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Revolución
#100, 9 de septiembre de 2007
Condenan a José Padilla
La creciente maquinaria represiva de Estados Unidos: "Crímenes de
pensamiento", detención preventiva y tortura
El 16 de agosto, un tribunal federal de Miami condenó a José Padilla de
"conspiración para asesinar, secuestrar y mutilar a personas en un país
extranjero" y otros dos cargos. José Padilla y otros dos coacusados podrían ser
sentenciados a cadena perpetua.
El tratamiento de José Padilla como "combatiente enemigo", y su recién
terminado juicio, fue un proceso de "primero el veredicto, luego la sentencia y
después el juicio". Esto concentra y es una punta de lanza para eliminar
principios jurídicos establecidos desde hace muchos años, principios que se
deben aplicar a ciudadanos y no ciudadanos por igual. En futuros número
tendremos más denuncias de este increíble proceso judicial; en este artículo nos
enfocaremos en Padilla.
Hace cinco años, en mayo del 2002, detuvieron a Padilla en el aeropuerto
O'Hare de Chicago supuestamente por ser "testigo esencial" y lo mantuvieron en
secreto. Un mes después, John Ashcroft, el secretario de Justicia, acusó
públicamente a Padilla —un ciudadano estadounidense— de ser "agente de Al Qaeda"
que "exploraba un plan para construir y estallar un mecanismo de dispersión
radiológico, o ‘bomba sucia’, en Estados Unidos". Bush lo declaró "combatiente
enemigo", le quitó todos los derechos y dijo: "Este tipo, Padilla, es malo". Los
medios grandes repitieron eso con titulares escandalosos.
A Padilla lo metieron tres años y medio en un centro de detención
militar de Charleston, Carolina del Sur, sin cargos, y sin que se le permitiera
consultar a un abogado, ni hablar con la familia o nadie más, salvo sus
interrogadores.
En noviembre del 2005, ante la posibilidad de que la Suprema Corte viera la
petición de Padilla que retaba su detención, el gobierno de Bush anunció que lo
enjuiciaría por delitos penales y lo acusó de conspiración, lo cual no tenía
nada que ver con las acusaciones originales, que fueron el pretexto para su
aislamiento en una base militar. No lo acusaron de querer construir una "bomba
sucia" ni de ser miembro de Al Qaeda.
Tras el veredicto de culpable, el gobierno de Bush dijo que "José Padilla
tuvo un juicio imparcial y el veredicto fue justo". El New York Times
criticó a Bush por detenerlo sin cargos, pero luego agregó que la administración
"se vio obligada, a fin de cuentas, a concederle los derechos que garantiza la
Constitución".
Miremos a lo que los representantes de la clase dominante llaman un "juicio
imparcial" y los "derechos que garantiza la Constitución". Durante 48 meses, el
gobierno de Bush maltrató y torturó a Padilla, y lo dejó loco. Una psiquiatra
forense dijo que "lo que le hicieron en la base militar le provocó daño
cerebral". ( Democracy Now!, 16 de agosto del 2007) Luego, así con
daños cerebrales, lo juzgó. Ahora, el gobierno de Estados Unidos —a través del
sistema de "justicia" oficial— lo quiere meter preso por el resto de la
vida.
La tortura de Padilla es criminal. Y las implicaciones son enormes y muy
peligrosas para la población. Un vistazo a este caso da una idea de lo mucho que
han avanzado los que dominan este país hacia imponer poderes represivos contra
quienquiera que consideren una amenaza y de la velocidad con que están
reforzando su maquinaria de supresión
Usan leyes de conspiración para atacar "crímenes de
pensamiento"
Pregunta: ¿Qué demócrata de peso ha condenado la revocación del
hábeas corpus, el uso de la tortura y la institución de "crímenes de
pensamiento"?
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José Padilla, que ahora tiene 36 años, nació en Brooklyn y después fue a
vivir en Chicago. En la cárcel se convirtió al islam. El gobierno dice que
Padilla y dos coacusados (Adham Hassoun y Kifah Jayyousi), a quienes conoció en
una mezquita de Florida, conspiraron para cometer homicidio en Bosnia, Kosovo y
Chechenia.
El abogado de Padilla, Andrew Patel, dijo después del veredicto: "Creo que
para entender lo que pasó en este juicio hay que ponerlo en el contexto de las
leyes de conspiración federales, con las que el gobierno no tiene que probar que
algo sucedió, sino solo que unas personas se pusieron de acuerdo de que algo
debería suceder en el futuro. En este caso el cargo fue aun más remoto. Lo
acusaron de hacer un acuerdo de ponerse de acuerdo de hacer algo en el futuro.
Así que ante cargos así, el gobierno no tiene la obligación de presentar la
clase de pruebas que se necesita presentar en un caso penal". ( Democracy
Now!, 17 de agosto del 2007)
El gobierno ha dicho que en este caso, durante 10 años, efectuó 300,000
intervenciones de llamadas telefónicas, y todas con orden judicial. La
"Ley Proteger a América", que el Congreso aprobó y que Bush firmó, le da al
gobierno más cancha con respecto a intervenir llamadas sin permiso judicial.
Pero el caso de Padilla muestra que el gobierno ha llevado a cabo una vasta
cantidad de intervenciones telefónicas con permiso judicial en Estados
Unidos (Ver "Un gran paso hacia un ESTADO POLICIAL en Estados Unidos", en el
portal revcom.us).
De las 300,000 intercepciones telefónicas, el gobierno dice que 14,000 son
"pertinentes" al caso. Durante el juicio, la fiscalía presentó 130
conversaciones (o partes de conversaciones) como pruebas. De estas, se escucha
la voz de Padilla en siete, y en ninguna de ellas dice algo pertinente a las
acusaciones entabladas por el gobierno. La fiscalía dice que estaban hablando en
clave. Unos jurados que entrevistó el Miami Herald después del juicio
dijeron que lo que influenció su decisión de condenar a Padilla de conspiración
fue una llamada telefónica de 1997 en la que se le escucha a Padilla hablar con
el coacusado Hassoun sobre "ir allá". Hassoun pregunta, "Estás listo, ¿no?", y
Padilla contesta, "Si dios lo quiere, hermano. Va a suceder pronto".
Pero en realidad nada "sucedió pronto". Más de un año después de esa llamada
telefónica, Padilla fue a vivir en Egipto, donde dice que continuó sus estudios
islámicos. Ahí estaba cuando se divorció de su esposa estadounidense, se casó
con una egipcia y tuvo dos hijos. De ahí viajó a Arabia Saudita, Yemen y
Paquistán. El coacusado Jayyousi, un ciudadano estadounidense nacido en
Jordania, dijo que jamás le conoció a Padilla, y en ninguna de las llamadas
telefónicas interceptadas por el gobierno habla con Padilla. Así y todo los
jurados dijeron que la conversación de 1997 los convenció de que Padilla era
parte de una conspiración.
Otra "prueba" contra Padilla fue lo que el gobierno dijo que era una
solicitud para afiliarse a Al Qaeda que Padilla llenó en el 2000 y que
supuestamente encontró en una casa segura de Al Qaeda en Afganistán. El gobierno
dice que Padilla fue a un campamento de Al Qaeda en Afganistán cuando andaba de
viaje. Pero el Miami Herald dice que "la fiscalía no presentó pruebas
concretas de que Padilla asistió a tal campamento militar en Afganistán".
El documento tiene una fecha de nacimiento que corresponde a la de Padilla, y
dice que el solicitante habla español (y Padilla sí habla español).
Supuestamente las huellas digitales de Padilla están en el formulario. Pero el
nombre de Padilla no está. El abogado Andrew Patel señaló que el documento está
escrito con dos o tres tintas diferentes, y que la letra escrita a mano es
diferente en un lado de la hoja que en el otro y que las fechas están escritas
al estilo estadounidense en un lado y al estilo europeo en el otro.
Pero aun si las afirmaciones del gobierno de que Padilla llenó esa
"solicitud" fueran ciertas, no es prueba con que acusarlo de conspiración.
Robert Chesney, un profesor de derecho de la Universidad Wake Forest, le dijo al
New York Times : "Hay una brecha enorme entre el deseo de ir a un
campamento y el deseo cristalizado a matar, mutilar y secuestrar".
Varios expertos en derecho han comentado sobre las espeluznantes
implicaciones de la condena de Padilla bajo las leyes federales de conspiración.
Scott Horton, profesor de derecho de la Universidad Columbia, escribió en un
blog de la revista Harper's : "Según la conceptualización y la
aplicación del gobierno de esa ley, el hecho de que Padilla pensó cosas
malas sobre Estados Unidos y su gobierno es más que suficiente para
sentenciarlo a cadena perpetua". Peter Marguiles, un profesor de derecho de la
Universidad Roger Williams, le dijo al New York Times que el cargo de
conspiración contra Padilla "es sumamente amorfo y permite básicamente que se le
declare culpable a uno de algo que está a un paso de ser crimen de
pensamiento".
Detención preventiva
Cuando le arrestaron a Padilla en el 2002 en el aeropuerto O'Hare, lo
detuvieron con una orden de que era testigo esencial. Las órdenes para detener a
un testigo esencial son para obligar a esa persona a dar testimonio en un juicio
o ante un gran jurado. Así que desde el principio fue un fraude: el gobierno no
tenía la menor intención de mandarlo testificar. Desde el 11 de septiembre del
2001, el gobierno de Bush ha usado órdenes de detención de testigos materiales
para detener sin cargos muchas veces.
Del aeropuerto O'Hare lo trasladaron a Nueva York, donde le dieron un abogado
defensor. Pero en junio del 2002, dos días antes de que tenía que comparecer
ante un juez federal para que se viera una petición para anular la orden de
detención de un testigo esencial, Bush firmó una orden presidencial y lo
trasladó de la jurisdicción de los mariscales federales a la militar.
Cuando el abogado de Padilla solicitó una orden de hábeas corpus, un
funcionario de la administración Bush, Michael Mobbs —asesor especial del
subsecretario de Defensa para cuestiones de política—, presentó una declaración
del gobierno con la versión de que Padilla, siguiendo las órdenes del Al Qaeda,
iba a detonar una "bomba sucia" radiactiva y que eso justificaba la designación
de "combatiente enemigo" y que no podía seguir en contacto con su abogado. El
gobierno dijo que obtuvo la información sobre el complot de Padilla y la "bomba
sucia" de unos presos detenidos por Estados Unidos en otros países, detenidos
que hoy se sabe que torturaron. El gobierno no quiso dar información sobre las
fuentes porque es un "secreto oficial". Todos tenían que aceptar la palabra de
Bush de que era "un tipo malo". El gobierno admitió públicamente que llevaba a
cabo la detención preventiva: no le detenía a Padilla por algo que pudo haber
hecho, sino para impedir que hiciera algo que supuestamente haría en el
futuro.
Un tribunal de distrito federal de Nueva York falló que el presidente tiene
el poder constitucional de detener a ciudadanos estadounidenses como
"combatientes enemigos" y que lo único que se decidirá en los tribunales es si
hay "alguna prueba" para justificar dicha condición. El tribunal de apelaciones
del segundo circuito anuló esa decisión y mandó trasladar a Padilla de la
detención militar a los tribunales civiles. Pero suspendieron esa orden cuando
la administración Bush apeló ante la Suprema Corte.
En junio del 2004, la Suprema Corte falló que Padilla debió haber entablado
su apelación en el tribunal federal de Charleston, Carolina del Sur, porque ahí
le tenían en una prisión militar. La decisión de la Suprema Corte trasladó el
caso al cuarto circuito, el más conservador de los tribunales federales. En
septiembre del 2005, un juez del cuarto circuito falló que el gobierno puede
seguir deteniendo a Padilla indefinidamente en una prisión militar. El abogado
de Padilla apeló la decisión del cuarto circuito, y cuando pareció que esa
apelación se vería ante la Suprema Corte —para determinar la legalidad de
quitarle todos los derechos a un ciudadano estadounidense— la administración le
acusó a Padilla de delitos penales.
Pero al llevar el caso a un juicio, Bush de ninguna manera renunciaba su
declaración de que el presidente tiene la autorización de calificar a cualquier
persona de "combatiente enemigo" y detenerlo indefinidamente, simplemente porque
así lo quiere. De hecho, al despistar una apelación del fallo del cuarto
circuito, Bush afirmaba el poder presidencial de meter presos a otras
personas sin juicio y negarles todos los derechos. Además, la administración
Bush se adjudicó el derecho de volver a calificar a Padilla de "combatiente
enemigo"; o sea, quitarle todos los derechos y ponerlo de nuevo en custodia
militar, si las cosas no iban como quería.
Justifican la tortura
Por medio del caso de Padilla, el gobierno de Bush justificó la tortura en
nombre de "reunir información".
La tortura de Padilla pudo haber comprendido muchas cosas; Padilla está muy
aterrado como para hablar sobre lo que le hicieron. Pero lo que se sabe de las
cosas que hacían en las prisiones militares dan a entender que lo principal era
aislamiento y privación sensorial. (Ver artículo "La imperdonable tortura de
José Padilla") En una declaración entablada a un tribunal en el 2003, el
director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el vicealmirante Lowell
Jacoby, explica el razonamiento de la administración para impedir que Padilla se
comunicara con su abogado y otras personas. Con el lenguaje escalofriante de un
torturador profesional, Jacoby comenta sobre lo que los interrogadores necesitan
para llevar a cabo "interrogaciones agresivas":
"Cualquier cosa que amenaza la dependencia y la confianza percibidas entre el
sujeto y el interrogador directamente amenaza el valor de la interrogación como
herramienta para obtener inteligencia. Incluso las interrupciones aparentemente
de menor importancia pueden tener impactos psicológicos profundos en la relación
delicada del sujeto y el interrogador. Cualquier inserción de un abogado en la
relación entre el sujeto y el interrogador, por ejemplo —aunque sea por un breve
instante o por un propósito específico— puede deshacer meses de trabajo y puede
cerrar permanentemente el proceso de interrogación. Por lo tanto, es crítico
reducir al mínimo influencias externas en el proceso de la interrogación…
Solamente después de que Padilla ha percibido que la ayuda no viene puede el
gobierno esperar razonablemente obtener toda la información posible de la
inteligencia…".
Stuart Grassian, experto en los efectos del confinamiento solitario que
examinó a Padilla para sus abogados, penetró en el uso hipócrita por Jacoby de
la palabra "confianza": "Lo que el gobierno está procurando hacer debe es crear
una atmósfera de dependencia y terror". ( Christian Science Monitor, 14
de agosto del 2007)
La tortura y el tratamiento cruel contra Padilla que ya han admitido —por no
decir nada de lo que se sabrá después— son actos que desde hace mucho se han
considerado crímenes de guerra bajo leyes y tratados de Estados Unidos e
internacionales. Son exactamente la clase de técnicas de "tortura" que la Casa
Blanca y el Congreso autorizaron y legalizaron el año pasado con la ley de
Comisiones Militares. (Vea "Puntos de la Ley de Comisiones Militares (Ley de
tortura)", en línea en revcom.us)
En audiencias antes del juicio, los psiquiatras de la defensa dieron poderoso
testimonio de que Padilla había sido perjudicado seriamente por los 43 meses de
confinamiento solitario. Pero el gobierno declaró que él cumplía los requisitos
legales para comparecer en un juicio y el juez decidió que se podía pasar a un
juicio.
*****
¿Qué clase de gobierno tortura a los presos y los enloquece deliberadamente?
¿Qué clase de sociedad deja que las autoridades cometan semejantes con
impunidad? ¿Y qué responsabilidad tiene la gente de conciencia a decir NO a
estos horrores y exigir que los paren ya?
En una presentación formal ante la Suprema Corte, Paul Clement, el abogado
que representó al gobierno de Bush, defendió la detención militar de Padilla:
"Uno tiene que reconocer que en situaciones de guerra —cuando el gobierno está
en pie de guerra— se tiene que confiar en el ejecutivo".
¿¡"Confiar en el ejecutivo"?! Este es un presidente que mintió sobre las
armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak, mintió sobre el
programa extenso de intervenciones telefónicas ilegales, mintió sobre la
tortura, etc., etc. ¿Por qué debe uno "confiar" en lo qué este gobierno diga
sobre Padilla o cualquier otra cosa? "Confiar" en este gobierno significa
complicidad con todos sus crímenes y horrores.
Las acciones del gobierno de Bush al desaparecer a José Padilla y meterlo en
una prisión militar por años representaron rupturas importantes y violaciones
evidentes de principios legales establecidos desde hace mucho tiempo en Estados
Unidos: el derecho de hablar con un abogado cuando uno está detenido, de no
estar sujeto a interrogatorios coercitivos, de no ir a parar a la cárcel sin que
se haga un juicio donde el acusado puede ver las pruebas y oír e interrogar a
los testigos, y cosas por el estilo. Desde el principio, estos principios fueron
limitados y truncados en virtud de ser parte de un sistema explotador de clases,
y la historia de este país está llena de incidentes en que han pisoteado tales
derechos. Por ejemplo, la descarada violencia y la discriminación y violencia
reaccionaria contra los negros y otra nacionalidades oprimidas. (Veamos solo un
ejemplo: el caso de las torturas que llevó a cabo la policía de Chicago bajo la
supervisión del teniente Jon Burge, que se ha vuelto noticia otra vez). Pero el
establecimiento del encarcelamiento por decreto presidencial como lo "normal" ha
sido un salto importante en una dirección fascista.
En este juicio, el gobierno se esforzó por condenar a Padilla y a los otros
dos acusados para justificar, de manera retroactiva, esas crasas violaciones.
Ahora, con el veredicto, varios expertos de derecho están sonando el alarmar
sobre los "crímenes de pensamiento" —la criminalización de "pensamientos malos"
contra las autoridades y el estado. Y hay que ver el caso de Padilla en el
contexto de la velocidad con que están imponiendo medidas represivas: la
generalización de las intervenciones de llamadas telefónicas sin orden judicial,
la legalización de la tortura, la ofensiva fascista oficial y extraoficial
contra los migrantes, la vigilancia y la detención de manifestantes (ver, por
ejemplo, los informes recientes sobre el espionaje policial ilegal y los
arrestos durante la convención nacional del Partido Republicano del 2004), el
despido de los profesores por tener puntos de vista disidentes y críticos sobre
la política de Estados Unidos, etc.
Considérese los cambios peligrosos en las normas y los estándares jurídicos
que ya se han dado. Mire a todo lo que los gobernantes de este país le han hecho
a José Padilla, a los que están detenidos en el campo de tortura de Guantánamo y
en otras prisiones secretas de la CIA en otras partes del mundo. Piense en quién
más van a atacar, a menos que los pare una resistencia política masiva, como
parte de construir un movimiento revolucionario contra este sistema
monstruoso.
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“La
política de ‘lo posible’ es la política de la monstruosidad. Adherirse a la
política de ‘lo posible’, o consentir en ella, es apoyar y hasta facilitar la
monstruosidad”.
Bob Avakian, presidente del
Partido Comunista Revolucionario, EU | | | |
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