) será
ejecutado a través del recientemente creado comando militar doméstico, el
Comando Norte (Northern Command) o NorthCom. «Una asunción dominante del
planeamiento de USNorthCom –dijo Lowenberg– es que el Presidente invocará los
nuevos poderes de la Ley Marcial si concluye que el estado o las autoridades
locales no poseen la voluntad o la capacidad suficiente para mantener el
orden».
En efecto, esta «asunción altamente subjetiva» –en palabras de Lowenberg– ha
estado presente ahora en los trabajos. Según el general Lowenberg, el USNorthCom
ya ha contratado por cierto tiempo el planeamiento deliberativo para la puesta
en práctica de la Sección 1076 de la Autorización de la Defensa Nacional 2007.
El CONPLAN 2502-05, del USNorthCom, fue aprobado formalmente por el
Secretario de Defensa, Robert M. Gates, el 15 de marzo de 2007.
Además, según el general, las provisiones de la NDAA 2007 «se podrían
utilizar para obligar a las fuerzas de la Guardia Nacional a involucrarse en
operaciones anti disturbios civiles bajo control federal».
En tal caso,
NorthCom efectuaría su movimiento hacia la ley marcial mediante "CONPLAN", que
posee un acabado "plan anti disturbios civiles", denominado Department of
Defense Civil Disturbance Plan 55-2, cuyo nombre en código es Garden Plot
(Diagrama del Jardín).
El Mayor Tom Herthel, juez y abogado de la General School (Escuela General)
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, presentó recientemente las "Reglas de
Contratación y las Reglas para el Uso de la Fuerza" durante la puesta en
práctica del “Diagrama del Jardín”, que según Herthel, contienen "el plan para
proporcionar lo básico para toda la preparación, despliegue, empleo y cambio de
frente de todas las fuerzas señaladas, incluyendo las fuerzas de la Guardia
Nacional y llamados al servicio federal activo, para su uso en disturbios
civiles domésticos, en una operación dirigida por el Presidente”.
Entre otras cosas, las «reglas» permiten el uso de la fuerza mortal durante
«operaciones civiles domésticas anti disturbio».
Ése es el por qué de muchos
que están impulsando al Congreso a abrogar la Sección 1076 de la NDAA 2007 con
la promulgación inmediata de la cuenta 513 del Senado.
Introducido en febrero de 2007 y patrocinado por el senador Patrick Leahy,
demócrata de Vermont, el proyecto intenta abrogar, o como el Congreso lo decida,
para «restablecer la autoridad anterior en el uso de las Fuerzas Armadas y de la
milicia sin tratar interferencia con el estado o la ley federal, y para otros
propósitos», con la "abrogación de las enmiendas hechas por la Public Law
109-364-Section 1076 of the John Warner National Defense Authorization Act,
aprobadas para el ejercicio económico 2007."
Es crucial que la Cuenta 513 del Senado se convierta en ley y que nuestra
lucha popular tenga éxito en abolir la tentativa del Presidente de legalizar
todavía más su poderío inmoral y criminal del control del estado por la vía de
movimientos lamentablemente poco aconsejables y dictatoriales orientados a la
ley marcial y a la normativa militar.
Fuentes
Uruknet, October 26, 2006
Título: "Bush Moves Toward Martial Law"
Autor: Frank Morales
Estudiantes investigadores: Phillip Parfitt and
Julie Bickel
Evaluador de la Facultad: Andy Merrifield, Ph.D.
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